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El conflicto entre economía y medio ambiente detrás de las protestas mineras en Bolivia
La Paz, capital administrativa de Bolivia, está sacudida por las demandas de los sindicatos mineros del oro, que reclaman la anulación de la resolución que les impide trabajar legalmente en las áreas protegidas del país, en particular en el Madidi, el parque con mayor biodiversidad de flora y fauna del mundo.
El auge de la explotación del oro va de la mano del aumento del precio en el mercado mundial que se duplicó en la última década.
El miércoles, grupos de mineros atacaron con piedras y ocuparon temporalmente las oficinas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Pedían que esta institución cambie la norma que les impide operar en el parque Madidi, ubicado en el noroeste de Bolivia, en la cuenca amazónica, que es la zona en la que se concentran las explotaciones de oro del país.
En esta parte del territorio, el oro se encuentra en el lecho y en las orillas de los ríos. Para extraerlo, los mineros lo tratan con mercurio, una sustancia que contamina fuertemente el agua para consumo humano y animal así como los cultivos cercanos a los ríos.
Varios estudios confirman la ingesta de pescados contaminados por parte de pobladores cercanos así como enfermedades neurológicas provocadas por el mercurio.
Los manifestantes cargaron contra las oficinas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, a la que acusan de “no darles seguridad jurídica”. Los contratos de derechos mineros tardan mucho y rara vez se concluyen de manera definitiva, porque deben ser aprobados en último término por el Parlamento.
La policía dispersó a los manifestantes mineros con gases lacrimógenos y detuvo a varios mineros.
En Bolivia existe una disputa entre empresas y pueblos indígenas por la titularidad de las áreas de explotación. La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (FECMABOL), cree que estas dificultades favorecen a la minería ilegal, la que la extrae oro sin permiso alguno del Estado, que crece fuertemente en el último tiempo por el aumento del precio del oro.
FECMABOL exige 5.000 “cuadrículas” con potencial aurífero que están en manos de la empresa estatal de minas. Para lograr sus peticiones recurrirá, tras las manifestaciones urbanas, al “bloqueo de caminos”, tradicional método de lucha de los sindicatos bolivianos.
El presidente Luis Arce, que estos días cumple su tercer año en el poder, dijo en un acto militar coincidente con las protestas, que la Armada boliviana tiene el deber de impedir la minería ilegal del oro.
Los ríos bolivianos están bajo jurisdicción de la Armada y lo dicho por el presidente tiene sentido ya que para la explotación de este metal se usa dragas que navegan los ríos donde se presentan las mayores oportunidades mineras.
Desde distintos sectores se critica a las autoridades por no poner suficientes límites a las cooperativas mineras que apoyan al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). La FECMABOL articula a unas 1000 cooperativas y cuenta con más de 80.000 afiliados, y solo equivale al 5% de todas las cooperativas, tanto auríferas como de otros minerales.
Aunque este tipo de empresas nació para hacer minería de supervivencia tras el cierre de las grandes mineras estatales en los años 90, en tiempos del neoliberalismo, con el aumento del precio de los minerales volvieron a cobrar fuerza.
Entre las cooperativas hay algunas de supervivencia de mineros artesanales y otras que son de empresas poderosas que explotan mano de obra asalariada bajo el disfraz del cooperativismo, pues este les permite eludir el impuesto a las utilidades y otros gravámenes.
Los grandes inversionistas del oro suelen ser chinos y colombianos. Una de las demandas de la movilización de mineros es la aprobación de un código tributario que establezca un aporte fijo anual de 4,5% de la producción.
El Gobierno quiere que este impuesto sea de 7%, para beneficiarse un poco más de la “fiebre del oro” que mueve a Bolivia desde hace algunos años y que hasta ahora fueron explotadas por las cooperativas.
En 2022, estas exportaron U$S 3.000 millones. Con esta cifra, el oro se convirtió en la principal exportación boliviana, por delante del gas y el zinc, y mucho más que la soja. El precio internacional del oro se duplicó en la última década. Un kilogramo costaba alrededor de U$S 30.000 en 2013 y ahora es de U$S 60.000.
(Con información de agencias bolivianas y de El País de Madrid)
