Motos incautadas llenan los depósitos y la Policía busca cómo eliminarlas

“Cuando uno compra un auto hay un montón de requisitos como el contrato de compra-venta, la habilitación del vehículo, el empadronamiento. Pero una moto se compra en un supermercado, se echa un litro de nafta y se sale”, señaló a El Observador el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios.

Según Barrios, quien reconoció que las acciones de seguridad ciudadana van de la mano con la seguridad en el tránsito, el “gran problema” es la habilitación para conducir en motos y la forma en la que se accede al vehículo, además de la calidad con la que cuentan. Esto se refleja en el hecho de que, según dijo Barrios, entre 30% y 40% de los casos en que las motos fueron incautadas, el usuario no contaba con documentación.

Por esa razón Unasev trabaja en conjunto con el Ministerio de Industria, el LATU y Unit para crear un decreto que regule la “calidad y seguridad” de las motocicletas. La normativa incluirá requisitos tanto en relación con la importación como las condiciones que debe tener desde el punto de vista mecánico, el sistema eléctrico, de frenos o el tipo de cubiertas que se puede utilizar, explicó a El Observador el presidente de Unasev. Con respecto a los neumáticos, por ejemplo, la normativa vigente data de 1998 y en ella se regula la importación para vehículos livianos camionetas, camiones y ómnibus pero no para las motos, cuando los materiales en las que están hechas incluyen en el agarre que tengan al pavimento.

Motos en varilla

A solo ocho días de que Eduardo Bonomi, asumiera su segundo mandato en la cartera del Ministerio del Interior, la Policía de Montevideo salió a las calles a controlar la circulación de motos, como forma de poner en práctica una de las demandas del ministro, que implica un “fuerte combate a las rapiñas, microtráfico y delitos conexos”.

A casi dos meses de comenzado el operativo, se llevan incautados en todo el país 2.510 vehículos. Sin embargo, las motos se acumulan ahora en los depósitos de la Guardia Republicana y, si bien desde el ministerio se aseguró a El Observador que el espacio todavía es suficiente, las autoridades ya piensan en medidas para deshacerse de ellas.

Según afirmó a El Observador el vocero del Ministerio del Interior, Fernando Gil, solo se retira de los depósitos 10% de las motos incautadas. Es entonces que desde el ministerio se enviará al Parlamento un proyecto de ley para destruirlas. La idea es proceder a fundirlas y convertirlas en varillas que serán donadas al Plan Juntos para construir las viviendas, dijo Gil.

Pero la estrategia para reducir el microtráfico y rapiñas no se reduce solo a los controles en la vía pública. Según dijo a El Observador el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, aunque todavía no se ha realizado una evaluación completa, ya se piensa en más controles y sobre todo en aumentar los requisitos para el usuario. En ese sentido, Layera explicó que una de las medidas que se maneja es que los conductores deban circular con el chaleco, el casco y la moto identificados con el número de la matrícula del vehículo. Ese “puede ser un elemento que aumente el control y la inspección de los que están en infracción más rápido”, afirmó.

La mayoría de las motos incautadas por el Ministerio del Interior fue por infracciones de tránsito, dijo Layera. Otro de los motivos fue la falta de documentación o el hecho de que la documentación no coincida con la de la moto. En ese caso, un perito investiga para ver si se trata de motos robadas.

Según dijo el vocero del Ministerio del Interior, el hecho de que las motos fueran “tenidas de forma irregular” es lo que lleva a que no se retiren Muchas de las motos incautadas, aseguró Gil, estaban construidas con partes de otras.

En cuanto al impacto de las medidas, el jefe de Policía de Montevideo aseguró que los operativos como Aruera son “positivos porque tienen impacto sobre la conducta criminal”. Esto se debe a la dinámica con la que se realizan, ya que se trata de un control no solo en motos sino también en taxis y otros vehículos, en forma simultánea en distintos puntos del departamento y a nivel nacional, explicó Layera.