Crisis en Salto Grande desnuda el mal negocio del clientelismo

La dimisión se produce pocas horas después de que el Parlamento aprobó una interpelación al canciller Francisco Bustillo y a la ministra de Economía Azucena Arbeleche para que den las explicaciones del caso ante las denuncias de clientelismo difundidas en la prensa.

"Es una decisión nuestra porque es un momento importante en el que no hay que dar lugar al oportunismo político. Hay que cuidar al gobierno. Ese paso es por eso. Hay un bien mayor y es lo que estamos cuidamos por esto", sostuvo Albisu el viernes en conferencia de prensa desde Salto al anunciar su renuncia.

Era evidente que la presión para que alguien con aspiraciones al sillón municipal de la intendencia de Salto se mantuviese al frente de la CTM se volvió insostenible. No pudo hacerlo luego de haber excedido los límites razonables ante la contratación de varios correligionarios en cargos de confianza en Salto Grande.

Por lo bajo se susurra en los corrillos que esto del clientelismo político sucede desde los comienzos de la República en todos los ámbitos del Estado: sea el nacional, el departamental, los entes públicos e incluso el Parlamento de la República. También que es moneda de cambio en todos los partidos políticos y que no hay santos ni inocentes. Formaría parte de esta forma que tiene el Uruguay para gobernarse.

En ese Uruguay que siempre está por nacer hacia algo nuevo y cuyos dolores de parto se amortiguan con la presencia omnipresente del viejo Estado batllista, este tipo de noticias, y sus justificaciones, como las que se dieron cuando la información corrió como reguero de pólvora en las radios generan malestar e incomodidad.

En la oposición, que la utilizará en campaña, ni que hablar, pero también entre los votantes de la coalición multicolor y en aquellos que consideran que el presidente de la República Luis Lacalle Pou está haciendo un buen gobierno, modificando el modelo económico y concretando reformas claves que el país necesitaba y nadie se animaba a hacer.

Teniendo hoy un país estable en todo sentido, con el desempleo en índices bajísimos, la inflación controlada, con crecimiento leve pero sostenido de la economía; con la credibilidad reconocida por las calificadoras de riesgo y habiendo sorteado con éxito la terrible pandemia del coronavirus, la sequía y las consecuencias de la guerra en Ucrania este tipo de “errores de apreciación” que se cometieron en Salto Grande son tan inadmisibles como innecesarios.

Una vez que finalice la discusión de la Rendición de Cuentas el país se meterá de lleno en una campaña electoral donde el eje de continuar esta nueva senda con el norte en la libertad del individuo se enfrentará a los embates del volver atrás, a lo que había antes. Eso es lo que habría que debatir y discutir. No tener que distraerse en otros temas.

El anuncio del PIT-CNT de querer nacionalizar de nuevo el sistema previsional derogando las AFAPS que puede terminar arrastrando a todo el Frente Amplio es una señal inequívoca de lo que estará en disputa. La izquierda radical anticapitalista movida ideológicamente por patrones que han demostrado estar obsoletos, pretenderá poner en jaque los cambios positivos que trabajosamente ha logrado articular este gobierno.

El manejo de la pandemia apelando a lo que se denominó la libertad responsable esbozó un pacto nuevo entre la sociedad uruguaya y la política. Algo a mi juicio muy alentador en la construcción del Uruguay del siglo XXI. El gobierno apeló al uso de la libertad del individuo y no la antepuso a la del Estado benefactor: todo lo contrario, logró una complementación activa donde cada cual cumplió su papel, pero siempre teniendo a la persona como eje de su accionar. 

Pese a que quedan temas pendientes como la reforma del sistema carcelario y la inserción internacional con el Mercosur como lastre, es demasiado preciado lo que dificultosamente se ha conseguido labrar en estos últimos años como para no lograr dimensionarlo. Porque, además, los cambios que se alcanzaron fueron hechos bien a la uruguaya.

Por eso este tipo de noticias como la que tiene a las contrataciones de confianza en la CTM de Salto Grande como centro y cuya consecuencia fue la renuncia de Albisu no deberían ocurrir.

Tanto en filas del Partido Nacional como en sectores del gobierno se respiró con alivio el anuncio de su dimisión.

La enseñanza sería que hay que escuchar a las alarmas antes de que el agua llegue al río. El bien mayor al que hace referencia el renunciante presidente del organismo binacional debió ser cuidado de otra manera. Los cargos de confianza en un país donde el Estado es el principal empleador deben tener muy claras las reglas del juego y del sentido común. En este caso -lamentablemente- ambas faltaron a la cita.