Norma contra piquetes ya tuvo polémica aplicación

Al gobierno le preocupan los piquetes espontáneos y todo tipo de manifestación de protesta que impida la libre circulación en rutas, calles, caminos, y para eso emitió esta semana un decreto en el que reafirma la autoridad de la Policía Nacional para actuar de manera directa sobre estos casos, sin necesitad de contar con una orden judicial previa. Sin embargo, la aplicación de este decreto causó revuelo más rápido de lo esperado ya que los problemas y cuestionamientos aparecieron apenas un día después de que entrara en vigencia.

Ayer jueves a la mañana la Policía actuó para impedir que trabajadores que integran el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) cortaran la ruta 55, que es el único acceso a la papelera Montes del Plata. Asimismo, la Policía concurrió a la planta de ANCAP en La Tablada donde otro grupo de trabajadores del mismo gremio se manifestaba sin cortar la calle, pero impidiendo el ingreso a la planta de los camiones que cargan combustible.

Según indicaron desde la jefatura del departamento de Colonia, la acción policial fue llevada a cabo sin orden del juez, con el objetivo de permitir la libre circulación en rutas nacionales. Sin embargo, en el caso de Montes del Plata, el operativo fue un poco más allá de la liberación de la ruta ya que cinco trabajadores que estaban bloqueando el paso fueron conducidos a la comisaría Nº 9 de Conchillas, donde declararon en calidad de indagados. A pedido del juez de turno se les realizó una notificación por violación de las normas, y pocas horas después fueron puestos en libertad.

La noticia del operativo policial llegó rápido a los oídos del PIT-CNT que, un día antes, había manifestado tranquilidad ante el decreto porque excluía en su artículo 4 a toda acción que sea impulsada por parte de los sindicatos en el marco del derecho de huelga. Las autoridades del PIT-CNT se habían encargado de confirmar eso con fuentes del Ministerio del Interior para estar tranquilos, por lo que mayor fue la sorpresa cuando supieron que había trabajadores en la comisaría.

El dirigente señaló que la situación causó "preocupación" en la cúpula sindical ya que el miércoles 22 la Policía había intervenido en otra movilización de trabajadores que no estaba cortando la ruta, por lo que las autoridades de la central alertaron de esa situación al Ministerio del Interior. Desde la cartera les informaron que lo ocurrido se debió a una "mala interpretación del decreto", contó Abdala.

"Acá no hay orden de la dirección del sindicato de que se atraviese un camión para cortar la ruta. Dudo que los compañeros (de Montes del Plata) tengan un camión en la mitad de la ruta trancado. De cualquier manera están haciendo ejercicio de la libertad sindical que está marcada en el artículo 57 de la Constitución", dijo a la prensa el dirigente del sindicato de transportistas, César Bernal. El artículo 57 es el que el decreto del Poder Ejecutivo contempla y declara a la huelga como "un derecho gremial".

Consultado por El Observador, el abogado del Sutcra, Héctor Di Giacomo, dijo que la manifestación se trataba de una actividad de corte sindical y por lo tanto está exenta de sanción. En ese sentido, el profesional indicó que "no correspondía" que los trabajadores –algunos de ellos delegados del Sutcra– hayan sido conducidos a la comisaría. Lo mismo sostuvo Bernal, quien agregó que el accionar de la Policía en Montes del Plata no fue "legítimo" y aclaró que para levantar una medida gremial "tiene que haber una instancia judicial donde un juez dictamine que la medida no es legítima".

El decreto también generó dudas. en el ámbito jurídico. Catedráticos y abogados consultados por El Observador coincidieron en que el decreto poco aporta en cuanto a la normativa vigente ya que el derecho de libre circulación está contemplado por la Constitución y la ley Nº 19.315 que define el procedimiento policial. De todas formas consideraron que sí presenta diferencias al excluir las manifestaciones sindicales de la prohibición.

"No se comprende por qué se incluyó ese artículo porque la libre circulación tiene que estar garantizada para todos con independencia de quien lleve a cabo las medidas. Eso vulnera el principio de igualdad de que todos somos iguales ente la ley", dijo a El Observador el abogado laboralista del estudio Ferrere, Nelson Larrañaga.

Para el abogado, el artículo 4 "no debió ser incluido" en el decreto ya que hace una "diferenciación entre los ciudadanos comunes y los trabajadores que están haciendo una acción colectiva". "O aplica para todos o no aplica para nadie, pero no se puede establecer para unos sí y para otros no la prohibición. Es por eso que desde el punto de vista jurídico esta norma no está de conformidad con la Constitución", expresó.

La distinción que el decreto hace entre las manifestaciones sindicales y las que no lo son también fue destacada por el abogado constitucionalista Martín Risso. Según dijo a El Observador, el decreto es "extremista" ya que asegura que liberará las calles ante toda manifestación, salvo en los casos que haya reclamos sindicales, sin importar los argumentos de trasfondo.

"El decreto sigue una vieja tradición uruguaya de dar soluciones extremas: que todo sea blanco o negro, y eso está mal. Hay veces que hay que desalojar la vía pública y hay veces que no hay que desalojarla porque acá lo que tenemos son conflictos de derechos humanos", expresó.

En tanto, el abogado constitucionalista Daniel Ochs opinó que el decreto no toma en cuenta los "niveles de tolerancia" que debería tener el Estado ante los reclamos que impulsan cada manifestación. "El hecho de ocupar debería ser acompañado de una actividad de indagación a ver quién está ocupando y por qué razón, porque puede haber motivos para que la sociedad los escuche porque están siendo ninguneados o porque sus derechos están siendo violados de manera recurrente", sostuvo.

Asimismo, dijo que "los niveles de tolerancia no deben ser iguales" en todos los casos ya que "puede haber situaciones en las que el propio Estado esté siendo violador de derechos sistemáticos de los protestantes y en ese caso el protestante tiene más derecho a decirle al Estado: 'Usted no es quien para correrme de esta calle'".

Por otra parte, Ochs agregó que a nivel normativo el decreto no agrega elementos nuevos a los ya existentes y definidos por otro gobierno, por lo que opinó que con esta nueva norma "se quiere emitir un mensaje de que este gobierno con este signo político se va a mantener en esa línea".

Los cuestionamientos al decreto del Ejecutivo también hicieron eco dentro del Frente Amplio. Ayer el grupo Casa Grande, liderado por la senadora Constanza Moreira, divulgó un comunicado en el que transmite su "preocupación" ante la nueva norma.

Según sostiene el comunicado, el decreto lejos está de "significar una defensa de acciones o métodos violentos" ya que "aumenta la autonomía de la fuerza policial para decidir sobre situaciones que deberían tramitarse a través del diálogo". En ese sentido, se advierte que "la discrecionalidad que se le da al aparato represivo para actuar sobre asuntos políticos suele volverse en contra de la izquierda, y que legitimar la represión como forma de solución de conflictos en el largo plazo solo puede ser funcional a fuerzas conservadoras".

"En Uruguay, la libertad y las formas pacíficas de resolver los conflictos son la norma, por lo que no estamos en una situación en la que amerite intensificar las medidas represivas. Y la mejor manera de nunca llegar a una situación así es escuchar las demandas de la sociedad", concluye el texto.