Marchitada reforma constitucional

Con el acceso del Frente Amplio al poder floreció su proyecto de reformar otra vez la Constitución para adaptarla a postulados de la alianza de izquierda. La idea afortunadamente se ha marchitado bajo el peso de la realidad. La reciente decisión del Congreso del Frente Amplio de postergar la consideración del tema hasta dentro de cinco meses, cuando una comisión lo retomará, es un formulismo que no esconde las múltiples razones para que se seque del todo. Las abundantes propuestas reformistas no solo postulaban el disparate de modificar el derecho de propiedad. Incluían también cursos dictados por meros cálculos electorales, como instaurar el voto del exterior pese a que ya fue rechazado por la ciudadanía en un plebiscito, y volver a modificar el sistema electoral. Y sin mayor base argumental proponían eliminar exenciones tributarias a organismos no estatales, como las instituciones deportivas y religiosas, y a la enseñanza privada pese a ser el único sector que escapa al actual derrumbe educativo.

Pero dirigentes oficialistas, hasta de sectores que propiciaban la reforma, reconocen ahora que el momento es inoportuno. Por un lado, cualquier sistema de reforma, ya sea a través de una Asamblea Constituyente o mediante recolección de firmas, está probablemente condenado al fracaso. Los partidos de oposición la rechazan, lo cual descarta el requisito del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien reclamó un amplio acuerdo del sistema político para hacerla viable. Adicionalmente, el respaldo popular al Frente Amplio se sitúa alrededor del 30%, el más bajo desde que asumió el gobierno.

Y la mayoría de la dirigencia frenteamplista reconoce que el gobierno tiene por delante complejos asuntos prioritarios que desaconsejan distraer esfuerzos en una incierta aventura reformista. Un tema crucial en 2017 es la revisión presupuestal, en momentos en que una economía debilitada recién empieza a insinuar algunos signos de recuperación en el mediano plazo. El ministro de Economía, Danilo Astori, acaba de prometer “prudencia” fiscal, requisito ausente por desmedido gasto público en los 10 años de bonanza. Si se confirma su propósito, no le será fácil enfrentar las hasta ahora siempre exitosas presiones internas del Frente Amplio y del movimiento sindical por más y más gasto.

Están además el apremio de asegurar que UPM confirme su proyectada inversión sin precedentes de US$ 4 mil millones en una tercera planta de celulosa, el incierto futuro de la regasificadora y la necesidad de mayor seguridad pública, incluyendo erradicar la violencia en los espectáculos deportivos. Todos estos problemas cruciales que debe manejar el gobierno despojan de sentido insistir en una nueva reforma de la Constitución. Ya fue cambiada hace 20 años, con respaldo frenteamplista, para introducir el balotaje, las internas partidarias y las candidaturas presidenciales únicas por partido. Más recientemente se la modificó para darle al Estado la propiedad absoluta y el manejo exclusivo del agua, grave error que se refleja en los defectuosos servicios de OSE, que han puesto en peligro la futura disponibilidad de agua potable para la población. Nuestra Constitución es ciertamente un documento imperfecto. Pero hay que dejar de toquetearla, menos aún con nuevas reformas que la empeoran.