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Más dureza legal contra las drogas
La expansión del consumo de drogas ha dejado atrás las épocas, hace algunas décadas, en que un señor que aspiraba cocaína era una novedad casi anecdótica. Durante su presidencia, José Mujica contribuyó con su perniciosa legalización de la marihuana, con la vana esperanza de atenuar el flagelo de la pasta basa. La administración Vázquez heredó ese berenjenal de problemas de todo tipo, del cual todavía no ha logrado salir por obstáculos de implementación y control. Pero al menos se advierte mayor eficacia en un nuevo frente, creado por la inundación de pastillas de drogas sintéticas, especialmente éxtasis y anfetaminas, tan populares como fatídicas en fiestas electrónicas.
En 2014 la Policía incautó 140 pastillas de éxtasis, cifra que trepó a 30 mil el año pasado y a 70 mil en lo que va de 2016, en cinco operativos en el aeropuerto de Carrasco. A esta preocupante multiplicación se agrega el reciente decomiso, en una oficina del correo estatal, de unas 50 mil pastillas de metanfetamina en dos paquetes provenientes de Alemania. La totalidad de esas drogas no tenía como destino final Uruguay sino que estaba mayoritariamente en tránsito hacia Argentina, donde hace poco cinco jóvenes murieron y otros cinco fueron hospitalizados en grave estado por consumir éxtasis en una de esas fiestas. Pero al referirse al tema, el director de la Policía Nacional, Mario Layera, advirtió que parte de los contrabandos queda en el más reducido mercado uruguayo.
Hace ya tiempo que nuestro país se ha convertido en ruta de tránsito para el narcotráfico que, ante el aumento de controles en otros países, busca nuevas vías para ingresar drogas a los mercados más voluminosos y lucrativos. El reciente asesinato de una pareja paraguaya en una ruta cerca de Montevideo fue solo uno de los muchos episodios de violencia criminal que desatan en nuestro medio las rivalidades y los ajustes de cuentas entre organizaciones de narcotraficantes que operan en forma creciente en Uruguay. El problema tiene dos puntas. Una es el paso de drogas en tránsito hacia otros países, de las que algo siempre queda una parte para los drogadictos locales. La otra es el contrabando dirigido exclusivamente a nuestro medio. El ejemplo más claro es la pasta base que ingresa desde Argentina y la marihuana procedente de Paraguay para competir ventajosamente con el cannabis legal de Mujica.
En ambos casos la Policía y la Dirección Nacional de Aduanas están logrando mejores resultados represivos, gracias a la cooperación entre diferentes organismos y con agencias de otros países. Dificulta su tarea, sin embargo, el hecho de que en Uruguay se castiga la venta ilegal de estupefacientes por los narcotraficantes pero “no está penado el consumo de cualquier tipo de drogas” por las personas, como explicó Layera. Incluso en una reciente fiesta electrónica en la Rural del Prado se puso en práctica, por primera vez, la paradoja de analizar químicamente las pastillas disponibles –que de algún proveedor tienen que haber salido– para asegurar que fueran drogas sintéticas pero, eso sí, de buena calidad. La eficacia de la Policía y otros organismos para combatir el narcotráfico es de enorme importancia. Pero es obvio que, para complementar la labor policial, se necesita además corregir una estructura legal defectuosa que, si bien pena el tráfico, cae en la contradicción de liberalizar el consumo.
