Denuncia de gansterismo oficial

Las denuncias, dadas a conocer por el periodista Jorge Lanata, provinieron de dos fuentes. Una fue Martín Lanatta, condenado a condena perpetua por participación en el crimen. La otra fue el expolicía José Luis Salerno. Lanatta aseguró que “quien dio la orden (de los asesinatos) fue Aníbal Fernández”. Salerno, por su parte, también lo implicó en el hecho. La información, recogida por Lanata en entrevistas en su popular programa Periodismo para todos, dista de estar confirmada. Fernández la niega enfáticamente, asegura no conocer a sus acusadores y atribuye todo a maniobras difamatorias para perjudicarlo en sus aspiraciones electorales. Pero igualmente ha desatado un terremoto institucional para un gobierno asediado por denuncias de corrupción.

Puede sospecharse de la credibilidad de los informantes de Lanata, especialmente el convicto condenado por su intervención en el crimen. Pero lo que no deja dudas es lo ocurrido al día siguiente del programa televisivo. En horas de la madrugada hubo dos pedreas contra las garitas de los guardias en el edificio en que vive el periodista y se encontraron en la acera cuatro casquillos de balas calibre 38. El claro intento intimidatorio se agravó con amenazas telefónicas que Lanata dijo haber recibido. La Justicia ya se ha hecho cargo del oscuro episodio, cuya definición es incierta en un país donde jueces valientes y honestos conviven con otros que les hacen diligentemente los deberes al poder político.

Basta recordar el reciente caso del juez Claudio Bonadío, que fue arbitrariamente separado de su cargo cuando investigaba las andanzas financieras y el enriquecimiento de la gobernante dinastía Kirchner. Después de recibir amenazas, el magistrado pidió en televisión que busquen al culpable “si aparezco suicidado”. Su irónico comentario estaba referido a la sospechosa y nunca aclarada muerte del fiscal Alberto Nisman, cuando se aprestaba a denunciar ante el Parlamento a la presidenta bajo cargo de ayudar a Irán a eludir responsabilidad en el sangriento atentado contra la institución mutual judía AMIA hace dos décadas.

A diferencia de la forma en que actúa la Justicia uruguaya ante irregularidades de jerarcas importantes, como ocurrió en el caso Pluna, el kirchnerismo se las arregla para que jueces amigos impidan el esclarecimiento de presuntos delitos de todo tipo que sus opositores denuncian asiduamente. Pero al efecto acumulativo de tantas acusaciones y de acciones judiciales burdamente coartadas, se agregan los resonantes cargos de gansterismo criminal y narcotráfico contra Fernández para acentuar el descrédito y la repulsa popular a un gobierno que desprestigia a un país que merece mejor destino.