Ningún pretexto a la derecha

La huelga de los camioneros sirve al gobierno para reivindicar su autoridad
Una gran inquietud atraviesa el transporte de carga por camiones. Proliferan conflictos aquí y allá, a veces difíciles de comprender: empresarios contra empresarios, empresarios contra el Estado, empleados contra empleadores.

Algunos grupos de patrones, que muchas veces son pequeños o medianos empresarios, quieren mejores sus tarifas y realizan "piquetes" para forzar el paro de los colegas que trabajan y ahorcar a los usuarios. A la vez, los camioneros formalizados, que están al día con impuestos y reglamentaciones, tratan de sacar del medio a los informales, que escapan al Estado y tienen vehículos más viejos.

Hay más de 66.000 camiones en Uruguay, y una cantidad similar de zorras y remolques. El parque se ha renovado sustancialmente a partir del auge agrícola que empezó en 2002-2003, aunque todavía más del 50% de los vehículos tiene entre 20 y 40 años de uso.

Las luchas por el ingreso recrudecen cuando la demanda se reduce o, desde otra perspectiva, cuando la oferta de camiones aumenta, como ha ocurrido en los últimos años.

Ya hubo conflictos similares en el transporte en 1999-2000, cuando la actividad económica y el comercio en el Mercosur caían en picada.

Algunos propietarios tienen problemas para pagar la cuota mensual al banco por la compra de su herramienta, en tanto muchos empleados, que cobran debajo del laudo oficial, llevan una vida errante y pobre. La enorme diferencia en el precio del gasoil con Brasil (41,80 pesos contra 28 o 29) provoca un contrabando masivo para su uso en el transporte y la agricultura.
Los grandes consumidores uruguayos lo compran en Brasil a 24 pesos. El origen del combustible puede ser la diferencia entre sobrevivir o quebrar.

El gasoil ingresa por la extensa frontera seca, en embarcaciones a través de la laguna Merín o por las aduanas disimulado entre otras cargas. Como siempre, los aduaneros y los inspectores de ANCAP sólo ahuyentan momentáneamente a los transgresores y detienen a algún perejil inadvertido.

La semana pasada el gobierno publicó un decreto que obliga a la Policía a desalojar a quienes impidan la libre circulación de personas y bienes en calles y carreteras, sin necesidad de intervención judicial previa. Fue un mero recordatorio, pues desde siempre hay decretos y reglamentos que impiden obstruir la vía pública.

Un pequeño grupo de personas puede provocar efectos muy superiores a su fuerza y representatividad.

El otoño es tiempo de grandes cosechas, como las de arroz y soja, que embarcan por los puertos de Montevideo y Nueva Palmira.

Los frigoríficos, la industria láctea y las dos grandes fábricas de celulosa pueden ser fácilmente estrangulados. Y más adelante vendrán las escaramuzas en torno a la Rendición de Cuentas, que también pueden derivar en cortes de calles.

El decreto fue aceptado sin alegría por la dirección del PIT-CNT, de mayoría comunista o "moderada", en general afín al Poder Ejecutivo, pues se supone que no será utilizado "contra los trabajadores".

Pero varios sindicatos que controlan los radicales de izquierda, típicamente funcionarios públicos, con una interpretación muy amplia del derecho de huelga, han recurrido el decreto.

El gobierno tiene algunas buenas razones. En primer lugar, la proliferación de "piquetes" puede afectar seriamente la libertad de las personas y la marcha de la economía, que ya no anda a todo vapor como antaño.

En segundo lugar, aceptar cortes de calles y caminos implica conceder a algunos pequeños grupos organizados y resueltos una abusiva capacidad de veto. El Poder Ejecutivo desea señalar responsabilidad y previsibilidad a los grandes inversores tipo UPM.

Y por último pero no menos importante, los "piquetes" pueden provocar grandes efectos políticos. Las encuestas señalan el escaso prestigio de los sindicatos. La generalización del caos, ya sea creado por empresarios, sindicatos, vecinos airados o militantes ultras, en última instancia favorecería a la oposición.

Marina Arismendi, titular del Mides, justificó el decreto del gobierno recordando los paros de camioneros que precedieron al golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973, y menospreció a los camioneros que "están peleando por el lucro".

Sorprende que Arismendi vea semejante riesgo en el Uruguay de hoy, y sorprende su frívola descalificación del ánimo de lucro o rentabilidad, que paga su salario y sostiene su Ministerio. En todo caso también debió recordar lo que contaba Líber Seregni, quien visitó Chile en los preámbulos del golpe: "Ya los dados estaban echados.

Llegué en medio de la huelga de los camioneros. Salvador Allende era muy lúcido respecto del futuro. Me pidió que volviera por Argentina y le transmitiera un mensaje (a Héctor Cámpora, entonces presidente electo): que había que ser muy firme desde el primer día, firme también con la izquierda, porque no se podía permitir ninguna acción ilegal que diera pretextos a la derecha".