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El Supremo Tribunal Federal brasileño calificó la prisión de Lula como “uno de los mayores errores judiciales del país”
El Supremo Tribunal Federal (TSF) de Brasil anuló por “ilegales” todas las pruebas obtenidas de directivos de Odebrecht como colaboradores en la causa Lava Jato y calificó a la prisión de Lula como “un error histórico”.
El juez del TSF, Antônio Dias Toffoli, a cargo del caso, afirmó en su fallo que la prisión contra el ahora mandatario fue “uno de los mayores errores judiciales en la historia” del país.
La máxima corte del país aceptó una petición de la defensa del presidente Lula de dar por nulas las declaraciones obtenidas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por el exjuez Sergio Moro.
Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT) y presidente entre 2003 y 2010, fue detenido en julio del 2017 y pasó 580 días en prisión condenado por corrupción y lavado de dinero en un proceso luego anulado que se basaba en parte en pruebas ofrecidas por Odebrecht.
El acuerdo preveía igualmente el pago de una multa de 2.600 millones de dólares a los Estados Unidos, Suiza y Brasil.
Moro, ahora senador, se convirtió tras su fallo en ministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro, beneficiado con la detención de Lula cuando éste se perfilaba como candidato favorito para un tercer mandato.
El fallo califica de “inaplicables” y carentes de valor probatorio en cualquier jurisdicción a esos testimonios ya que se obtuvieron mediante artilugios ilegales de “tortura psicológica” cuyo objetivo fue, entre otros, obtener pruebas falsas contra inocentes.
Los acuerdos, firmados en 2017, deberán volver ahora a los jueces de primera instancia para ser revisados.
El magistrado consideró que no hubo un procedimiento adecuado y comparó lo ocurrido con las torturas que la dictadura militar ejerció contra los presos políticos.
En el gigante latinoamericano, Odebrecht fue acusada por la fiscalía de participar junto a otras empresas, políticos e intermediarios, de una red de sobornos y contratos amañados con la estatal Petrobras.
La red, destapada en 2014 por la investigación llamada “Lava Jato”, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del país.
Las acusaciones contra la empresa trascendieron Brasil, ya que los testimonios de directivos empresarios permitieron abrir causas judiciales en otros países latinoamericanos y africanos.
Decenas de políticos prominentes quedaron salpicados por acusaciones de corrupción, entre ellos varios expresidentes, muchos de los cuales permanecen en prisión
El juez Dias Toffoli denunció en su fallo “las graves consecuencias” de pruebas obtenidas “al margen de la ley para cientos de personas investigadas o procesadas en Brasil y en el extranjero”.
El magistrado integra el máximo tribunal desde 2009, cuando fue nombrado por el entonces presidente Lula en su segundo mandato.
Tras permanecer 18 meses preso, la condena contra Lula fue anulada por otro juez de la corte suprema en marzo de 2021. Tres meses después, el exjuez de primera instancia Sergio Moro, que condenó a Lula a prisión, fue declarado “parcial” por la corte suprema.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, destacó en un mensaje en la red X (antes Twitter) que la decisión del magistrado “reafirma la inocencia del presidente Lula”.
La Abogacía General de la Unión, que defiende los intereses del gobierno, anunció el miércoles la creación de un grupo para investigar la actuación del exjuez Moro y los fiscales de la causa “Lava Jato”.
(Con información de agencias y NODAL)
