Mutualistas se desligan de estafa al Fonasa; otro empleado fue procesado

Mientras representantes de mutualistas de Montevideo y del interior se reunían en la Junta Nacional de Salud (Junasa) por la maniobra fraudulenta al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), varias personas declararon ante la jueza penal Julia Staricco y, finalmente, la Justicia procesó a una décima persona, el segundo empleado del Círculo Católico implicado en el caso.

Se trata de un hombre que trabajaba como supervisor del área de afiliaciones de esa mutualista y la jueza le imputó un delito de intermediación lucrativa, informaron fuentes del caso a El Observador.

Era esposo de una mujer que figuraba como titular de una empresa promotora y que el procesado supervisaba. Ante la Justicia admitió que su empresa no solo pagaba por afiliaciones, sino que también inscribía a los interesados en empresas truchas ante el Banco de Previsión Social (BPS) para que figuraran como socios Fonasa. Por inscribirlos les pagaba entre $ 500 y $ 700. De ahí que el delito que se le imputó fuera intermediación lucrativa. De todas maneras, la jueza Staricco y la fiscal del caso, Mónica Ferrero, citarán a personas que fueron afiliadas de manera fraudulenta por la empresa promotora que supervisaba el hombre para determinar si puede imputarle un delito de estafa, como sucedió con los primeros procesados.

Con este procesamiento, la red de promotores y estafadores empieza a quedar al desnudo. El miércoles 8 fue enviado a prisión un compañero del décimo procesado, que también trabajaba como supervisor de afiliaciones en el Círculo Católico.

Cinco días antes, el viernes 3, Staricco procesó a un hombre de 50 años que, según consta en el auto de procesamiento, "trabajaba como promotor para la empresa SMS, propiedad de la esposa de un supervisor de la mutualista Círculo Católico". Ese supervisor es el décimo procesado.

Los investigadores sospechan que hay más personas de esa mutualista involucradas. La hipótesis que se manejaba cuando se inició la investigación era que habían funcionarios de mutualistas que "tapaban" los posibles errores que pudieran surgir y que podían llegar a develar la maniobra, indicó una fuente del caso a El Observador. Desde que se hizo público el caso, hace casi dos semanas, las instituciones de salud prefirieron llamarse a silencio y no hacer comentarios al respecto. Eso cambió el miércoles, cuando la mayor parte de los prestadores de Montevideo y del interior emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron "su más firme compromiso de colaborar con la labor de la Justicia para que se esclarezcan totalmente los hechos y se identifiquen los responsables".

La Asociación Española publicó otro comunicado ayer donde afirmaba haber "trabajado siempre contra ese tipo de maniobras delictivas".

Una vez que las instituciones finalizaron la reunión en la Junasa, dieron una conferencia de prensa en la que quisieron dejar claro que no tienen vinculación con la estafa investigada.

"¿Dónde estaría nuestra responsabilidad? Esto repercute en la imagen de las instituciones pero hay que dejar actuar a la Justicia para ver quiénes son los verdaderos responsables. Nosotros no hemos hecho una maniobra, no tenemos ningún tipo de responsabilidad en contra del Fonasa. En todo caso dimos cobertura en salud a gente que no le correspondía", dijo Daniel Porcaro, representante de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

A raíz de la maniobra que la jueza Staricco y la fiscal Ferrero investigan, las instituciones médicas se reunieron con la Junasa para plantear cambios a la promoción de sus servicios para terminar con la intermediación lucrativa, que serán puestos en funcionamiento a partir del trabajo de una comisión que comenzó a funcionar el miércoles por la noche.

"No van a ser prácticas realizadas personalmente (como hasta ahora) sino a través de call center, medios digitales o teléfonos celulares. Tenemos que tomar conciencia de que las prácticas comerciales de las mutualistas son bastante dispares. Cada una actúa sobre universos diferentes. Todas las gremiales representadas ahora nos vamos a sentar con auditores internos y de equipos informáticos para proponer medidas que mejoren la promoción", explicó Porcaro.

Por su parte, Luis González Machado, representante de los prestadores ante la Junasa, sostuvo que la información que poseen es que la maniobra es menor a lo manejado, ya que no se tratan de 31 mil afiliaciones fraudulentas, sino de unas 600 que han sido comprobadas por el BPS, tal como informó Rosario Oiz, directora del organismo, ante senadores el martes 7. González agregó que la auditoría que tiene prevista realizar el MSP sobre las afiliaciones Fonasa involucrará a más 50 mil usuarios porque se investigarán los movimientos existentes desde octubre del año pasado. l