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Dos uruguayos procesados en Argentina por lavado de dinero de funcionario kirchnerista
La Justicia argentina procesó a dos uruguayos por presuntamente colaborar con el lavado de dinero del exfuncionario kirchnerista Gustavo Gentili, según informó La Nación y confirmó El Observador con fuentes judiciales argentinas.
Gentili, sus hijos Santiago y Federico, su presunto testaferro Ricardo López Naón y dos uruguayos fueron procesados por el supuesto lavado de cerca de US$ 1,5 millones. Además, fueron embargados por un total de 2.179 millones de pesos argentinos. Todos permanecerán en libertad mientras continúe el proceso.
El procesamiento en Argentina se da cuando un juez interpreta que hay delito y ya se pueden tomar medidas cautelares como el embargo. Sin embargo, aun no hay una condena.
Gentili fue funcionario de la Dirección General de Vialidad y del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) y en ese cargo presuntamente cobró coimas que luego intentó blanquear por distintas maniobras.
Esas maniobras incluyen al menos la compra de dos departamentos, por US$ 200 mil y US$ 238 mil, en Montevideo y la simulación de un préstamo por casi un millón de dólares.
En esa simulación es que, según la Justicia argentina, participaron los dos uruguayos y “diseñaron el andamiaje necesario para simular el préstamo de dinero –fruto de sus conocimientos y experiencia en la materia– y participaron activamente de su materialización, con el objeto de ingresar el dinero espurio al sistema económico formal y no dejar rastros que posteriormente los comprometa, vulnerando obviamente las reglas correspondientes a su actuación profesional”, según un pasaje del dictamen publicado por La Nación.
Los documentos judiciales argentinos aseguran que Gentili declaró ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que contrajo un préstamo por más de un millón de dólares en el exterior con la firma uruguaya Aspen.
En junio de 2016, DPM Corredor de Bolsa SRL fue sancionado con 300 mil Unidades Indexadas (US$ 34,200 en ese entonces) por deficiencias e incumplimientos constatados en relación a las normas relativas a la prevención del uso de los intermediarios de valores para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y por realizar actividades ajenas al objeto exclusivo que se les exige.
En una inspección realizada en 2014, que derivó en la sanción, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central detectó que para los clientes que operan por "montos significativos o estén ubicados en las categorías de mayor riesgo, en los informes circunstanciados no consta información sobre su actividad y el origen de los fondos".
En 2017 tuvo otra sanción menor por incumplir normas del mercado de valores y poco después comunicó el cese de actividades que se efectivizó el 24 de marzo de 2017.
