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Los tentáculos se expanden
Investigación ya provocó la detención de exjerarcas en varios países de América, y promete seguir
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11 de febrero de 2017 a las 17:02
Obras de gran envergadura paralizadas, indignación popular y detenciones en serie: el escándalo de los sobornos pagados por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht para obtener contratos en varios países no para de extender sus ramificaciones por América Latina.
Una investigación tentacular sobre el sistema de corrupción de Petrobras en Brasil echó luz sobre las prácticas corruptas de la mayor constructora de la región. El caso del gigante que emplea a unas 128 mil personas y acumula ingresos anuales por casi US$ 40.000 millones sigue dando tela que cortar.
Originada a partir del año 2014, la operación Lava Jato reveló que las empresas brasileñas de la construcción, en cuya primera fila está Odebrecht, habían montado una suerte de cartel para alterar los apetecibles mercados de subcontratación del grupo petrolero Petrobras mediante el pago de millonarios sobornos a dirigentes de todo el espectro político.
La gigantesca Caja de Pandora comenzó a abrirse para Odebrecht y desde entonces no dejaron de surgir indicios sobre la interminable red que se extendió a lo largo y ancho del continente.
La justicia de una decena de países, desde México a Argentina, pasando por Perú, Venezuela, Colombia, República Dominicana y Panamá, solicitó información a los fiscales brasileños para investigar en sus respectivos países sobre los jugosos contratos del grupo.
Durante más de una década, la empresa mantuvo un "esquema de corrupción masiva", mediante el cual pagó alrededor de US$ 800 millones en sobornos destinados a funcionarios gubernamentales de "tres continentes", según confirmó una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Mientras, en Brasil se esperan nuevas revelaciones explosivas pues Odebrecht acordó con la justicia dar información a cambio de una reducción de las penas para 77 ejecutivos de la firma, entre ellos su expresidente Marcelo Odebrecht, que está encarcelado.
De hecho, en Brasil, según estimaciones policiales, la constructora gastó unos US$ 320 millones en sobornos disfrazados como contribuciones a campañas electorales, de manera de asegurarse la adjudicación de obra pública, a partir del desvío de fondos públicos.
Los países más afectados son aquellos que recibieron más fondos del BNDES: por ejemplo, en Venezuela US$ 3.100 millones comprometen a seis grandes proyectos, entre ellos la ampliación del metro de Caracas.
Venezuela fue el país, luego de Brasil, en el que más sobornos se pagaron por alrededor de US$ 98 millones. En República Dominicana, que recibió US$ 2.500 millones de dólares del BNDES, están en juego obras de infraestructura vial y la construcción de una usina termoeléctrica.
En Perú, donde Odebrecht admitió haber pagado US$ 29 millones entre 2005 y 2014, el gobierno retiró a la empresa la concesión de la construcción de un gasoducto cotizado en US$ 7.000 millones. Hasta ahora, solo se concretó 30% de la obra, de una extensión de 1.100 kilómetros en el sur del país.
En Perú, una comisión parlamentaria convocó a los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo y al actual jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski.
En este país, la Fiscalía pidió el martes la detención preventiva por 18 meses de Toledo (2001-2006), a quien acusó de recibir US$ 20 millones para favorecer a Odebrecht con la adjudicación de la construcción de la carretera interoceánica entre Perú y Brasil. La Fiscalía investiga a Toledo por lavado de activos y tráfico de influencias, apoyada en un testimonio del exgerente de Odebrecht en Perú, Jorge Barat.
En tanto, en Panamá, el hermano y el hijo del expresidente Ricardo Martinelli, así como una decena de empresarios, también están en la mira de la justicia.
En Colombia, el exministro adjunto de Transporte Gabriel García y el exsenador Otto Bula ya fueron detenidos. Precisamente, en ese país, la onda expansiva de la investigación también salpicó esta semana al presidente Juan Manuel Santos, luego que la Fiscalía comenzara a indagar acusaciones de financiamiento de las elecciones de 2014, entre ellas la reelección de Santos.
La Fiscalía investiga el supuesto ingreso de US$ 1 millón a la campaña de Santos que provenía de un soborno de la firma brasileña a Bula, quien también es acusado de facilitar a la constructora la adjudicación de una obra pública.
Pero hubo allanamientos a oficinas del grupo en varios países.
A su vez, decenas de miles de personas habían marchado a fines de enero por algunas calles de Santo Domingo para reclamar el fin de la impunidad de funcionarios de gobierno y dirigentes locales de esta mega empresa.
La compañía no tuvo más remedio que pagar una multa de US$ 3.500 millones en Brasil, Estados Unidos y Suiza y también se comprometió a pagar US$ 59 millones en Panamá y US$ 189 millones en República Dominicana por concepto de indemnizaciones.
Una investigación tentacular sobre el sistema de corrupción de Petrobras en Brasil echó luz sobre las prácticas corruptas de la mayor constructora de la región. El caso del gigante que emplea a unas 128 mil personas y acumula ingresos anuales por casi US$ 40.000 millones sigue dando tela que cortar.
Originada a partir del año 2014, la operación Lava Jato reveló que las empresas brasileñas de la construcción, en cuya primera fila está Odebrecht, habían montado una suerte de cartel para alterar los apetecibles mercados de subcontratación del grupo petrolero Petrobras mediante el pago de millonarios sobornos a dirigentes de todo el espectro político.
La gigantesca Caja de Pandora comenzó a abrirse para Odebrecht y desde entonces no dejaron de surgir indicios sobre la interminable red que se extendió a lo largo y ancho del continente.
La justicia de una decena de países, desde México a Argentina, pasando por Perú, Venezuela, Colombia, República Dominicana y Panamá, solicitó información a los fiscales brasileños para investigar en sus respectivos países sobre los jugosos contratos del grupo.
Durante más de una década, la empresa mantuvo un "esquema de corrupción masiva", mediante el cual pagó alrededor de US$ 800 millones en sobornos destinados a funcionarios gubernamentales de "tres continentes", según confirmó una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Mientras, en Brasil se esperan nuevas revelaciones explosivas pues Odebrecht acordó con la justicia dar información a cambio de una reducción de las penas para 77 ejecutivos de la firma, entre ellos su expresidente Marcelo Odebrecht, que está encarcelado.
De hecho, en Brasil, según estimaciones policiales, la constructora gastó unos US$ 320 millones en sobornos disfrazados como contribuciones a campañas electorales, de manera de asegurarse la adjudicación de obra pública, a partir del desvío de fondos públicos.
Proyectos paralizados
La investigación condujo al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) a suspender el pago de US$ 3.600 millones para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.Los países más afectados son aquellos que recibieron más fondos del BNDES: por ejemplo, en Venezuela US$ 3.100 millones comprometen a seis grandes proyectos, entre ellos la ampliación del metro de Caracas.
Venezuela fue el país, luego de Brasil, en el que más sobornos se pagaron por alrededor de US$ 98 millones. En República Dominicana, que recibió US$ 2.500 millones de dólares del BNDES, están en juego obras de infraestructura vial y la construcción de una usina termoeléctrica.
En Perú, donde Odebrecht admitió haber pagado US$ 29 millones entre 2005 y 2014, el gobierno retiró a la empresa la concesión de la construcción de un gasoducto cotizado en US$ 7.000 millones. Hasta ahora, solo se concretó 30% de la obra, de una extensión de 1.100 kilómetros en el sur del país.
Detenciones por doquier
En tanto, las detenciones de exministros y altos funcionarios se multiplican en todo el continente. Hay incluso dirigentes allegados a algún presidente que temen por su futuro. Es el caso de Argentina, donde el jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas, también está bajo investigación.En Perú, una comisión parlamentaria convocó a los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo y al actual jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski.
En este país, la Fiscalía pidió el martes la detención preventiva por 18 meses de Toledo (2001-2006), a quien acusó de recibir US$ 20 millones para favorecer a Odebrecht con la adjudicación de la construcción de la carretera interoceánica entre Perú y Brasil. La Fiscalía investiga a Toledo por lavado de activos y tráfico de influencias, apoyada en un testimonio del exgerente de Odebrecht en Perú, Jorge Barat.
En tanto, en Panamá, el hermano y el hijo del expresidente Ricardo Martinelli, así como una decena de empresarios, también están en la mira de la justicia.
En Colombia, el exministro adjunto de Transporte Gabriel García y el exsenador Otto Bula ya fueron detenidos. Precisamente, en ese país, la onda expansiva de la investigación también salpicó esta semana al presidente Juan Manuel Santos, luego que la Fiscalía comenzara a indagar acusaciones de financiamiento de las elecciones de 2014, entre ellas la reelección de Santos.
La Fiscalía investiga el supuesto ingreso de US$ 1 millón a la campaña de Santos que provenía de un soborno de la firma brasileña a Bula, quien también es acusado de facilitar a la constructora la adjudicación de una obra pública.
Pero hubo allanamientos a oficinas del grupo en varios países.
Derivaciones
Pero las derivaciones de la investigación continental no se quedan ahí: por ejemplo, luego de dos semanas de recientes violentas manifestaciones, en Perú fue suprimido un peaje en una autopista del norte de Lima, que había sido construida por Odebrecht.A su vez, decenas de miles de personas habían marchado a fines de enero por algunas calles de Santo Domingo para reclamar el fin de la impunidad de funcionarios de gobierno y dirigentes locales de esta mega empresa.
La compañía no tuvo más remedio que pagar una multa de US$ 3.500 millones en Brasil, Estados Unidos y Suiza y también se comprometió a pagar US$ 59 millones en Panamá y US$ 189 millones en República Dominicana por concepto de indemnizaciones.
