El lunes, diputados del partido La Libertad Avanza presentaron un proyecto para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Además, proponen que el aborto sea punible en casos de violación, salvo que sea decidido por un juez.
El proyecto, iniciado en la Cámara de Diputados y presentado por Rocío Bonacci, tiene como objetivo la derogación de la ley que establece el aborto seguro, legal y gratuito. El documento cuenta con las firmas de Oscar Zago, Lilia Lemoine, Manuel Quintar, Beltrán Benedit y Maria Fernanda Araujo.
En el argumento del proyecto, sostienen que "la ley actual no es constitucional y va en contra del sentir general del pueblo argentino". Además, argumentan que no contempla la dignidad de la persona humana, por lo que consideran necesario promover su derogación.
Entre los considerandos del documento, mencionan que la Interrupción Voluntaria del Embarazo es una "falsificación al llamar al acto que es, lisa e indubitablemente un aborto por lo que fue claramente la intención la de confundir a partir de un eufemismo que lo único que persigue es hacer creer el reconocimiento por ley de un derecho al aborto, mientras que se está realmente ante el derecho a acabar con la vida de la persona por nacer".
Con referencias a cuestiones científicas de las que no se citan fuentes, el proyecto señala: "El comienzo de la vida humana hace tiempo que ha sido aclarada por la ciencia. En efecto, la genética moderna ha demostrado que desde el instante de la fecundación se forma un nuevo individuo de la especie humana, con carga cromosómica propia, característica que lo convierte en una entidad distinta a su madre".
Más adelante en el documento, se refieren a los casos de abortos posteriores a una violación. El extenso párrafo describe: "Decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del CP, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta", y cierra su idea con la creencia de que "no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente".
Por último, los firmantes del proyecto afirman que "la tremenda crisis que vive nuestro país no es solo política o económica, es fundamentalmente moral. La clase política debe retomar el concepto de “bien común” como elemento fundante del principio de jerarquía. Así se recupera una legitimidad que hoy es cuestionada, y que solo se reconstruirá si se despliegan las condiciones institucionales, materiales y espirituales que posibiliten el normal y pleno desarrollo de todos y cada uno de los argentinos".
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