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"No estoy loco, hay un bebé en la volqueta"
Yo no estoy loco pero en la volqueta de Villagrán hay un bebé en una bolsa negra”, avisó un hombre a la Policía a la hora 17.50 del martes 9 de octubre de 2012. Los agentes llegaron hasta el lugar y encontraron no uno, sino dos bebés en bolsas negras entre la basura. Si bien para el vecino que avisó a la Policía el hallazgo fue tan extraño como macabro, a los policías que llegaron al lugar no les sorprendió demasiado. Cada tanto, en los contenedores de Montevideo aparecen fetos y bebés muertos.
El médico forense determinó que se trataba de un feto femenino de 29 semanas de gestación y de uno masculino de 36 semanas de gestación, que llegó a respirar antes de morir. Las pruebas de ADN realizadas por Policía Científica confirmaron que se trataba de mellizos. Uno de ellos había fallecido en el cuerpo de la madre; el otro, al nacer.
Estos casos presentan un problema para los investigadores: nadie reclama su ausencia. No hay una familia que denuncie la muerte de las víctimas y mucho menos que aporte información, porque en la familia están los culpables. Por ello, la jueza penal Julia Staricco, que investigó este y otros casos similares, les llama “víctimas silenciosas”.
“Sucede lo mismo con los casos de maltrato familiar. Las víctimas no tienen a nadie que reclame por ellas”, dijo Staricco a El Observador.
Las primeras averiguaciones en el barrio no aportaron ninguna pista concreta. Mientras, Policía Científica cotejó el ADN de los bebés con el de hombres y mujeres procesados y penados, información que permanece reservada en un banco de datos genéticos desde 2011, pero el cruce dio negativo. La investigación volvió entonces a fojas cero.
La Policía contaba solo con tres datos: lugar y hora donde aparecieron los cuerpos (en la esquina de Villagrán y 8 de Octubre), el ADN de la víctimas y el hombre que denunció el hecho.
El mes pasado, dos años después de que aparecieran los bebés, Policía Científica cotejó, como hace regularmente, la base de datos genéticos de procesados y penados con muestras de ADN encontradas en escenas criminales, entre ellas, las de los mellizos. Y el nuevo cruce dio positivo.
La madre de los bebés fue procesada con prisión el 14 de febrero de 2013 por suministro de drogas y había quedado en libertad.
La casa de la procesada se encuentra a cinco cuadras de Villagrán y 8 de Octubre, donde aparecieron los cuerpos. Hasta allí fue la Policía para indagar a la sospechosa.
La mujer de 38 años negó al principio haber estado embarazada en 2012, pero tras la declaración de varios de sus hijos y de una nueva prueba de ADN, que también dio positiva, lo admitió.
Ante la fiscal Ana Tellechea y la jueza Staricco, declaró que nunca se controló el embarazo en centros de salud, razón por la que no había ningún registro oficial de su embarazo, y que resolvió abortar en una clínica clandestina cercana a su casa.
La mujer agregó que nunca sospechó que los trabajadores de la clínica fueran a desechar los cuerpos en una volqueta.
A pedido de la fiscal, la jueza la procesó este mes con prisión por un delito de aborto. El artículo 325 del Código Penal establece que “la mujer que causare su aborto o lo consintiera será castigada con prisión, de tres a nueve meses”.
Tras el procesamiento, la jueza intentó encontrar este mes la clínica donde se realizó el aborto, pero la procesada no logró identificar el lugar y los investigadores comprobaron que en el barrio ya no hay clínicas abortivas.
La magistrada solicitó información a otros jueces sobre fetos y bebés encontrados en volquetas, para investigar si se trata de hechos aislados o de un proceder común, que podría encubrir una red dedicada a realizar abortos, pero la investigación no encontró un nexo entre los diversos casos.
De todas maneras, a raíz del procesamiento de la madre de los mellizos, el Ministerio del Interior designó a la jueza Staricco para investigar homicidios sin aclarar e incluyó los casos de fetos y de bebés encontrados sin vida (ver página 3).
Trece días después de que los bebés aparecieran en el contenedor, el 22 de octubre de 2012, el Parlamento aprobó la ley de despenalización del aborto. La ley 18.987 establece que la mujer puede abortar durante las primeras 12 semanas de embarazo. Por lo tanto, aunque la ley hubiera estado vigente, la mujer habría cometido de todas maneras el delito.
Staricco compara la aplicación de esta norma con de la ley que regula el mercado de marihuana. Si bien el suministro y la tenencia de la droga están regulados, se pena la tenencia de una cantidad mayor a 40 gramos. Lo mismo sucede con el aborto. Abortar después de las 12 semanas continúa siendo delito
