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El desafío de Uruguay y América Latina de digitalizar sus infraestructuras para evitar el rezago
Un informe de CAF asegura que en los próximos años América Latina deberá digitalizar sus infraestructuras, especialmente las eléctricas y de transporte, lo que permitirá ofrecer mejores servicios a sus ciudadanos y reducir las brechas de desarrollo actuales, que siguen lastrando las aspiraciones de convertirse en una región de ingreso alto.
Los cambios tecnológicos que se avecinan tienen el potencial de revolucionar los sectores de infraestructura. "Por ello, es necesario que gobiernos y sector privado de América Latina adapten y aprovechen los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías para reducir las brechas de servicios existentes", dice el informe.
Esta es la tesis principal del informe El impacto de la digitalización para reducir las brechas y mejorar los servicios de infraestructura, publicado por CAF –banco de desarrollo de América Latina-, que también enumera los principales desafíos para lograr infraestructuras digitales equiparables a las de las economías más avanzadas.
Entre los principales cuellos de botella destacan la adaptación de las regulaciones a los nuevos formatos y usos tecnológicos, como la gestión de los datos o la convergencia entre sectores. En este sentido, las nuevas tecnologías establecen nuevos roles o actividades para agentes ya existentes en el mercado o plantean una redistribución de las actividades.
En energía eléctrica, por ejemplo, los beneficios de la red eléctrica inteligente serían mejor aprovechados con una separación de la distribución y la comercialización. En transporte urbano, el otro sector priorizado en el informe, la digitalización puede generar cambios en la forma movilizar las personas, de cobrar y pagar por los viajes, así como la integración tarifaria entre sistemas y medios de transporte.
La informalidad en la energía
La informalidad en el sector de la energía eléctrica se manifiesta de dos formas: (i) los usuarios sin una conexión formal a la red (denominadas conexiones ilegales o informales) se apropian ilegalmente de la energía o (ii) los usuarios modifican los equipos de medición para registrar niveles de consumo eléctrico más bajos que los reales.
Estos actos ilícitos son uno de los motivos de las pérdidas no técnicas. En vista de los indicadores presentados, en América Latina y Caribe las pérdidas son un problema serio de eficiencia. El porcentaje de conexiones clandestinas en países de la región se puede estimar a partir de la encuesta de hogares realizada por CAF muestra que las conexiones clandestinas en los países encuestados no superan el 6% (hay que considerar que la encuesta se realiza solamente en las principales ciudades de cada país). Uruguay es uno de los países que peor parado sale en esta mediación en América Latina (ver gráfico)
Brecha educativa
La situación de pandemia obligó a suspender clases presenciales y a migrar, en la medida de lo posible, al formato virtual. Para ello, se pusieron en funcionamiento o actualizaron plataformas virtuales (MS Teams, Google Meet, Zoom). El potencial para el aprovechamiento de estas soluciones depende, por un lado, de la conectividad y calidad de las conexiones, y por otro, de los recursos humanos capacitados para dictar contenidos en formato innovador.
Los beneficios de los avances de la digitalización en los sectores de la salud y la educación o en el mercado de trabajo no pueden ser aprovechados por los usuarios finales (ni por las empresas o el gobierno) si existen brechas en los servicios que proveen las TIC. Según el diagnóstico realizado en el Capítulo 2, aún existe un porcentaje importante de usuarios que no tienen acceso a estas tecnologías, sobre todo la población más vulnerable a problemas de salud (personas mayores de 65 años). Sin embargo, aun teniendo la conexión, el servicio puede ser costoso para el usuario (para el quintil más bajo de ingresos) o de baja calidad (como, por ejemplo, en Bolivia, Paraguay y Colombia,), o la tasa de uso puede ser baja.
En el caso de la educación, las brechas de acceso globales pueden ocultar una problemática específica del sector. Al definir el acceso sobre la población relevante (niños en edad escolar), las brechas son importantes para el promedio de los hogares en Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y México, y más aún si se focaliza en los hogares de bajos ingresos (sumándose a los anteriores Colombia y Uruguay).
Aun en los países que presentan mejor conectividad, por lo menos un 25% de los niños que pertenecen al primer quintil de ingresos no tiene conexión digital (ver gráfico). La elaboración de otros indicadores (como el porcentaje de hogares con un número suficiente de computadoras) arrojaría una conclusión similar.
Principales hallazgos
Según detalla el informe, en cuanto a la brecha de servicios en el sector de la energía eléctrica, los problemas se concentran principalmente en la dimensión de calidad, con índices de interrupciones (en frecuencia y duración) que triplican los valores de Europa y duplican los de Estados Unidos, aunque existe heterogeneidad entre países. También se identifican deficiencias en la dimensión de pérdidas del sistema (duplicando los niveles de EEUU, la Unión Europea y Australia), mientras que la composición de la matriz energética de los países latinoamericanos, donde la hidroelectricidad tiene una importante participación, permite que los costos no sean elevados.
Más allá de los costos de producción, en muchos casos las tarifas representan un porcentaje del ingreso mucho mayor que en Estados Unidos o Europa. Por último, el acceso es prácticamente universal, aunque existen algunos rezagos en las zonas rurales.
Por su parte, en el sector del transporte urbano de pasajeros, el reporte identifica diferentes elementos que hacen que la brecha de servicio tenga un componente importante referido a debilidades en el acceso y calidad.
En cuanto a las oportunidades, el informe confirma que los cambios tecnológicos que se avecinan tienen el potencial de revolucionar los sectores de infraestructura. Los esquemas regulatorios aún requieren de actualizaciones para incorporar las nuevas tecnologías. Una tarea clave del Estado en los sectores de infraestructura es supervisar que los entes reguladores presten la debida atención a la seguridad de la información individual y a los problemas de ciberseguridad y de resiliencia de los sistemas eléctrico y de transporte frente a ataques u otras eventualidades.
Los riesgos de transmisión del covid-19, especialmente en medios cerrados, como vehículos de transporte colectivo o el metro, con espacio limitado, escasas herramientas de control para identificar pasajeros enfermos o con falta de aseo y limpieza de superficies, trajeron a escena una nueva dimensión de la seguridad: la bioseguridad. En el sector del transporte, en particular, esto significa diferentes instancias en las que la
digitalización brinda nuevas oportunidades en los sectores de electricidad y transporte urbano que, una vez implementadas, permitirán reducir la brecha de servicios en sus tres dimensiones (acceso, calidad y costo).
"La infraestructura no solo tiene el potencial de contribuir al crecimiento de la economía y la competitividad de las empresas, la integración del espacio nacional y regional y la diversificación del tejido productivo, sino que también ayuda a la inclusión social y la protección del medioambiente, mejorando así la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras", sostiene la CAF.
