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El presidente panameño promete cerrar una mina canadiense tras un fallo judicial
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, prometió un cierre "ordenado y seguro" de la mayor mina de cobre de Centroamérica, de capital canadiense, después de que la Corte Suprema declarara "inconstitucional" su contrato de concesión.
La aprobación del contrato minero por parte del Congreso, el 20 de octubre, desató las mayores protestas en Panamá desde la caída del dictador Manuel Noriega en 1989, semiparalizando al país por más de un mes y con pérdidas superiores a los US$ 1.700 millones, según gremios empresariales.
"Tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional" el contrato minero, "se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina", dijo Cortizo en un mensaje al país el martes por la noche.
"Por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre", cada decisión que se adopte "tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa", agregó.
La Corte Suprema declaró este martes "inconstitucional" el contrato entre el gobierno panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) para operar por 40 años la mina, que tiene unos 50.000 trabajadores directos e indirectos.
Tras el anuncio se desataron celebraciones en distintas partes del país y comenzaron a ser levantados los bloqueos de carreteras.
La firma exportadora de cobre, que da empleo a unos 50.000 trabajadores y general 5% del Producto Bruto Interno (PBI) panameño, ya anticipó que recurrirá la medida en tribunales arbitrales interna.
La multinacional dijo en un comunicado que, "desde el inicio", operó "con transparencia y estricto apego a la legislación panameña".
Sin embargo, el líder del sindicato de la construcción Suntracs, Saúl Méndez, advirtió que las protestas seguirán "hasta el cierre" de la mina.
Por su parte, el sindicato de trabajadores de la mina pidió en un comunicado "a las autoridades que cumplan con su papel de garantizar nuestras plazas de trabajo o en su defecto, el pago de las prestaciones laborales si se diera el caso".
50 mil empleos en juego
La protesta estalló después de que el Congreso aprobara el nuevo contrato, que fue rubricado después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.
La minera FQM argumenta que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PBI y que el contrato incluye el pago de regalías anuales por US$ 375 millones, diez veces más que el acuerdo inicial.
La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas. Tiene además unos 2.500 proveedores en el país, que le venden mercancías por US$ 900 millones anuales.
Los ambientalistas afirman que la mina daña severamente el medioambiente y tanto el actor estadounidense Leonardo DiCaprio como la activista sueca Greta Thunberg hicieron referencia a las protestas panameñas en sus redes sociales.
Tratando de minimizar el descontento, el Congreso aprobó una suspensión indefinida de las concesiones mineras y dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato.
Habrá demandas
La empresa, que invirtió en Panamá más de US$ 10.000 millones, notificó previamente al gobierno su "intención" de "presentar demandas arbitrales", al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá de 2013.
Algunos expertos creen que para el gobierno es más fácil defender su postura tras el fallo, ya que podrá alegar que la sentencia lo llevó a romper el contrato.
La Cámara de Comercio llamó a aceptar el fallo y a prepararse de manera consensuada y técnica para "un cierre ordenado" de la mina.
Felipe Chapman, de la firma de asesoría económica Indesa, dijo a la agencia de noticias AFP que "si se cierra la mina, se pierde su contribución al tamaño del PBI, que tomará algunos años recuperar, igual que los empleos y el ingreso fiscal", pero señaló que el país puede potenciar otros sectores para sustituir la minería.
(Con información de agencias)
