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Los entes como herramienta histórica de los partidos
Las empresas públicas fueron funcionales a los gobiernos y partidos
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29 de febrero de 2016 a las 05:00
Desde que el Frente Amplio está en el poder han convivido al menos dos formas de manejar a las empresas públicas: una visión más desarrollista, que las coloque al servicio de los objetivos productivos y de inversión pública, y la otra alineada al desempeño macroeconómico del país. Como sea, las dos pueden ser funcionales para alcanzar objetivos políticos e incluso catapultar a figuras del oficialismo, cosa que no solo es capital de la coalición de izquierda.
Durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) se pudo ver aplicada con más énfasis la visión inicial al momento de soltarle la mano a las empresas para que pongan dólares y más dólares como nunca antes en obras y publicidad. Desde marzo de 2015, con la vuelta de Tabaré Vázquez a la Presidencia y de Danilo Astori al Ministerio de Economía, la segunda fórmula ha tenido más peso. Para muestra de ello están los recortes en inversiones y los aumentos de tarifas por encima de la inflación e incluso de lo proyectado por las empresas públicas, todo con la intención de alinear las cuentas públicas.
En ese sentido, Astori ha sido bastante claro al explicar su intención para con los entes. "Las empresas públicas son herramientas fundamentales de la política económica y de la política en general del país", dijo el ministro en una entrevista que mantuvo con el servicio oficial de prensa del gobierno (Secretaría de Comunicación Institucional) a principios de julio del año pasado. "Por todas estas razones van a seguir jugando un papel fundamental en el crecimiento y el desarrollo del país y eso es lo que estamos previendo también para los próximos cinco años", insistió el jerarca. Luego abundó sobre sus planes: "Ahora estamos tratando de llegar al nivel de eficiencia más alto del que seamos capaces, porque ahora estamos trabajando mucho sobre la coordinación y programación a lo largo del tiempo, manejando el avance de los mismos de modo de hacerlas con esas inversiones".
Con la crisis en ANCAP y el papel de Raúl Sendic se reavivó la polémica sobre si las empresas públicas son, como dice Astori, herramientas funcionales a la política de los gobiernos. En todo caso es relevante analizar si se pasa la delgada línea del gobierno y su partido.
Es notorio, en primer lugar, que el ente petrolero le sirvió de catapulta electoral al hijo del fundador del Movimiento de Liberación – Tupamaros. Pero en la historia uruguaya hay más ejemplos en ese sentido. Sin hurgar demasiado en el siglo XX basta recordar que Óscar Gestido fue presidente de AFE y luego ocupó la Primera Magistratura desde marzo de 1967 hasta diciembre del mismo año, cuando falleció y su lugar fue ocupado por Jorge Pacheco Areco. Hay más ejemplos en todos los gobiernos de políticos que, si bien no alcanzaron puestos como Gestido o Sendic, el pasaje por los entes les sirvió de vidriera electoral.
Para el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) durante el primer gobierno de Vázquez (2005-2010), Conrado Ramos, "claramente" se ha verificado "en las sucesivas administraciones" que los partidos utilizan a las empresas del Estado como trampolín de figuras del partido oficialista. "Las empresas públicas son una herramienta de política, en el sentido de ser funcionales a un proyecto de desarrollo pero lamentablemente han venido siendo desde hace tiempo más que nada una herramienta político partidaria", dijo Ramos a El Observador, que es senador suplente del Partido Independiente.
A juicio del senador blanco Jorge Larrañaga, los entes no pueden ser "bajo ningún concepto" instrumentos al servicio de la causa política de turno. "He señalado que el manejo de las empresas públicas que ha hecho el gobierno marca una enorme derrota ideológica del Frente Amplio. Han sido para las empresas públicas peores que los neoliberales", aseguró el legislador en una entrevista publicada el jueves en el semanario Voces.
Otro aspecto relevante en el manejo de las empresas públicas a lo largo de la historia reciente es el monopolio del que gozan varias de ellas. La población se ha expresado en las urnas en el sentido de defender ese patrimonio, algo que aparece en los postulados de izquierda, y que mucho rédito le ha generado en las urnas. De hecho, se podría decir que "paga" defender las empresas públicas tal y cual las conocemos hoy, aunque si se indaga en lo dicho por figuras del FA hace 15 años, no parecen haber aplicado al pie de la letra sus aspiraciones en los hechos.
Para Ramos esa característica en el electorado uruguayo se explica en parte por una matriz cultural "asentada de las políticas de nacionalización". Eso se vio expresado en el rechazo popular al embate neoliberal de los 90. "Creo que la discusión sobre monopolios está asociada (acertadamente o no) en nuestro país a un rechazo de la sociedad a un modelo neoliberal fracasado, que explica en parte el éxito electoral del FA", dijo el exdirector de OPP.
Finalmente, sobre cómo deberían los gobiernos gestionar las empresas públicas, Larrañaga aseguró que se necesita una complementariedad política y técnica. Directores con idoneidad pero perfil político y, en cambio, las gerencias con más énfasis en los técnico y profesional.
Para Ramos, en tanto, debería existir para el caso una "clarificación de los roles" que cada actor debe cumplir y que "hoy no están claros". "El accionista (dueño) es el Estado a través del Poder Ejecutivo: MEF, OPP y Ministerio correspondiente (en el caso de ANCAP es el MIEM). El accionista define la política del sector y de la empresa en particular (plan de inversiones, objetivos estratégicos) dentro de los que se incluye el aporte a los objetivos macroeconómicos)".
Sea como fuere, también es cierto que los políticos tienen en su discurso todo claro, pero lo complicado es llevar a la práctica esas intenciones. El presidente Vázquez ha dicho, al ser consultado por los líos en ANCAP, que sacaría sin problemas al directorio para poner a los mejores. Aunque le costó algunas semanas mientras se desarrollaba la crisis del ente petrolero, el mandatario cumplió. Con el resto, se verá.
Durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) se pudo ver aplicada con más énfasis la visión inicial al momento de soltarle la mano a las empresas para que pongan dólares y más dólares como nunca antes en obras y publicidad. Desde marzo de 2015, con la vuelta de Tabaré Vázquez a la Presidencia y de Danilo Astori al Ministerio de Economía, la segunda fórmula ha tenido más peso. Para muestra de ello están los recortes en inversiones y los aumentos de tarifas por encima de la inflación e incluso de lo proyectado por las empresas públicas, todo con la intención de alinear las cuentas públicas.
En ese sentido, Astori ha sido bastante claro al explicar su intención para con los entes. "Las empresas públicas son herramientas fundamentales de la política económica y de la política en general del país", dijo el ministro en una entrevista que mantuvo con el servicio oficial de prensa del gobierno (Secretaría de Comunicación Institucional) a principios de julio del año pasado. "Por todas estas razones van a seguir jugando un papel fundamental en el crecimiento y el desarrollo del país y eso es lo que estamos previendo también para los próximos cinco años", insistió el jerarca. Luego abundó sobre sus planes: "Ahora estamos tratando de llegar al nivel de eficiencia más alto del que seamos capaces, porque ahora estamos trabajando mucho sobre la coordinación y programación a lo largo del tiempo, manejando el avance de los mismos de modo de hacerlas con esas inversiones".
Con la crisis en ANCAP y el papel de Raúl Sendic se reavivó la polémica sobre si las empresas públicas son, como dice Astori, herramientas funcionales a la política de los gobiernos. En todo caso es relevante analizar si se pasa la delgada línea del gobierno y su partido.
Es notorio, en primer lugar, que el ente petrolero le sirvió de catapulta electoral al hijo del fundador del Movimiento de Liberación – Tupamaros. Pero en la historia uruguaya hay más ejemplos en ese sentido. Sin hurgar demasiado en el siglo XX basta recordar que Óscar Gestido fue presidente de AFE y luego ocupó la Primera Magistratura desde marzo de 1967 hasta diciembre del mismo año, cuando falleció y su lugar fue ocupado por Jorge Pacheco Areco. Hay más ejemplos en todos los gobiernos de políticos que, si bien no alcanzaron puestos como Gestido o Sendic, el pasaje por los entes les sirvió de vidriera electoral.
Para el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) durante el primer gobierno de Vázquez (2005-2010), Conrado Ramos, "claramente" se ha verificado "en las sucesivas administraciones" que los partidos utilizan a las empresas del Estado como trampolín de figuras del partido oficialista. "Las empresas públicas son una herramienta de política, en el sentido de ser funcionales a un proyecto de desarrollo pero lamentablemente han venido siendo desde hace tiempo más que nada una herramienta político partidaria", dijo Ramos a El Observador, que es senador suplente del Partido Independiente.
A juicio del senador blanco Jorge Larrañaga, los entes no pueden ser "bajo ningún concepto" instrumentos al servicio de la causa política de turno. "He señalado que el manejo de las empresas públicas que ha hecho el gobierno marca una enorme derrota ideológica del Frente Amplio. Han sido para las empresas públicas peores que los neoliberales", aseguró el legislador en una entrevista publicada el jueves en el semanario Voces.
Otro aspecto relevante en el manejo de las empresas públicas a lo largo de la historia reciente es el monopolio del que gozan varias de ellas. La población se ha expresado en las urnas en el sentido de defender ese patrimonio, algo que aparece en los postulados de izquierda, y que mucho rédito le ha generado en las urnas. De hecho, se podría decir que "paga" defender las empresas públicas tal y cual las conocemos hoy, aunque si se indaga en lo dicho por figuras del FA hace 15 años, no parecen haber aplicado al pie de la letra sus aspiraciones en los hechos.
Para Ramos esa característica en el electorado uruguayo se explica en parte por una matriz cultural "asentada de las políticas de nacionalización". Eso se vio expresado en el rechazo popular al embate neoliberal de los 90. "Creo que la discusión sobre monopolios está asociada (acertadamente o no) en nuestro país a un rechazo de la sociedad a un modelo neoliberal fracasado, que explica en parte el éxito electoral del FA", dijo el exdirector de OPP.
Finalmente, sobre cómo deberían los gobiernos gestionar las empresas públicas, Larrañaga aseguró que se necesita una complementariedad política y técnica. Directores con idoneidad pero perfil político y, en cambio, las gerencias con más énfasis en los técnico y profesional.
Para Ramos, en tanto, debería existir para el caso una "clarificación de los roles" que cada actor debe cumplir y que "hoy no están claros". "El accionista (dueño) es el Estado a través del Poder Ejecutivo: MEF, OPP y Ministerio correspondiente (en el caso de ANCAP es el MIEM). El accionista define la política del sector y de la empresa en particular (plan de inversiones, objetivos estratégicos) dentro de los que se incluye el aporte a los objetivos macroeconómicos)".
Sea como fuere, también es cierto que los políticos tienen en su discurso todo claro, pero lo complicado es llevar a la práctica esas intenciones. El presidente Vázquez ha dicho, al ser consultado por los líos en ANCAP, que sacaría sin problemas al directorio para poner a los mejores. Aunque le costó algunas semanas mientras se desarrollaba la crisis del ente petrolero, el mandatario cumplió. Con el resto, se verá.
