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Estudian prácticas contra la competencia en industria láctea
Se acusa a la empresa Lactalis de abusar de posición para bajar precios a remitentes
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24 de noviembre de 2015 a las 05:00
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia encontró indicios de que Lactalis, la empresa láctea que hace pocos meses adquirió a Indulacsa, podría haber incurrido en una conducta "ilegal" anticompetitiva. Por ese motivo, en una resolución de principios de noviembre el órgano desconcentrado del Ministerio de Economía decidió empezar un "estudio preparatorio del mercado de la leche fresca, en particular en su eslabón de comercialización entre el productor y la industria".
Esta historia arranca a principios de 2015, cuando el peso pesado de la industria láctea mundial anunció su desembarco en Uruguay. La francesa Lactalis adquirió un grupo de empresas mexicanas, dentro del cual estaba Grupo Esmeralda, propietario en Uruguay de un par de plantas. Así, la compañía gala pasó a controlar las dos plantas industriales –una en Salto, la otra en Cardona– de Industria Láctea Salteña SA (Indulacsa). En marzo, la empresa se hizo cargo de la operativa local. Algunos meses después Lactalis decidió bajar el precio que pagaba a sus remitentes por litro de leche y lo ubicó por debajo del abonado por otras industrias lácteas.
El secretario de la Sociedad de Fomento Rural de la Industria Lechera de Salto (Sofrils), Luis Enrique Azanza, calificó la decisión de bajar los precios como "desagradable" para los productores. En julio la empresa ajustó sus precios hasta alcanzar los $ 4,3 por litro. En noviembre, contó Azanza, comunicó que los elevaría hasta llevarlos a $4,8, pero de todas maneras muy por debajo de los $7,8 que paga Conaprole y de los $ 6,8 de otras industrias como Pili y Claldy, explicó Azanza. Alrededor de 50 productores de pequeño y mediano porte, socios de Sofrils, remiten a la ex Indulacsa un volumen que oscila entre los 30 mil y los 40 mil litros de leche diarios.
Los productores lácteos mantuvieron reuniones con autoridades de la empresa, pero no llegaron a buen puerto. Por eso, a fines de agosto decidieron presentar un escrito ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, dando cuenta de esta situación.
Gomensoro explicó que no se trata de un caso "clásico", que ha sido "complejo de analizar" y que no han contado con "colaboración que ayudara a esclarecer" qué fue lo que sucedió. "No tenemos algo fundamental, que es la explicación de quien está imputado de hacer la conducta", dijo Gomensoro.
La Comisión solicitó información a Lactalis pero, como señala en un informe fechado el 3 de noviembre, "la empresa no evacuó la vista que le fuera conferida, y la ley no aporta instrumento legal para imponerle dicho accionar".
La empresa, por su parte, niega que se les haya solicitado esta información. El mismo informe indica que los remitentes trataron de volcar su producción en otras industrias, pero, en un contexto de depresión en el sector, les han respondido que no pueden recibir más leche. Desde Sofrils entienden que los productores son "rehenes" de una situación que les es ajena. Lactalis, dice la gremial, los está utilizando para ejercer presión sobre el gobierno para ingresar al mercado venezolano. La molestia por quedar fuera del acuerdo que firmaron los gobiernos para comercializar alimentos, dijo Azanza, se tradujo en la baja del precio de la leche.
Esta historia arranca a principios de 2015, cuando el peso pesado de la industria láctea mundial anunció su desembarco en Uruguay. La francesa Lactalis adquirió un grupo de empresas mexicanas, dentro del cual estaba Grupo Esmeralda, propietario en Uruguay de un par de plantas. Así, la compañía gala pasó a controlar las dos plantas industriales –una en Salto, la otra en Cardona– de Industria Láctea Salteña SA (Indulacsa). En marzo, la empresa se hizo cargo de la operativa local. Algunos meses después Lactalis decidió bajar el precio que pagaba a sus remitentes por litro de leche y lo ubicó por debajo del abonado por otras industrias lácteas.
El secretario de la Sociedad de Fomento Rural de la Industria Lechera de Salto (Sofrils), Luis Enrique Azanza, calificó la decisión de bajar los precios como "desagradable" para los productores. En julio la empresa ajustó sus precios hasta alcanzar los $ 4,3 por litro. En noviembre, contó Azanza, comunicó que los elevaría hasta llevarlos a $4,8, pero de todas maneras muy por debajo de los $7,8 que paga Conaprole y de los $ 6,8 de otras industrias como Pili y Claldy, explicó Azanza. Alrededor de 50 productores de pequeño y mediano porte, socios de Sofrils, remiten a la ex Indulacsa un volumen que oscila entre los 30 mil y los 40 mil litros de leche diarios.
Los productores lácteos mantuvieron reuniones con autoridades de la empresa, pero no llegaron a buen puerto. Por eso, a fines de agosto decidieron presentar un escrito ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, dando cuenta de esta situación.
Rara particularidad
Javier Gomensoro, comisionado de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, dijo a El Observador que al adentrarse en el tema se encontraron con la "rara particularidad" de que una empresa de menor porte "estaba pagando mucho menos que Conaprole el precio de la leche". Conaprole es el principal jugador del mercado.Gomensoro explicó que no se trata de un caso "clásico", que ha sido "complejo de analizar" y que no han contado con "colaboración que ayudara a esclarecer" qué fue lo que sucedió. "No tenemos algo fundamental, que es la explicación de quien está imputado de hacer la conducta", dijo Gomensoro.
La Comisión solicitó información a Lactalis pero, como señala en un informe fechado el 3 de noviembre, "la empresa no evacuó la vista que le fuera conferida, y la ley no aporta instrumento legal para imponerle dicho accionar".
La empresa, por su parte, niega que se les haya solicitado esta información. El mismo informe indica que los remitentes trataron de volcar su producción en otras industrias, pero, en un contexto de depresión en el sector, les han respondido que no pueden recibir más leche. Desde Sofrils entienden que los productores son "rehenes" de una situación que les es ajena. Lactalis, dice la gremial, los está utilizando para ejercer presión sobre el gobierno para ingresar al mercado venezolano. La molestia por quedar fuera del acuerdo que firmaron los gobiernos para comercializar alimentos, dijo Azanza, se tradujo en la baja del precio de la leche.
