Centro de seguridad de Antía recibe consultas de privados: calculan US$ 20 mil por cada sitio de videovigilancia

El buque insignia de la administración de Enrique Antía –cuestionado en el FA por el monto (casi US$ 20 millones) de una compra directa que evitó los lentos procesos de una licitación internacional, y que sigue de cerca el Ministerio de Defensa de Israel, pero premiado en calidad y apuntalado en su momento por el gobierno de Tabaré Vázquez– va camino a una nueva etapa.

Cuando a fines de febrero concrete la ampliación de 330 cámaras –para completar la infraestructura de unos 1.500 dispositivos– la comuna abre la puerta a que privados costeen sus propias cámaras para incorporarlos al sistema que desde el centro de comando vigila la Policía, más otro 25% para zonas donde los vecinos no tengan el dinero suficiente, y cuya locación determine la Jefatura maldonadense.

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La intendencia –que creó para esos fines la Fundación Maldonado Seguro– ya recibe consultas. Entre ellas se cuentan la de la liga de fomento de José Ignacio y la comunidad de Solanas, que están en conversaciones informales con la comuna. 

Según transmitieron vecinos de Solanas a El Observador, el planteo toma como base la reciente instalación de la fibra óptica y la creciente residencia estable –de todo el año– en el complejo, que ya adelanta esos síntomas mientras se pulen los detalles para instalar un nuevo colegio y el abogado Jorge Barrera abre su estudio jurídico en el lugar.

La Unión Vecinal de Punta Ballena también estuvo desde el año pasado en esas gestiones, pero terminaron dando con una alternativa más barata. “Por una cuestión de costos no llegamos a concretarlo. Por cada punto eran unos US$ 20 mil, una cifra importante y el barrio tomó otros caminos”, dijo el vecino Horacio Rodríguez a El Observador, relatando que fueron por una empresa privada, algunos con cámaras privadas en sus casas. Otra de las trabas es que los vecinos precisaban una autorización judicial para acceder a cualquier video captado por el sistema.

El jerarca de la intendencia responsable del centro, Sergio Bonilla, confirmó a El Observador que cada “sitio” completo, con cuatro cámaras y un domo –con capacidad periférica– sale en el entorno de esa cifra, aunque puede variar según el tipo de conexión barrial, necesaria para la transmisión en tiempo real.

Tanto el intendente como el jefe departamental de Policía, Julio Pioli, defienden esa política. “En el caso de que se diera un caso en un barrio privado al este del arroyo, donde hay mucho desarrollo urbanístico, se va a hacer un estudio técnico y se va a hacer el mismo criterio estratégico de cubrir ingresos y egresos de los lugares, o puntos con una visión global. No se va a instalar en cada esquina”, dice Pioli a El Observador desde el mismo centro de comando. Antía también descarta que esto implique poner la infraestructura pública al servicio de quien pueda pagarla.

Cómo funciona

El centro, que fue una promesa de campaña de Antía, fue colocado por la empresa privada israelí Elbit Systems LTD, la misma que ahora muestra su interés en el reciente acuerdo firmado por el ministro Luis Alberto Heber y el intendente Yamandú Orsi, para instalar 1.800 cámaras de videovigilancia en Canelones. El Ministerio del Interior anunció además el mismo sistema para los ejes de ruta en Rocha y Canelones, aprovechando la capacidad ociosa de los servidores fernandinos.

“Lo bueno del proyecto es que se pensó globalmente con una mirada estratégica de abarcar todo el departamento, todas las ciudadades con sus vías de accesos y egresos. Eso es un diferencial a sistemas que hay instalados en otros lados, que están más sectorizados por barrios u otros lados. Acá nació con la mirada estratégica de abarcar todos los puntos de acceso”, defiende el jefe de Policía de Maldonado.

Al igual que con las instalaciones de alcance nacional montadas en el predio de la Guardia Republicana en Montevideo, el Centro de Comando Unificado de Maldonado concentra en esta sede todas las llamadas al 911. El comisario a cargo, Oribe Olivera, pide a los vecinos del departamento que llamen desde un teléfono fijo, dado que cualquier llamada de un celular –incluso si utiliza el prefijo de Maldonado– caerá en el comando montevideano, obligando a transferir la llamada.

Las autoridades policiales aseguran que el 23% de los formalizaciones y condenas en juzgados de Maldonado requieren del material de la videovigilancia cuando la Fiscalía junta las pruebas, un guarismo que lleva a Antía a justificar la inversión –“el chorro sabe que acá no es fácil”, dice–, por más que las denuncias por delitos hayan aumentado desde el 2016 hasta la pandemia, como informó Brecha dos años atrás.

El el centro de comando trabajan unos cien policías cada día, con un área llamada de “analítica” cuyo acceso es reservado, desde donde se revisan los videos para pasar prueba a Fiscalía. Tiene esa flexibilidad que permite mirar un mes para atrás o un mes para atrás para ver qué pasaba antes de que llamaran al 911”, afirma Pioli.

Ante la consulta de cuán seguro es el hecho de que el Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel (Sibat) audite el sistema –que por su parte tiende a recibir las visitas del empresario Avi Staroselsky– el jefe de Policía concluye: “Cada vez que se accede queda un registro. El sistema es inviolable, si se extrajera una filmación, se ve. Y no se puede editar adentro del sistema”.