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Nítido ejemplo de indefensión
Nada refleja más nítidamente la indefensión en que vive la población ante la violencia delictiva que el triste consejo del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de mansamente dejarse robar. A raíz de las manifestaciones callejeras y caceroleos por el asesinato en Carrasco Norte, la máxima autoridad de la seguridad pública dijo que “no es conveniente resistirse” a una rapiña si el delincuente está armado. Si bien sus palabras muestran preocupación por la vida de la víctima, también representan un reconocimiento de la impotencia policial para reprimir delitos cada vez más violentos y frecuentes, pese a las estadísticas más optimistas que suele publicar su ministerio.
El caso de Carrasco Norte es emblemático de la crítica situación actual de inseguridad en que viven los residentes en Montevideo y otros centros urbanos. Un hombre que acudió a ayudar a una amiga que estaba siendo rapiñada fue muerto por el ladrón de un disparo en la cabeza. Lo ocurrido repite hechos de pavorosa recurrencia en rapiñas y copamientos a comercios de todo tipo y a viviendas. Algunos son aclarados y los responsables terminan en la cárcel, aunque otras veces los jueces penales se ven constreñidos por leyes inadecuadas, que parecen redactadas para favorecer a los delincuentes más que a las víctimas.
Fuentes policiales informaron a El Observador que está identificado un sospechoso del asesinato en Carrasco Norte. Pero el problema en la zona tiene mayor alcance, por la proximidad de un asentamiento cercano. Vecinos de la zona aseguran de que de allí provienen delincuentes que son conocidos pero que siguen rapiñando impunemente sin que se los detenga. El cardiólogo Roberto Canessa, actuando como vocero en las protestas de los residentes, censuró que la Policía no tenga un fichero de sospechosos que se refugian en el asentamiento. La respuesta policial en este asesinato se ha convertido además en fuente de controversia.
María Laura Methol, la persona que Heriberto Prati Pittaluga trató de ayudar al costo de perder la vida, aseguró que las llamadas al 911 en busca de auxilio solo encontraron un contestador automático. La frágil explicación del Ministerio del Interior fue que la demora de respuesta en los 20 minutos que cubren el asesinato se debió al ingreso en ese lapso de 46 llamadas. Pero si el 911 no está en condiciones de atender un promedio de dos llamadas por minuto, algo funciona mal en un servicio presuntamente moderno y tecnificado, y que es esencial para la seguridad de las personas.
Todas las encuestas coinciden en que la inseguridad pública se ha convertido en la preocupación principal de una población que se siente desamparada ante la delincuencia, que es cada vez más renuente a salir de sus casas por la noche y que se aísla atrincherada en viviendas enrejadas. La lucha contra este flagelo es compleja y requiere tareas complementarias de la Policía, de la Justicia con leyes más efectivas y del mejoramiento de un defectuoso sistema penitenciario, que fracasa en rehabilitar presos pero tiene éxito en educar para el delito. La seguridad ciudadana era un blasón que Uruguay exhibía con justificado orgullo en la región. Pero se va perdiendo a pasos agigantados y amenaza desaparecer a menos que los poderes del Estado reaccionen con menos palabras y más acciones eficaces antes de que sea demasiado tarde.
