Movistar sigue a Claro y quiere ofrecer TV satelital

El gobierno se opone a que las telefónicas ofrezcan el servicio y tiene a los canales como aliados para dar una batalla legal que es complicada

Hasta hace unos meses atrás los canales de televisión privada –dueños además de las principales empresas de cableoepradores– estaban enfrentados duramente al gobierno por el cambio hacia la televisión digital y la consecuente  asignación de nuevas frecuencias que competirán con sus señales de televisión abierta.
El ingreso de hasta tres nuevos canales comerciales –así como la aparición de otros públicos y comunitarios– achicará la torta publicitaria, explicaban los actuales dueños de los canales, agrupados en la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu).

De a poco, con algunas concesiones de los últimos meses (ver Apunte), el gobierno logró frenar la oposición de los canales a la TV digital. Pero ahora hubo un hecho totalmente externo que dio vuelta por completo la situación, al punto que canales y gobierno son aliados estratégicos contra un nuevo adversario: las empresas telefónicas.
Es que la semana pasada Claro (Telmex) consiguió la autorización para brindar servicios de TV satelital.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) revocó una resolución del Ministerio de Industria del año 2009, que había dejado sin efecto la resolución que tiempo antes había emitido la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) para  autorizarle la transmisión en todo el país de televisión paga satelital.

Por eso Claro comenzará a operar en el sistema de televisión para abonados lo que, según entienden expertos en el tema, impactará fuertemente en el mercado obligando al resto de las firmas a revisar sus planes de negocios.
Además, según supo El Observador, Movistar (Telefónica) también pidió al gobierno la misma autorización. En 2009, cuando Claro la obtuvo, la empresa española también inició los trámites. Ese expediente quedó congelado con la resolución del 2009, pero ahora con el fallo del TCA lo vuelve a impulsar.

Gobierno se opone
El gobierno se opone a que las empresas telefónicas puedan operar  servicios de televisión para abonados.
De hecho, la Ley de Servicios Audiovisuales que ya está redactada y a disposición del presidente José Mujica, establece la prohibición de lo que llama la “integración horizontal”.

Según dijeron a El Observador fuentes del gobierno, con esa ley se pretende prohibir que grandes empresas trasnacionales brinden servicios telefónicos y de datos (internet), además de televisión satelital.
El gobierno argentino realizó una prohibición similar a través de la polémica ley de medios.

Fuentes del mercado consultadas por El Observador coincidieron en que las empresas de TV cable pueden verse afectadas por la llegada de competidores que ya tienen marcas comerciales reconocidas y una base de clientes sólida.
La única empresa que hoy brinda televisión satelital es Directv, que en los últimos años ha crecido cada vez más en la cantidad de clientes. En el interior del país Directv tiene el 46% del mercado y en Montevideo el 16,8% según datos de la Ursec a junio de 2012.

La empresa Claro definirá a la brevedad el momento en que empezará a ofrecer su plan de TV satelital, pero se espera que ya esté operando en no más de 120 días.
Movistar deberá esperar por otros trámites jurídicos. Según supo El Observador, el gobierno está en una disyuntiva en este asunto, porque le sería difícil argumentar que no le otorga el permiso a Telefónica cuando su competencia directa ya la tiene.
La alternativa de la ley para prohibirla también es compleja, porque implicaría quitarle derechos ya adquiridos.
Cableoperadores a la ofensiva

En el gobierno esperan que el primero en mover sea el sector privado.  Según supo El Observador, Andebu ya inició estudios jurídicos para ver si encuentra una forma de apelar la sentencia del TCA.
En los considerandos de la resolución de ese tribunal se indica que el demandante señala que la revocación “importa la afectación grave de un derecho legítimamente adquirido” y que “se vulnera el principio de igualdad” y de la defensa de la libre competencia.

El efecto de la sentencia del tribunal “es retroactivo”, indicó a El Observador el presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo Mexicana, Héctor Dotta, por lo que deja vigente la licencia que se había otorgado antes de la negativa de Industria.  “Con la licencia vigente, la empresa puede comenzar a prestar sus servicios, por lo que en los próximos días se sabrá cuándo se comenzará a operar. Se está conversando”, dijo.

La idea de Claro es ofrecer un servicio de televisión satelital para abonados “con plataformas de servicios que brinden una multiplicidad de canales”, agregó Dotta. Sería un servicio similar al que ofrece Directv, ya que Claro no es una empresa de producción de contenidos.

“El fallo es muy reciente, pero la idea de la empresa es invertir en Uruguay y apostar aquí. Esta sentencia es importante porque habla de un país serio y con un Estado de Derecho que es tal”, señaló el profesional. Destacó que la participación de la compañía en el mercado beneficiará la competencia, “tal como se ve en áreas como la telefonía”.

Si bien aún no están definidos los detalles del nuevo servicio que brindará Claro, antes de que el Ministerio de Industria la inhabilitara, la empresa había previsto ofrecer entre 25 y 30 canales a un costo de unos $ 300. En Latinoamérica, Claro ofrece servicios de TV Cable en Chile, Panamá, Honduras, Brasil, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico y Perú.

Las concesiones a los canales

El Poder Ejecutivo emitió un decreto el 31 de diciembre del año pasado en el que estableció un límite de clientes para las empresas operadoras de televisión para abonados: 25% del total de hogares a nivel nacional y 35% de hogares en cada localidad. Ese decreto fue un pedido especial de los canales para limitar el avance de la empresa DirecTV, que a nivel nacional tiene la mayor parte del mercado.  Pero no fue la única señal del gobierno con los canales. El gobierno volvió a aceptar un pedido de los actuales canales de televisión con un decreto firmado el miércoles 23 de enero en el que se suspendió “transitoriamente” el llamado a interesados para la TV digital.

 


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