El refugio “La Heroica” de Paysandú -administrado por el Mides y por la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ)- dejará de funcionar en su modalidad actual el 30 de setiembre luego de que la ACJ no volviera a presentarse a la licitación. El hogar funciona las 24 horas y es el único que recibe mujeres en situación de violencia con sus hijos en ese departamento.
Sin embargo, a partir de octubre, el lugar pasará a ser otro refugio que solo funcionará de noche y no admitirá menores de edad ni personas mayores con enfermedades como lo hace en el presente. Desde el Mides dijeron a El Observador que se trata de un "cambio de modalidad" del centro.
En La Heroica viven 8 mujeres víctimas de violencia doméstica sin trabajo y con hijos menores. Patricia Muriera es una de ellas. Tiene 26 años y vive en el refugio con 4 hijos desde hace un mes y medio. "Tenemos dos opciones: quedarnos y que el INAU nos saque a nuestros hijos o irnos a Montevideo", dijo Muriera a El Observador.
Ante la amenaza de perder la custodia de sus hijos o quedar en situación de calle, algunas mujeres ya abandonaron el refugio. “Hubo dos mujeres que optaron por volver con las mismas exparejas que las golpeaban con tal de no perder a sus hijos”, dijo Muriera.
El diputado nacionalista de Paysandú, Nicolás Olivera, se reunió a principios de mes con las mujeres que viven en el refugio para conocer la situación e intentar comunicarse con el Mides, pero no obtuvo respuesta. “Los asistentes sociales les dijeron que fueran a la casa de un pariente o que dejaran que el INAU se encargue de los hijos”, dijo Olivera a El Observador.
El 6 de setiembre, Olivera llevó el tema al Parlamento para dar a conocer la situación. El legislador también elevó el informe al Mides, la Intendencia de Paysandú y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
En el refugio también viven tres personas mayores sin jubilaciones y con problemas de movilidad, como Estela Muela: “Las opciones que nos están dando es irnos a un refugio de Montevideo que sólo funciona de noche o trasladarnos a otro departamento”.
En Salto ya se vivió una historia similar. La Junta Departamental reclama desde 2018 que reabra el Refugio transitorio para víctimas de violencia doméstica que funcionaba desde 2013 y que fue cerrado en 2016 durante la administración del actual intendente, Andrés Lima. Quien supo ser el presidente de la Junta Departamental, Alberto Villasboas, dijo a El País en marzo de 2018 que la decisión del jerarca frenteamplista se había tomado “por el solo hecho de que era un proyecto de la administración anterior”.
La ausencia de ese centro especializado fue uno de los puntos que resaltaron las organizaciones feministas en su discurso el 8 marzo de este año, durante la movilización por el día de la mujer en la capital salteña. "(No) funcionan los refugios para las mujeres en situación de violencia y de vulnerabilidad económica, aunque se cuente con la infraestructura para ello", expresó la proclama, según consignó Diario Cambio, un medio local.
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