“Los millones de El Entrevero se los ganaron con licitaciones”

Por primera vez, un integrante del gobierno kirchnerista argentino habla sobre la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, transacción investigada por la justicia especializada en crimen organizado de Uruguay por un presunto caso de lavado de dinero que involucra a empresarios vinculados a la familia presidencial. José Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, el organismo encargado de combatir el lavado de dinero en ese país, explicó a El Observador que “los millones se los ganaron con las licitaciones públicas”.

Hace dos años, Argentina catalogó a Uruguay como una “guarida fiscal”. ¿Cuál es la percepción hoy?
Haber asumido el esquema internacional, pone a Uruguay en igualdad de condiciones con otros países.

¿Cree que en algún momento Uruguay fue un paraíso fiscal?
Hay un sector en Uruguay y Argentina que ha vivido de la laxidad fiscal y de transferencias sin control. Somos herederos de una etapa de libertinaje financiero, que fueron los años 90, que no había control sobre el origen del dinero. Eso se reflejaba en los movimientos financieros de Argentina a Uruguay. La posibilidad de que no hubiera controles hizo que vinieran capitales de origen ilícito a esconderse.

¿Ese escenario cambió?
El sistema tiene posibilidades de detectar riesgo, lo que no pasaba hace tres años, porque hoy hay acuerdos internacionales que cumplir. Hay un avance en ambos países que permite detectar operaciones sospechosas de lavado.

Usted ha sido muy crítico con la Justicia argentina, ha dicho incluso que los jueces evitan investigar el narcotráfico y el lavado de dinero.
La efectividad en el combate al lavado de dinero se mide por la cantidad de procesos, detenidos y bienes decomisados. Hasta el 2010, en Argentina teníamos un solo proceso y un solo detenido. Lo que falla en la Justicia argentina es que se queda con un delito, como el narcotráfico o la corrupción. La cuestión es para qué me voy a abrir a otro delito si ya lo puedo meter preso por narcotráfico. Pero es importante detectar el lavado porque es agravante del delito anterior, permite no excarcelar a los procesados y decomisar los bienes. La voluntad para decomisar el dinero no ha estado en la Justicia.

¿Por qué la Justicia no avanza en el combate al lavado de dinero?
En algunos casos, por una comodidad con respecto a la investigación. En otros, es muy fuerte el poder de los grandes grupos del delito para evitar que la Justicia dé el paso para investigar lavado.

¿Habla de corrupción judicial?
Hay situaciones evidentes que terminan en la prescripción o en la no continuidad de la investigación para evitar el decomiso.

La Justicia de Uruguay envió un exhorto a Argentina solicitando información sobre Daniel Pérez Gadín, que compró en US$ 14 millones el campo El Entrevero, en José Ignacio. Pérez Gadín es contador de Lázaro Báez, el socio del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner. La respuesta al exhorto hace meses que está demorada. ¿Cree que en este caso puede haber falta de voluntad de la Justicia Argentina para meterse con un peso pesado?
La cooperación judicial pasa a través de las Cancillerías.

¿Considera que el poder político podría enlentecer la causa?
En estas situaciones aparecen rápidamente intentos de atacar la imagen presidencial, de Cristina como de Néstor. Como presidente de la UIF conozco todas las causas y ninguna ha podido probar con documentos que haya relaciones directas entre la familia presidencial y los imputados (Pérez Gadín y Báez). Es más, nos metimos como querellantes para denunciar a los dos denunciantes, Federico Elaskar y Leonardo Fariña, dos delincuentones de baja estofa, porque se desdijeron. Los periodistas que difundieron las acusaciones son pasibles de ser denunciados por reparaciones civiles. Este gobierno aprobó que los periodistas no fueran acusados penalmente por ninguna situación, pero en la parte civil sí son acusados porque mienten descaradamente.

Esta fue una investigación que hizo El Observador y tenemos los documentos que muestran que Pérez Gadín, exgerente del Hotel Alto Calafate, entonces propiedad de la familia Kirchner, compró El Entrevero en US$ 14 millones.
Cualquier empresa constructora de Argentina de cualquier provincia que ha hecho obra pública maneja 10 veces más que eso (Báez es propietario de una empresa contructura que hace obra pública). Es todo un entramado de relaciones empresariales en el que aparecen fondos que aparentemente no tenían explicación. La mayoría de los ingresos que aparecen como oscuros han sido producto de ingresos por licitaciones públicas que ganaron. Cuando nos dicen “de dónde salieron los millones”. Los millones se los ganaron con las licitaciones. Tienen que cuestionar si eran cierto las obras públicas y los sobreprecios potenciales. Si hay alguno que se atreva, tienen que ir a buscar los números y demostrar que esos números son falsos. En todos estos casos se nombraban fondos: dicen 60 millones que van y que vienen. Esos 60 millones los tienen justificados y no se puede probar que no hayan venido de dineros públicos, de obras públicas.
Hay una situación en la que la mentira queda, porque hay capacidad de hacer daño por parte de dos diarios muy importantes, Clarín y La Nación, que los tenemos denunciados. Ellos sabían, desde que se aprobó la ley de lavado, que son cómplices de delitos de lesa humanidad y su estructura empresaria puede ser decomisada si se demuestra la apropiación bajo tormento de los dueños de los diarios. Están destinados casi a desaparecer si se comprueba eso, porque la ley de lavado les saca las propiedades.

¿Usted asegura que los US$ 14 millones salieron de las obras públicas realizadas por Báez?
Lo que digo es que tienen que demostrar que los fondos provinieron de actividades ilícitas.

Báez se hizo millonario gracias a su amigo gobernador (Kirchner). ¿No le parece poco transparente eso?
En el mundo es así. No está demostrado que hubo sobre precios ni que no se hicieron las obras ni que los concursos fueron mal ganados.

¿Están dadas las condiciones judiciales en Argentina para demostrar eso?
Sí, están dadas.

¿Los narcotraficantes pueden con los jueces y el gobierno no?
Si el gobierno tiene la mitad de los jueces pensando libremente: han procesado a (Ricardo) Jaime (ver el encabezado de página), yo estoy bajo proceso, todos estamos denunciados, porque es un festival.

¿No le parece que sería transparente que Pérez Gadín explicara de dónde sacó los US$ 14 millones para comprar El Entrevero?
Eso es parte de la investigación judicial. Yo hice denuncias de apropiación de bienes, quiero que indaguen a Hernán Arbizu, de JP Morgan, por lavado de dinero, y no lo indagan hace cinco años. Hay un empate técnico sobre qué se investiga y qué no.