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Estado revocó licencia de cabeloperador en Canelones y deberá pagar US$ 3.300.000 a empresa competidora
El Estado deberá pagar US$ 3,3 millones ($ 135 millones) a la cableoperadora de La Paz y Las Piedras Tele Cable por daños y perjuicios que le generó el funcionamiento de la empresa de cable Visión Canaria en esa zona desde 2011, cuando desde 2013 la Justicia indicó que se le debía retirar la licencia, lo que recién ocurrió en julio de 2022, informó el exdirector nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez (2010-2011), y confirmó a El Observador el actual titular de ese puesto, Guzmán Acosta y Lara.
Acosta y Lara aclaró que esta denuncia y su indemnización correspondiente fue heredada del gobierno anterior y cree que se hizo lo necesario al revocarle la licencia a la empresa en infracción el mes pasado.
Visión Canaria (de razón social VAL SRL) había obtenido su licencia para venta de cable en 2004, pero recién en 2011 se instaló en Canelones, por lo que para la Justicia incumplió el plazo máximo de 15 meses entre la concesión y la instalación de estos servicios, lo que llevó a que su licencia caducara.
En 2013, la Justicia falló por primera vez a favor de Tele Cable Uruguay y obligó al Estado a indemnizarla por los daños que sufrió de 2011 hasta ese año, por ejemplo, ante la pérdida de clientes con esa competencia ilegal. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en 2014 y por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en 2015.
Además, en 2019, Tele Cable presentó dos pedidos de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), uno en el que pidió que se revocara la licencia de Visión Canaria, y una resolución del Poder Ejecutivo que reconoce a este cable como "titular de la licencia de comunicaciones", indica la resolución del Ministerio de Industria a la que accedió El Observador. Ambos pedidos fueron aprobados por la Justicia.
En julio de 2022, el Poder Ejecutivo efectivizó la quita de licencia para operar en el país a Visión Canaria, luego de que el Ministerio de Industria dejara por el camino un pedido de prescripción de las infracciones por parte de la empresa investigada. Acosta y Lara aclaró que el gobierno esperó hasta esta anulación para quitar la licencia a VAL SRL.
Ahora el Estado planea realizar un llamado a licitación pública para que alguien más ocupe el espacio, indicó Acosta y Lara a El Observador.
El Ejecutivo fijó un plazo máximo de 120 días para efectivizar una nueva concesión en la línea que pertenecía a Visión Canaria. Mientras no se brinde la licencia, esta cableoperadora continuará en servicio. "Si no, dejo a la gente con una sola opción de cable", afirmó el dirigente de Dinatel.
Para Acosta y Lara, este llamado es "una linda oportunidad" para que se presenten algunas empresas que quieran brindar servicios de cable. Gómez indicó, sin embargo, que, como Visión Canaria ya tiene el cableado y a los abonados a su servicio, la licitación volverá a manos de esta empresa.
