El Ministerio de Economía y Finanzas compareció este martes ante la Asamblea General para informar las razones por las cuales se decidió activar la cláusula de salvaguarda relativa a la deuda pública. La ministra Azucena Arbeleche no compareció ante Parlamento por encontrarse fuera del país por temas de salud, informó el subsecretario, Alejandro Irastorza.
¿De qué se trata? El gobierno proyecta para 2021 un endeudamiento neto de US$ 2.762 millones. Esto es el total de emisión de títulos de deuda pública y desembolsos de préstamos, deducidas las amortizaciones.
Pero el nuevo marco fiscal incluido en la ley de Presupuesto quinquenal estableció un límite legal al máximo anual de endeudamiento, que para este año se fijó en US$ 2.300 millones (por debajo de los US$ 3.500 millones de 2020).
Ese nuevo marco de endeudamiento también incluye una cláusula de salvaguarda que es aplicable solo en circunstancias extraordinarias, como “situaciones de grave desaceleración económica, sustanciales cambios en precios relativos, situaciones de emergencia o desastres de escala nacional”, dice la ley 19.924.
La cláusula permite al gobierno ampliar en hasta 30% adicional el monto base de endeudamiento neto autorizado para el año, sin que ello altere el tope del año siguiente. En este caso su activación amplia el techo en US$ 690 millones para el presente ejercicio hasta US$ 2.990 millones.
El Poder Ejecutivo entiende que hay necesidad de habilitar la ejecución de la cláusula para hacer frente a los recursos adicionales que se necesitan para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia. Así se argumenta en un pasaje del informe de la última Rendición de Cuentas.
La ley de Presupuesto en su artículo 699 establece que las autoridades del MEF deberán comparecer ante la Asamblea General en un plazo no mayor a 30 días corridos luego de invocada la cláusula de salvaguarda.
Durante la presentación que realizó Irastorza junto al director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil, se brindó un detalle de por qué el Poder Ejecutivo se vio obligado a solicitar una excepción a ese tope de endeudamiento, que básicamente está asociado a los US$ 980 millones -equivalentes a 1,7% del PIB- el gobierno proyectó de gasto por la pandemia para 2021.
El senador del Frente Amplio, Daniel Olesker, fue el vocero de la oposición y no hizo mayores cuestionamientos a la solicitud del gobierno. En un pasaje, incluso recordó que el FA había reclamado un mayor gasto por parte del Estado durante 2020 para atender la emergencia social y económica. El legislador oficialista cuestionó que en 2020 el gobierno hubiera sobrecumplido su meta de endeudamiento en 0,3%, algo que hubiera permitido gastar unos US$ 380 millones más de lo que efectivamente ocurrió.
La directora de Política Económica, Marcela Bensión, respondió que era difícil proyectar el gasto en pandemia con la incertidumbre que hubo en su momento con lo que efectivamente luego terminó ocurriendo. De todas formas, indicó que ese sobrecumpliendo de la meta ayudó a elevar el Fondo Covid-19 previsto para 2021 respecto a 2020, a unos US$ 980 millones.
Inicio de sesión
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá