A 24 días del nuevo Código del Proceso Penal aún falta votar aspectos claves

El nuevo Código del Proceso Penal tendrá una implementación decente", había dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, el pasado 1º de febrero, día en que asumía por tercera vez como titular del máximo órgano judicial. Chediak hacía referencia a julio como mes de entrada en vigencia del esperado código.

Sin embargo, debió postergarse hasta el 1º de noviembre debido a las dificultades para llegar a tiempo con modificaciones que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial consideraban claves.

Hoy, a 24 días de que se cumpla con el nuevo plazo, el Parlamento todavía no ha dado sanción completa a aquellas modificaciones por las que se había decidido postergar en primer lugar, aunque desde la Fiscalía General de la Nación y desde el Poder Judicial esperan que entre esta semana y la próxima pueda saldarse el tema.

"Vamos a llegar un poquito justos, porque hay modificaciones sustanciales a las que le falta la aprobación de la Cámara de Diputados, pero creemos que va a estar en mejores condiciones a las que teníamos en julio", dijo a El Observador, la responsable de la implementación del nuevo código por parte de Fiscalía, Patricia Marquisá.

Este martes, la Cámara de Senadores votó algunas modificaciones que, según Marquisá, dan más garantías al proceso.

Entre ellas, se definió la creación de un juez de garantía que será quien actuará en las etapas previas al juicio. Su tarea será la de autorizar las medidas que solicite el fiscal en la etapa de investigación preliminar (como la realización de allanamientos o escuchas telefónicas), además de participar de las audiencias previas al juicio.

Tal es el caso de la audiencia de formalización, en la que se informará a un indagado que se inicia un proceso judicial en su contra. A su vez, esa audiencia servirá para que el fiscal solicite la prisión preventiva, si existe riesgo serio, y la audiencia de control de la acusación, en la que el fiscal acusará.

También será momento de proponer acuerdos con la defensa, por ejemplo, en un caso de accidente de tránsito la defensa y la fiscalía pueden estar de acuerdo sobre qué vehículo conducía el acusado.

Marquisá dijo que se trata de una modificación "muy importante" porque da mayor imparcialidad al juez que participará luego del juicio en el que se definirá si el acusado es absuelto o sentenciado, ya que no se ve "contaminado" por la investigación previa.

Para Marquisá, hubiera sido un contrasentido poner en marcha el proceso en julio con un solo juez, lo que resulta menos garantista.

Otro punto clave, que aún no ha sido sancionado por el Parlamento, es la modificación del sistema penal de menores para que se acompase con el de adultos y evitar un desfase que deje a los adolescentes con menos garantías.

Esta había sido una de las principales razones del fiscal de Corte, Jorge Díaz, para solicitar una postergación a la entrada en vigencia del nuevo código.

Por su parte, la responsable de la implementación del nuevo código por el Poder Judicial, Graciela Gatti, dijo a El Observador que desde julio se ha podido avanzar en las obras edilicias que requieren los juicios orales.

Este era uno de los principales desafíos del Poder Judicial, según había dicho Chediak.

Además, el tiempo que se ganó con la postergación permitirá llegar de mejor forma con los recursos humanos que exigirá el nuevo proceso, aseguró. "Creemos que van a estar todos los cargos designados, sobre todo en lo que refiere a defensores públicos", al tiempo que también se pudo dar más capacitación a los actores involucrados, explicó Gatti.

En los últimos días, el Poder Judicial trasladó a varios magistrados, suprimió y creó nuevas sedes penales para cumplir con los requerimientos del código. A partir de noviembre habrá ocho juzgados que continuarán trabajando con el código actual, y por tanto concentrarán todos los procesos que se inicien antes del 1º de noviembre; 16 se regirán por el nuevo código y cinco estarán integrados por jueces de ejecución, quienes estarán encargados de controlar el cumplimiento de la sentencia, y las condiciones de reclusión de quienes sean enviados a la cárcel.

El hecho de que varias modificaciones importantes del código del proceso sean aprobadas a pocos días de su entrada en vigencia preocupa al Colegio de Abogados de Uruguay.

El vicepresidente de la organización, Gabriel Valentín, dijo a El Observador que habrá un "déficit de capacitación", debido a que los abogados no contarán con el suficiente tiempo para estudiar el nuevo código tal cual será implementado.

"Seguramente no todos estemos suficientemente capacitados, pero ese es el problema de un proceso legislativo desordenado", agregó.

Sin embargo, Valentín consideró que no es conveniente que se vuelva a postergar, ya que eso "desalentaría" a los operadores judiciales. "Un nuevo código penal es de las reformas más importantes que puede haber en el país", concluyó.