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Casa de Galicia: veto de Lacalle acusa trato "discriminatorio" y "en perjuicio" del resto de los trabajadores privados
El presidente Luis Lacalle Pou firmó este jueves el veto parcial el proyecto de ley para cubrir los créditos laborales de exfuncionarios de Casa de Galicia aprobado con votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio, los blancos Sergio Botana y Rosina Piñeyro (madre y suplente de Juan Sartori) y senador suplente del Partido Colorado, Germán Cardoso.
El veto, al que accedió El Observador, apunta contra la violación de dos artículos de la Constitución de la República –el 86 y el 8– y añade otras objeciones de índole económico, al tiempo que postula un proyecto alternativo que se atañe a la iniciativa original del Poder Ejecutivo.
Lacalle Pou apunta que el texto pretende establecer "un sistema de garantías de los créditos laborales específico para los trabajadores de la ex Casa de Galicia y en condiciones más ventajosas con respecto al resto de los trabajadores privados", con "plazos breves y perentorios para el pago", con una cobertura, a entender del gobierno, que "el resto de los trabajadores no tienen protegidos", en referencia a créditos posconcursales.
Lacalle detalló que "no se prevén exclusiones para el caso de trabajadores de determinada jerarquía o con vínculos personales con las autoridades empresariales, sin que exista una causa razonable que justifique tal trato discriminatorio en menoscabo de los demás trabajadores de la actividad privada que se ven afectados por la insolvencia empresarial".
Presidencia de la República sostuvo que "resulta ser más cuestionable, que se utilicen los fondos recaudados por concepto de contribución especial de seguridad social" –que grava los ingresos de la generalidad de los trabajadores– "para destinarlos a satisfacer los créditos de un grupo específico" (Casa de Galicia), "en desmedro del resto, sin que exista una relación razonable de proporcionalidad entre el medio utilizado y el fin perseguido" de garantizar el pago en 180 días.
El gobierno considera que los primeros tres artículos de la redacción del Frente Amplio en Diputados –acompañada luego por algunos de los socios– aplican la ley que establece el fondo de insolvencia patronal "en forma desigual y discriminatoria, favoreciendo a un grupo de trabajadores, en perjuicio del resto, sin que se desprendan del análisis de los antecedentes parlamentarios condiciones objetivas y razonables para el trato diferente, en clara violación del principio de igualdad consagrado en el artículo 8 de la Constitución de la República".
Lacalle Pou afirmó que los plazos de la ley aprobada esta semana "lleva irremediablemente" al "desfinanciamiento" del fondo del BPS "y a la necesidad de 'integrar' el mismo" y asistirlo durante un plazo indeterminado, "lo que lleva, entonces, a que el Tesoro Nacional deba afrontar un gasto por un monto y plazo indeterminados y sin que se establezca con qué fondos serán cubiertas dichas erogaciones".
El gobierno sostiene que debe haber un "cuidadoso manejo de las disponibilidades del Erario y la contención del gasto público", cuando el proyecto aprobado en el Parlamento no permite "conocer durante cuánto tiempo y por qué montos el Estado deberá estar asistiendo" al fondo de insolvencia laboral. Lacalle concluyó que esta redacción "afecta las disponibilidades del Tesoro y altera la planificación financiera, justificando también una observación por razones de mérito".
La alternativa que plantea el veto de Luis Lacalle Pou
El veto incluye también un sustitutivo para mantener la posibilidad de que los exfuncionarios accedan a lo adeudado por créditos laborales y sin que se afecte la solvencia del fondo del BPS. El texto postulado con el gobierno implica un fondo especial dentro del BPS con una transferencia de hasta 54.700.000 unidades indexadas.
El Fondo se constituirá con la transferencia de hasta 54.700.000 unidades indexadas, lo que equivale a los US$ 8 millones propuestos en un inicio por el Poder Ejecutivo y considerados insuficientes por la oposición y otros legisladores de la propia coalición.
