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El Frente Amplio analiza instalar una preinvestigadora por proyecto Arazatí
Pese a que hace más de un año y medio que arremete por distintas vías contra el controvertido proyecto del gobierno para instalar una nueva planta potabilizadora en Arazatí (San José) y tomar agua del Río de la Plata, la oposición no logra hacer mella en el oficialismo.
Fernando Pereira reconoció el lunes ante la dirigencia del Frente Amplio que la izquierda "ha hecho el mayor esfuerzo por instalar el tema" en la agenda, "pero hoy la gente tiene otras prioridades", según reconstruyó El Observador. El presidente de la oposición sostuvo que deben "buscar nuevas estrategias" para remarcar en el "costo del proyecto", la falta de un estudio de impacto ambiental y en que se sigue desoyendo "a la ciencia".
La lectura llega a pocos días de la interpelación del frenteamplista Felipe Carballo al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, tras la que el Frente pidió el cese del titular de OSE, Raúl Montero y del gerente general Arturo Castagnino. Pese a que no ocultaron sus críticas al modelo escogido, desde Cabildo Abierto optaron ese día por respaldar la gestión y cerraron filas en la coalición.
El diputado Carballo ha insistido de hecho dentro de la izquierda en llevar la ofensiva a otro nivel y propone formar una comisión pre-investigadora en el Parlamento, bajo la premisa de que "se cambió un decreto específicamente que favorece al consorcio privado que terminó ganando la licitación", y que "no calza en una iniciativa privada ni en una PPP", confirmó a El Observador.
"El Frente es quien tiene que decidir, nosotros salimos de una interpelación con muchas certezas de que todo lo que decíamos era así", afirmó el dirigente de la 711. Carballo también ha manejado la idea de presentar una denuncia penal por considerar "ilegal" el procedimiento que terminó con la adjudicación a Aguas Montevideo, aunque ese camino no ha encontrado eco entre los compañeros de bancada.
La oposición se inclina en cambio por adoptar nuevas estrategias desde el grupo especializado en temas de agua que conduce la vicepresidenta de la fuerza política Verónica Piñeiro, quien además es gerenta de Desarrollo Ambiental en la Intendencia de Montevideo. La propia dirigente reconoció el lunes que el tema no ha repercutido en la opinión pública, tal como adelantó Búsqueda.
La coalición de izquierdas avanzará en este sentido para juntarse con las organizaciones sociales vinculadas al tema y "buscar aliados que entiendan que el FA tiene una sensibilidad" al respecto, de modo de lograr una "expresión más contundente y unificada".
Carballo, mientras tanto, insiste en que el gobierno cambió el decreto 442 del año 2002 –que regula el mecanismo de las iniciativas privadas– a un año de que el consorcio integrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast hubiera presentado su proyecto. El nuevo texto definido en 2021 por el Poder Ejecutivo, insiste el diputado, propició que el privado terminara teniendo una ventaja mayor en el proceso de compra (12%), en el entendido de que bajo las viejas condiciones esa ventaja no hubiera superado el 5% al no reunir condiciones como la declaración de interés por parte del jerarca y la publicación por 60 días en el Diario Oficial –algo que no ocurrió en este caso–.
El gobierno apuntó en la interpelación que ese cambio nada tuvo que ver con el proceso competitivo, que terminó abriéndose a comienzos de este año. Carballo acusa que el cambio demuestra una regulación "con nombre y apellido".
El Frente también cuestiona el costo de la obra, un argumento que han esgrimido los precandidatos Carolina Cosse y Yamandú Orsi. El proyecto costará US$ 890 millones a pagar en cuotas anuales durante un plazo de 17 años y medio a partir de que la planta sobre Arazatí comience a funcionar en 2026, por concepto de repago de la inversión del consorcio, más su mantenimiento y la operación.
La actual administración defiende que para 2045 el consumo de agua potable habrá ascendido a 840 mil metros cúbicos y para entonces no será suficiente el máximo de producción de Aguas Corrientes (700 mil metros cúbicos), por lo que la nueva planta en Arazatí aportará 200 mil metros públicos.
