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El desafío de la investigadora sobre Fenapes: lograr que alguien acepte ir a declarar al Parlamento
La Comisión Investigadora que en Diputados indaga las denuncias sobre la presunta justificación irregular de faltas por parte de docentes de Secundaria enfrenta un desafío: conseguir que los convocados acepten ir al Parlamento a informar sobre el asunto. Esta situación fue recurrente a lo largo de todo el período de actuación, pero que se acentuó en este último tramo, sobre todo a partir de la decisión de los legisladores del Frente Amplio de no asistir más a las sesiones, bajo el argumento de no querer seguir acompañando el "circo político" ambientado por el oficialismo.
También se alimentó por la negativa sistemática de varios convocados integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), que alegan "falta de garantías".
La situación llegó a tal grado que la comisión decidió pedirle a la secretaría la realización de un relevamiento para saber, efectivamente, cuántos de los invitados concurrieron y cuántos quedaron sin asistir.
También se le pedirá ayuda a la Dirección General de Educación Secundaria a los efectos de solucionar un inconveniente práctico: en algunos casos, los diputados carecen hasta de direcciones, teléfonos o cualquier vía de contacto de las personas a las que pretenden convocar.
El tema fue discutido este lunes en la última sesión de la comisión, que volvió a sufrir deserciones o faltas, con o sin aviso, de varias personas a las que se pretendía interrogar.
Nada más empezar la reunión, se informó de dos desistimientos. Entre ellos, nuevamente, el expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Wilson Netto. La comisión había decidido convocarlo nuevamente, luego que en setiembre del año pasado el exjerarca alegara que "nada tengo que aportar al proceso de investigación parlamentaria". El argumento fue que el tema ya era objeto de una investigación administrativa por parte de Secundaria.
En la jornada hubo otras negativas. La investigadora había convocado a María de Lourdes Acosta, una profesora jubilada. Minutos antes de la sesión, la exdocente confirmó vía correo electrónico que no asistiría. Lo mismo sucedió con la profesora Sandra Amorena, que en lo previo sí había confirmado pero de la que luego no se tuvieron más noticias.
Pero la situación más llamativa estuvo relacionada con Marcel Slamovitz, el dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), uno de los principales implicados en el uso irregular de las licencias, presuntamente amparadas en el Estatuto Docente.
Hubo dos contactos por parte de la secretaria de la comisión con ese docente. Allí, según las actas, se le notificó el "interés" y la "importancia" de su presencia. A la segunda invitación, Slamovitz manifestó que "estaba evaluando con su abogado" la posibilidad de comparecer. En un tercer intento, hace pocos días, para lograr su confirmación o desestimiento, el dirigente sindical remarcó que "aún no había definido su posición" y que lo informaría vía electrónica.
Ya avanzada la reunión de este martes, Slamovitz seguía sin dar respuesta. "Quizá con el correr de la sesión pueda llegar algún correo electrónico con algún mensaje del profesor", manifestó esperanzando el presidente de la investigadora, el nacionalista Alfonso Lereté. El diputado quiso dejar constancia de que se insistió vía celular para poder contactarse con el docente. "La suerte fue esquiva".
Los diputados consideran fundamental el testimonio de Slamovitz para conocer "de su propia voz" todo lo relacionado con el asunto. Sobre todo a partir de que la Dirección General de Educación Secundaria confirmó el mes pasado que fue separado de su cargo y el 50% de sus haberes retenidos, en el marco de la investigación administrativa que se le sigue por el uso de licencias irregulares. Así fue ratificado la semana pasada ante la comisión por el secretario general del organismo, Bautista Duhagón, que se excusó de dar más detalles amparado en la reserva del caso, que sigue su curso.
La comisión debió contentarse este lunes con el testimonio de la profesora Leonela Martínez, la única que asistió. En 2017 había sido la subdirectora del Liceo 3 de San José, un departamento donde se produjeron la mayoría de los hechos investigados. Hoy se desempeña como docente de educación visual y plástica en los Liceos 16 y 53 de la capital.
Según lo que declaró, en su condición de subdirectora su rol no era justificar inasistencias. "Sí estaba al tanto de la situación, obviamente, pero desconozco quiénes eran los docentes involucrados", aclaró.
A Martínez le mostraron el formulario que usaban los docentes para justificar las inasistencias. "No conozco este documento", admitió, aunque sí reconoció que era la "constancia" que presentaban los profesores.
Consultada por los legisladores, sostuvo que en aquella época hubo varias dudas al respecto, planteadas por directores de los liceos de San José al entonces inspector de Secundaria, Jorge Barrera. "Honestamente, no recuerdo si tuvimos respuesta", dijo Martínez. La exsubdirectora señaló que se elevó una nota al organismo pidiendo instrucciones, aunque dijo desconocer si se obtuvo respuesta.
Una larga lista
La situación que atraviesa la comisión es adjudicada en el oficialismo a una acción concertada entre el Frente Amplio y los dirigentes sindicales docentes. Al punto que, la semana pasada, el diputado colorado Gustavo Zubía había hablado de un "operativo pinza" entre la oposición política y el sindicato.
La semana pasada se había negado a comparecer Ana Olivera Recarte, que entre 2018 y 2020 dirigió el Consejo de Educación Secundaria. En su caso, alegó varios motivos. Por un lado, que está retirada de la labor docente y en situación jubilatoria; por el otro, que las denuncias sobre licencias irregulares ya están bajo investigación administrativa de las autoridades educativas; tercero, que en la comisión investigadora "no están presentes todas las fuerzas políticas del sistema democrático republicano", en referencia al Frente Amplio.
Lo mismo dijo el secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, que argumentó "falta de garantías" en la comisión. También declinó la invitación Javier Landoni, exconsejero de Secundaria y que, al igual que Slamotivz, fue sancionado por el organismo.
La negativa también incluyó a la exministra María Julia Muñoz que en febrero, luego de haberlo confirmado previamente, rechazó asistir. En su caso, además de tildar de "no democrática" a la comisión, sostuvo que en su rol como ministra se limitaba a marcar los "lineamientos generales de la gestión", por lo que "no podía ni debía" interferir con los controles de asistencia de profesores y personal de los consejos.
