El Big Bang fiscal del impuesto a las grandes fortunas: un capricho de Sánchez que espanta inversores 

“Si no hay inversión nacional, no hay economía”, sentenció Macron. 

España se quedó sola aunque desde 2022 tiene una “clonación” del tributo, el impuesto a las grandes fortunas, una invención del socialista Pedro Sánchez como castigo fiscal para las autonomías opositoras que habían empezado a bonificar la totalidad o parte del ya moribundo impuesto sobre el patrimonio. 

Está descontado que los recursos de inconstitucionalidad presentados por Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia (el tribunal se pronunciará primero sobre el de Madrid por ser la autonomía más afectada), serán rechazados y desestimados en cada uno de sus planteamientos.

Así, con el aval jurídico, el impuesto excepcional que nació con un horizonte de vida de dos años, seguramente se integre al paisaje tributario español. Y se habilite esta suerte de “fast track” (vía rápida) para sacar gravámenes sin los interminables vericuetos del cauce legislativo (que hacen a la seguridad jurídica, por cierto). Pero la batalla fiscal continuará..

Efecto frontera: las fortunas se mudan

Desde el punto de vista económico, el “efecto frontera” o la deslocalización es un perjuicio más que probado que no se ve compensado por fines recaudatorios. 

Es una carga que encarece el componente fiscal del costo de capital de las empresas, que penaliza el ahorro, la inversión y la productividad y alienta la deslocalización del ahorro y de los contribuyentes con más talento a terceros países cercanos que no aplican estas figuras tributarias o que tienen regímenes especiales para expatriados, como es el caso de Portugal o Italia. 

Por otro lado, el Gobierno cree que debe poner límites a la competencia fiscal entre comunidades autónomas, encargándose de una “armonización tributaria” cuando se eliminan impuestos. 

En este sentido, los especialistas traen el ejemplo de Canadá donde la competencia entre las distintas regiones por ser atractivas para la inversión llevó a la supresión de este tributo.

Los únicos países europeos donde subsiste el impuesto al patrimonio son Noruega y Suiza. En Noruega la tasa es del 0,95% para patrimonios por encima de los 180.000 euros y del 1,1% para los que tienen más de 2,1 millones de euros. 

Mientras tanto en Suiza el impuesto es gestionado por cada cantón, que puede jugar con las bonificaciones y las tasas impositivas, que actualmente van desde el 0,001% al 0,525%.

Comparemos con el esquema ideado por Sánchez. El gravamen parte de los 3 millones de euros con una tasa del 1,7%.

A partir de los 5,34 millones de base liquidable la tasa es del 2,1% y desde los 10,69 millones en adelante se aplica el 3,5%.

El impuesto es exigible básicamente a aquellas fortunas de más de tres millones de euros (si bien a partir de ahí hay un mínimo exento de 700.000 euros para los residentes y son descontables 300.000 euros del valor de la vivienda habitual, lo que eleva para muchos el umbral a 4 millones), arrojando una cuota de la que es deducible el Impuesto de Patrimonio pagado. 

El resultado es que sólo hay 12.010 contribuyentes con semejantes fortunas que hayan declarado el impuesto, el 0,1% del total, frente a los 231.000 de Patrimonio. 

Una aclaración: toda la riqueza ligada a la empresa familiar está exenta de Patrimonio y del nuevo tributo y, por tanto, no aparece en estas cifras.

Los 12.010 mayores patrimonios de toda España han terminado aportando un total de 623 millones de euros a las arcas públicas mediante el nuevo impuesto a las grandes fortunas. Los madrileños aportaron 9 de cada 10 euros.

Legalmente impresentable

Los juristas están todos de acuerdo. El impuesto es inconstitucional. Por una cuestión formal relacionada con la tramitación del impuesto, por vía acelerada y con límites al debate parlamentario, que elimina la posibilidad de mejora del texto legal. 

Además, se introduce como enmienda en un proyecto legislativo sin relación alguna, algo que está vedado por el Tribunal Constitucional. Es el proyecto de los gravámenes temporales a la banca y energéticas. 

El nuevo impuesto era, asimismo, completamente innecesario. Hacienda podría haber actuado sobre el ejercicio de la autonomía fiscal de las comunidades que bonifican el Impuesto sobre el Patrimonio modificando la ley para lo cual debería haber convocado convenientemente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Como si faltaran argumentos, se atenta contra la seguridad jurídica, ya que la creación del tributo fue conocida a finales de noviembre y fue aprobado en diciembre del 2022, el mismo año en que entró en vigor, lo que impone serios cuestionamientos sobre su retroactividad y sobre la capacidad de los sujetos pasivos para reaccionar a la medida.

Por último es claramente confiscatorio, ya que puede generar cargas muy superiores al 60% si se suma lo tributado en IRPF o la parte en la que rebase lo pagado por Patrimonio en algunas autonomías que bonifican, como Andalucía (100%), Madrid (100%), Galicia (50%) y Murcia (100%).

Incluso pueden recaer sobre patrimonios no productivos. Esto significa que muchos de los patrimonios gravados tienen rentabilidades inferiores al 3,5%, la tasa máxima, de modo que el impuesto podría agotar totalmente el rendimiento de los activos.

Segundo round: las autonomías contraatacan

La carrera de rebajas impositivas continúa. Casi como una provocación a la revancha de Sánchez hay muchas autonomías que han cambiado de signo político y no están amedrentadas. 

Cuatro comunidades autónomas -Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y La Rioja- ya han aprobado o al menos iniciado los trámites para bonificar total o casi totalmente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, mientras que los gobiernos de otras cuatro -Aragón, Cantabria, Murcia y Extremadura- también prometieron hacerlo durante la campaña. 

Se trata en todos los casos de comunidades cuyo gobierno ha cambiado tras el 28 de mayo, con el ascenso del Partido Popular (PP) a excepción de Canarias, donde el PP es el socio minoritario de un Gobierno encabezado por Coalición Canaria pero en el que la consejera de Hacienda es del PP.

Pero la fricción viene de más lejos. Ya en 2018 la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmaba que el Gobierno pretendía “armonizar” el impuesto de sucesiones y donaciones entre las distintas comunidades autónomas. Un discurso que hoy vuelve sin matices.

El comentario venía a cuento de la promesa de campaña del PP y Ciudadanos de bonificar casi la totalidad del impuesto (99%) si se imponían en Andalucía, cosa que cumplieron en 2019.

El de Sucesiones es, junto al Impuesto sobre el Patrimonio, uno de los tributos que encarnan la discusión ideológica de los modelos fiscales defendidos por izquierda y derecha. 

Porque el Big Bang fiscal se sigue expandiendo.