Multa de US$ 7 mil a restorán por empleados extranjeros ilegales

El local, ubicado en el Puerto de Punta del Este, afirma que la sanción "es nula"
La Inspección General del Trabajo (IGT) del Ministerio de Trabajo multó con 255 Unidades Reajustables (que equivalen a poco más de US$ 7 mil) al restorán El Viejo Marino que fue denunciado por dos trabajadoras de nacionalidad paraguaya que dieron cuenta de varias irregularidades.

El procedimiento llevado a cabo por la IGT —que se basó principalmente en dos inspecciones al establecimiento situado en el Puerto de Punta del Este realizadas el 30 de diciembre y el 7 de enero— concluyó el 29 de febrero con una resolución firmada por el director de esa repartición, Gerardo Rey, quien decidió aplicar la multa.

La resolución, a la que accedió El Observador, dice que en las inspecciones se constató que "la empresa contaba con trabajadores extranjeros indocumentados", lo que representa una "infracción muy grave" a un decreto del Poder Ejecutivo de 2007 y una disposición del Ministerio de Trabajo del mismo año. Por ese hecho, la multa impuesta a El Viejo Marino es de 220 UR.

El documento, que fue notificado a El Viejo Marino el 9 de marzo, sostiene que el 13 de enero la empresa se presentó ante la Dirección Nacional de Migraciones para "regularizar la situación de los trabajadores extranjeros".

La resolución de la IGT dice que en una de las inspecciones los funcionarios tuvieron que pedir apoyo a la Policía y eso implicó un "obstruccionismo a la tarea inspectiva", aspecto sobre el que la empresa está en plazo para hacer sus descargos.

Por otra parte, la resolución de la IGT indica que el restorán "no exhibió la Planilla de Control de Trabajo en el momento de la inspección", lo que implica una "infracción grave" por la que se le impuso una multa de 15 UR. La empresa también fue sancionada por no presentar documentación exigida por uno de los inspectores, cosa que también constituyó "una infracción grave" por la que deberá pagar 20 UR.
El procedimiento realizado por la IGT se inició luego de que dos mujeres paraguayas denunciaran abusos e irregularidades. Ambas trabajaban en el restorán El Viejo Marino de Asunción, que cierra durante el verano y gran parte del personal se traslada a Punta del Este con el dueño, el uruguayo Carlos Marrero, para trabajar en la temporada.

Una de las denuncias de las trabajadoras (que renunciaron el 28 de diciembre del año pasado, tras una discusión con el dueño del local) fue que ingresaron a Uruguay como turistas y no con permiso para trabajar, error que Marrero reconoció pero niega otros aspectos denunciados por las trabajadoras, como la extensión del horario laboral y las condiciones en las que vivían.

El abogado de Marrero, Pablo Correa, dijo a El Observador que a su juicio la sanción de US$ 7 mil dólares impuesta por la IGT es "totalmente nula" porque no se le dio vista previa al empresario y anunció que recurrirá la decisión.

Correa también criticó que la resolución oficial "no menciona" prueba documental que su cliente presentó durante el proceso como parte de su defensa. Por eso, a criterio del abogado, la sanción aplicada al restorán "está teñida de intencionalidad política".

Multas de entre 100 y 150 jornales

El decreto 186 de 2004 regula las sanciones que se pueden aplicar a los empleadores en el caso de irregularidades o abusos en el marco la relación laboral. El artículo 6º enumera las faltas que son consideradas "muy graves", y en su literal c establece: "Utilizar trabajadores extranjeros que carezcan de los permisos reglamentarios". Este tipo de infracciones, según lo que prevé el decreto del Poder Ejecutivo, se sancionan con multas que van de 100 a 150 jornales por cada trabajador afectado.

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