En Turquía, este año hubo 11 muertos y 46 heridos por conflictos entre inquilinos y propietarios

"Quise hacerme oír. Con exigencias así, la gente se va a poner brava y se seguirá apuñalando", afirma Orsel que, a sus 58 años, teme tener que abandonar el taller donde ejerce su oficio desde hace dos décadas. “Los turcos estamos asfixiados por el aumento de los alquileres”, insiste el comerciante.

Orsel explica que el precio que paga por el local se disparó de 3.200 a 25.000 liras turcas; es decir: de unos US$ 116 a US$ 917. Un caso habitual según los medios de comunicación locales, que llevan contabilizados al menos 11 muertos y no menos de 46 heridos en lo que va del año debido a los violentos conflictos entre inquilinos y propietarios.

Un estudio publicado en agosto último por la Universidad de Bahçesehir detalla que los precios promedio de las unidades para vivienda ofertadas  aumentaron en términos interanuales entre un 121% y hasta 188% en grandes ciudades como la capital, Ankara, según las características de las unidades.

Según Osman Çal, agente inmobiliario del centro de Ankara, el terremoto del 6 de febrero, que dejó más de 50.000 muertos y millones de desplazados en el sudeste del país, agravó la crisis de la vivienda. Todo esto en un contexto en el que gobierno ha recibido duras críticas por el manejo de la crisis y es denunciado de haber aprobado la construcción de edificios que no cumplían con las normas antisísmicas.

El alquiler de un departamento de uno o dos habitaciones en el centro de la capital escaló en un año de aproximadamente 2.500 a 17.000 liras, incluso cuando la inflación de los precios minoristas ronda el 60% anual desde 2019, según los datos oficiales, y que las mediciones independientes estiman cercana al 130% interanual.

Ante el clamor de los inquilinos, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdoğan limitó la renovación de los alquileres al 25% anual para las viviendas y puso un techo para los locales comerciales coincidente con la tasa oficial de inflación.

Según los expertos, la medida agravó las tensiones e incitó a muchos propietarios a buscar por todos los medios, a veces fraudulentos, deshacerse de sus inquilinos para volver a alquilar sus propiedades a un precio muy superior, o bien a exigir cláusulas abusivas al momento de la renovación.

Un agente inmobiliario de Besiktas, un barrio muy animado de Estambul, cuenta bajo anonimato que algunos inquilinos fueron intimidados por matones enviados por los dueños de sus viviendas para convencerlos de abandonar el lugar sin discutir.  Otros son acosados con llamadas a todas horas. El invierno pasado, un propietario incluso derribó con un hacha la puerta de su inquilino para expulsarlo por la fuerza.

"El número de litigios entre inquilinos y propietarios se disparó", señala Meliha Selvi, abogada en Ankara. Cerca de 47.000 juicios por desalojo y otros 100.000 relativos a la revisión de los alquileres se abrieron en los primeros seis meses de 2023, más del doble que el año anterior, según la prensa local.

"Inquilinos y propietarios se enfrentan, pero todos son víctimas de las políticas del gobierno", denuncia la abogada.

"Los propietarios se sienten perjudicados por la limitación impuestas en el mercado de los alquileres. Pero un funcionario, un jubilado o un empleado con salario mínimo no pueden pagar los precios actuales", destaca Çal en un país en el que el salario mínimo neto fijados por ley es de 11.400 liras turcas.

Llegada de Hatay, en el sureste del país, la provincia más devastada por el terremoto, para instalarse en Ankara, Meryem Altunlu teme la revisión de su alquiler el próximo invierno. "Pago 13.000 liras. Si me aumentan más del 25% tendré que irme y no sé a dónde", expresa la  mujer.

El sector de la construcción, motor de la economía turca, se contrajo 8,4% en 2022 debido al aumento de los costos, según las cifras oficiales. “A pesar de haber cobrado nuevo impulso tras el terremoto, el sector aún tiene dificultades para ofrecer viviendas asequibles”, explica el agente inmobiliario, para quien "todos los alquileres deberían reducirse en un tercio".

"Los promotores prefieren construir residencias de lujo muy rentables enfocados en una muy pequeña minorías de la población en lugar de viviendas sociales, y el gobierno lo permite", agrega Çal, quien al igual que muchos de sus colegas no ven una solución en el mediano plazo sin un aumento de la unidades ofertadas y una baja de la inflación que permita la recomposición de los salarios.

(Con información de AFP)