MPP dice que es el Senado y no Vázquez quien debe asignar gastos

Lo dicho por Topolansky es, antes que nada, una ironía. Y, después, es un anuncio que puede cambiar el trámite parlamentario que el gobierno tenía previsto para el proyecto de Rendición de Cuentas. Lo que advierte la senadora y esposa del expresidente José Mujica (2010-2015) es que, a riesgo de cometer una inconstitucionalidad, el Frente Amplio está obligado a definir en el Senado de dónde salen los más de $580 millones de pesos que le fueron recortados a la educación y que el presidente Tabaré Vázquez se comprometió a devolverlos aunque no fue preciso acerca del cuándo y el cómo.

Topolansky sostiene que la decisión no puede demorarse más de los 45 días que tiene la Cámara de Senadores para aprobar la propuesta que, cuando fue tratada en la Cámara de Diputados, generó diversos problemas internos en la coalición de gobierno

"Tenemos que resolver un deber que nos dejaron los compañeros diputados que es decidir de dónde salen los $583 millones de pesos que se le recortó a la educación. El Senado tiene que resolverlo porque sino caemos en una inconstitucionalidad y la Rendición de Cuentas puede ser cuestionada. No hay otra forma; nos dejaron un regalito maravilloso", insistió Topolansky.

La postura del MPP supone un evidente cambio en la estrategia que se había trazado la coalición de gobierno para resolver sus diferencias en torno a la Rendición de Cuentas. En ese camino que había delineado el oficialismo, la última palabra, pero también la responsabilidad de formular una solución, la iba a tener el presidente Vázquez.

Pero, según el anuncio de Topolansky, será el Senado el encargado de desactivar ese "regalito" que nada tiene de lindo y que en el articulado lleva el número 6.

Vuelta de tuerca

Quienes siguieron el intrincado trámite de la Rendición de Cuentas se acordarán de que el proyecto llegó a la Cámara de Diputados con un recorte de $1.500 millones de pesos en áreas vinculadas con la ANEP y la Universidad de la República. La iniciativa tenía la firma del presidente Vázquez y del ministro de Economía, Danilo Astori, y el firme respaldo del Frente Líber Seregni (FLS).

Pero el resto de los sectores de la izquierda se opusieron a ese recorte y fueron presentando diversas fórmulas para evitar el tijeretazo. El Poder Ejecutivo fue cediendo hasta que la postergación de gastos alcanzó unos $580 millones. Sin embargo, los diputados de la Liga Federal, el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo se negaron hasta el final a votar el recorte. Al mismo tiempo, reclamaban que la plata que el gobierno quería sacarle a la educación saliera del aumento del Impuesto al Patrimonio, de exoneraciones impositivas a algunas empresas y de la aplicación del IVA a los juegos de azar.

Finalmente, los diputados rebeldes se alinearon con el Poder Ejecutivo luego de que Vázquez les prometiera que, una vez pasada la instancia parlamentaria, se crearía un grupo de trabajo para analizar mejoras al presupuesto educativo.

Por entonces, desde la oposición, sin que nadie del Frente Amplio respondiera, se advirtió que la solución representaba una clara inconstitucionalidad ya que dejaba librada al Poder Ejecutivo una eventual reasignación de recursos.

Finalmente, Topolansky dijo a El Observador que, ciertamente, es el Senado el que debe resolver el asunto y tiene, además, que escribir mejor el texto del artículo 6 ya que "está mal redactado".

La senadora del MPP agregó que, en todo caso, la comisión propuesta por Vázquez se encargará de resolver si se acepta la aplicación de algunos nuevos tributos como los propuestos por los diputados.

Ante la pregunta de dónde saldrá el dinero que se le devolverá a la educación, Topolansky reconoció que no se trata de una decisión fácil.

"Esa plata tiene que salir de algún lado y nadie quiere ser verdugo de nadie", dijo pensando en aquellos que deberán postergar lo suyo para balancear las cuentas del Estado.

"No importa si es constitucional; es ético y punto"

"No sé si es constitucional o no, no importa eso. Esto es ético y punto", dijo la senadora Lucía Topolansky (MPP) a El Observador acerca del proyecto de ley del gobierno que topea los sueldos de los funcionarios públicos, entre ellos el de los intendentes municipales. La iniciativa, incluida en la Rendición de Cuentas, no fue aprobada en la Cámara de Diputados ya que necesita dos tercios de votos y ni el Partido Nacional ni el Partido Independiente lo quisieron votar puesto que, consideran, afecta las autonomías municipales. Asimismo, los intendentes blancos Sergio Botana (Cerro Largo) y Dardo Sánchez (Treinta y Tres) advirtieron que, si la propuesta es aprobada, no descartan presentar un recurso de inconstitucionalidad. La iniciativa del gobierno establece que ninguno de los jerarcas públicos podrá percibir salarios mayores a 60% del sueldo del Presidente de la República (unos $320 mil pesos).

Topolansky dijo que las autonomías "tanto las de las intendencias, como de la Universidad u otros organismos es importante y hay que respetarla, pero la autonomía no puede servir para un fregado y para un barrido".

Recordó que luego de que el gobierno lograra coordinar acciones con el Congreso de Intendentes para terminar con la denominada "guerra de las patentes", surgieron críticas al acuerdo por parte de quienes querían "defender su chacrita y su poder". "Yo lo escuchaba ahora al intendente Botana quejándose también porque la inversión de (la pastera) UPM no va para Cerro Largo. Y bueno, querido Botana, no va para Cerro Largo porque no usas casco de moto", ironizó la parlamentaria.