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Bancas vacías, posible veto y proyectos "inviables": la jornada parlamentaria que terminó en dos derrotas para el gobierno
Los brindis de champagne de la Bienal de Montevideo en el Salón de los Pasos Perdidos nada sintonizaban en la noche del miércoles con la sesión del Senado que desembocaba, a pocos metros de distancia, en dos naufragios parlamentarios.
Una jornada maratónica de negociaciones terminó con dos derrotas para el gobierno en la cámara alta, al filo del plazo constitucional para aprobar normativas presupuestales, y con las bancas coloradas y blancas (salvo dos) vacías.
Las conversaciones de los senadores oficialistas en la sala Martín C. Martínez desde las 15 de la tarde con los ministerios de Salud Pública, Trabajo y Economía no llegaron a buen puerto y al final ninguno de los dos proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo logró el necesario acuerdo político para salir del Parlamento, pese a que el Senado sí aprobó un texto sobre uno de los temas.
La comisión de Asuntos Laborales del Senado había aprobado en la mañana un texto promovido por el Frente Amplio que implicaba cifras más de tres veces mayor a las presentadas por el Poder Ejecutivo la semana anterior para pagar las deudas a los trabajadores de la liquidada mutualista.
Si bien el gobierno ofrecía US$ 8 millones para un fondo de insolvencia que cubriera las deudas que Casa de Galicia le dejó a 2.036 exfuncionarios médicos y no médicos cuando fue cerrada el 23 de diciembre de 2021 por haberes, despidos, licencias y aguinaldos impagos, los senadores frentistas sumaron el voto de la cabildante Irene Moreira para aprobar un texto que comprometiera US$ 30 millones.
Esa redacción, que los ministros tacharon de "inviable" en la reunión con senadores blancos y que anunciaron que derivaría en un nuevo veto del presidente Luis Lacalle Pou, obligaba también a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) a contratar en un plazo de 60 días a los extrabajadores que aún no consiguieron trabajo, estimados en unos 450 por la Federación Uruguaya de la Salud.
Los blancos Juan Straneo y Sergio Botana -quien ya había propuesto un proyecto de ley para que el fondo ascendiera a US$ 42 millones- sumaron sus votos a los del Frente Amplio y los de Cabildo Abierto -quien comprometió su apoyo siempre y cuando la bancada blanca no votara en bloque- para aprobar sobre las 21 de la noche el nuevo proyecto, ante los aplausos de exfuncionarios en las barras.
Para esa hora ya se habían retirado el resto de los socios de la coalición. "Ese proyecto es inconstitucional de acá a la China, porque tiene que tener la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y se aprobó uno sustitutivo (al del gobierno). En esto no hay dos bibliotecas, es un papelón demagógico lo que están haciendo y dejando a los trabajadores tanto técnicos como no técnicos sin la protección que les daba el Ejecutivo", dijo a El Observador la coordinadora de la bancada nacionalista, Graciela Bianchi.
Pese a las molestias por las similitudes entre la iniciativa aprobada en comisión y la suya propia, Botana ratificó su votación: "Es mi proyecto. Son las ideas que yo presenté antes que nadie y que las defiendo cuando nadie las defendía".
Hasta la noche del miércoles, las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado en la Cámara de Diputados se encaminaban a no dar el quorum en sala para ingresar el proyecto como "grave y urgente" -para lo que precisa dos tercios de los votos- de modo de que la ley no alcance siquiera el veto de Lacalle Pou.
El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos dijo no obstante a El Observador que "son todo especulaciones" y que "hay que esperar a ver qué pasa en las próximas horas". El General defendió la posición legislativa del partido a pesar de que la ministra de Salud, Karina Rando, estampó su firma para la iniciativa original del Poder Ejecutivo y asesoró a los senadores cabildantes para que no votaran la redacción aprobada en comisión, según supo El Observador.
"Lamentablemente los activos no fueron suficientes para cumplir con todos los créditos laborales de todos los trabajadores y eso lleva a que haya una deuda que con este proyecto de ley tratamos de subsanar en parte. Pensamos que va a ser mejor de esta forma y no por la vía judicial, con costos mucho mayores para el Estado", afirmó Manini Ríos.
"Esta solución es buena para el Estado en la medida que acota el costo y hace justicia con los trabajadores no médicos cuando hay una deuda con ellos y cuando el gobierno en su momento se comprometió a que todos iban a ser reabsorbidos", agregó Manini, quien le bajó el perfil a la división con los socios de la coalición, alegando que "hay diferencias".
La "agonía" de la Caja de Profesionales
Tras el fracaso de una reforma más integral en Diputados el pasado lunes, y luego de que el directorio de la Caja de Profesionales pidiera el gobierno "un último esfuerzo" para enviar "otra propuesta urgente", el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se puso al hombro en la noche del martes un nuevo proyecto para incrementar el aporte de los afiliados activos de un 16,5% a un 18% en el 2024, llevándolo a un 19% a partir del 2025, para "estirar la agonía" de la caja paraestatal, al decir de Lacalle Pou.
Sin embargo, el MEF puso paños fríos a esa propuesta, al tiempo que el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco, garantizó a los senadores oficialistas que la Caja de Profesionales no se quedará sin reservas y que, alcanzado ese extremo, el Estado se encargaría de un "salvataje".
"En la coalición no había nadie de acuerdo. El Estado asegura que hay espalda financiera, a los profesionales no los vamos a dejar solos, y pasado el plazo constitucional, vamos a poder trabajar en una solución", dijo Graciela Bianchi, coordinadora de los blancos en el Senado.
Las autoridades estiman que las reservas alcanzan hasta mayo o junio de 2025, con un nuevo gobierno en el poder. Antes de volver al Plenario y no ingresar el último intento de reforma para su votación, los senadores de la coalición acordaron que podrán retomar el tratamiento del texto en la comisión de Asuntos Laborales y llevarlo a votación en noviembre de 2025, cuando haya pasado el balotaje.
"Es un cambio del original que hace recaer el oxígeno solo en los activos", sostuvo el herrerista Rodrigo Blás. "Como entendemos que no hay una limitación en el plazo, porque no hablamos de generar gasto, tenemos tiempo de buscar otra solución después del ciclo electoral, o dejarlo para el próximo gobierno, llegado el caso", declaró a El Observador.
La coordinadora blanca Graciela Bianchi sentenció: "Pasado el balotaje vamos a poder llegar con un proyecto muy consensuado, nosotros o el otro gobierno".
