La investigación administrativa que el Poder Ejecutivo realiza al exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, para conocer si existieron irregularidades en las misiones oficiales en las que participó, puso en el centro de atención el rol del fiscal de gobierno, cargo que ocupa actualmente. Además, el presidente, Luis Lacalle Pou, derogó un decreto que había sido firmado por su antecesor, Tabaré Vázquez, en 2019 y que le daba mayores potestades a los fiscales de gobierno. Ese decreto establecía que el Poder Ejecutivo tuviese que recabar la opinión del fiscal de gobierno en los casos en los que se interpusieran recursos jerárquicos “contra actos administrativos dictados por órganos desconcentrados”.
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