Los manchados de la izquierda

Tabaré, ¿por qué me hiciste comer este garrón?", dijo, abatido y mirando fijamente la cámara de un canal de televisión, el exdirector de Actividades productivas de la Intendencia de Montevideo, Carlos Coitiño.

Promediaba el gobierno municipal de Tabaré Vázquez (1990-1995) y el "garrón" arrasó también con los directores de la IMM Washington Puchetta, Benjamín Liberoff y Daniel Mesa, quienes fueron relevados de su cargo de forma fulminante.

Los jerarcas no habían cometido delitos y las irregularidades de las que se los acusaba no pasaban de algún que otro manejo desprolijo. Tanto que al menos dos de los defenestrados continuaron sin problema sus carreras políticas (Coitiño es diputado del PVP y Liberoff viceministro de Turismo del propio Vázquez).

Pero, con el correr de los años, aquellos modos expeditivos de la izquierda ante cualquier duda de hechos de corrupción se fueron diluyendo. El reciente procesamiento del exdirector del Banco República, Fernando Calloia, trae al recuerdo otros casos de procedimientos sospechosos en los que el Frente Amplio no volvió a aplicar aquellos métodos correctivos del Vázquez de la primera hora.

Algunos de esos asuntos terminaron en decisiones de la Justicia en contra de los involucrados, y, a veces, las resoluciones fueron favorables pero salpicaron la trayectoria de dirigentes que se vieron obligados a abandonar la actividad política.

Uno de los primeros casos de cuestionamientos a la ética de un funcionario frenteamplista ocurrió durante la gestión del intendente de Montevideo, Mariano Arana, cuando en un informe del semanario Brecha se señaló a Mario Arean por tráfico de influencias en su condición de secretario privado del jefe comunal de la Vertiente Artiguista.

En abril de 2003, la fiscal Mónica Ferrero investigó, entre otras cosas, la concesión de la cafetería del atrio del Palacio Municipal a la confitería La Llave y una licitación del Parque Rodó adjudicada a W Lounge. El caso fue archivado por falta de méritos. Sin embargo, el Tribunal de Conducta del Frente Amplio consideró que Arean era "un operador político con amplias posibilidades de intercambio de favores" con "empresarios poderosos".

Arean renunció a su cargo porque, según dijo, estaba "harto de los ataques cobardes" contra él y contra Arana.

Arean había participado en negociaciones para instalar slots tragamonedas en el hotel Oceanía que estaban en la órbita de la Dirección de Casinos Municipales dirigida por Juan Carlos Bengoa.

En diciembre de 2007, Bengoa se convertiría en el primer procesado con prisión del Frente Amplio imputado por los delitos de fraude, concusión y conjunción del interés público con el privado luego de cometer diversas irregularidades en el arrendamientos de slots.

También fueron procesados los exasesores de Bengoa, Orestes González y José Luis Antúnez, el encargado del mantenimiento de slots, Felipe Ruiz, y el gerente de Casino Carrasco, Gustavo Dalmonte.

El hecho desembocó en la renuncia del exdiputado socialista Guillermo Chiflett al Tribunal de Conducta del Frente Amplio tras considerar que la coalición debió separar de su cargo a Bengoa.

Ese mismo año la Justicia absolvió de culpa al exsenador Leonardo Nicolini (MPP), quien fraguó un carné de pobre para poder ser operado en un hospital público. No obstante, la Justicia entendió que el exparlamentario no persiguió ningún fin de lucro puesto que pagó la intervención de su bolsillo. También

el Tribunal de Conducta del Frente Amplio resolvió archivar el caso.

No obstante, Nicolini ya había sido obligado a renunciar a su sector político y no volvió a ocupar cargos de relevancia en la actividad política.

En julio de 2014 la Justicia procesó sin prisión al representante de los trabajadores de la salud pública en ASSE, Alfredo Silva, por el delito de conjunción del interés público con el privado. El juez entendió que Silva participó de forma indebida en la contratación de distintas cooperativas y empresas por parte de varios hospitales públicos. Estas empresas, como la de limpieza denominada Buena Estrella, estaban conformadas, entre otros, por sindicalistas de salud pública.

Silva fue integrante del frenteamplista Partido Socialista de los Trabajadores (PST), pero cuando el Tribunal de Conducta del Frente Amplio quiso juzgarlo, se dio cuenta de que no estaba afiliado a la coalición.

En los casos antes mencionados, las denuncias siempre partieron desde la propia izquierda. No sucedió lo mismo con los episodios recientes que involucraron a Calloia y al exministro de Economía, Fernando Lorenzo, ambos pertenecientes al Frente Líber Seregni (FLS). Los jerarcas fueron procesados por el delito de abuso de funciones debido al aval otorgado a la empresa Cosmo para que participara del remate de aviones de Pluna. Lorenzo renunció a su cargo y no apeló el fallo. Calloia apeló y fue designado al frente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Un Tribunal de Apelaciones le dio la razón, pero la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia. El martes 22 renunció a su cargo.

Algunos de los principales dirigentes de la izquierda defendieron la actuación de los jerarcas, pero el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio no se expidió sobre estos episodios.

Antes de las elecciones de 2004, el ahora ministro de Economía, Danilo Astori (FLS), había dicho que la izquierda no llegaría al gobierno para comprobar delitos que ya se cometieron, sino para "prevenirlos en el futuro". Más de diez años después, los hechos están a la vista para quien quiera juzgarlos. l