Flexibilidad en la vigilancia

Comercios, peatones y hasta gente refugiada en sus viviendas siguen sufriendo en carne propia constantes rapiñas y otras formas de violencia delictiva. Los anuncios del ministro Eduardo Bonomi sobre reducción de algunos delitos de poco les sirven a las víctimas, que recurren a protegerse como pueden.

Muchas personas se arman, no por propensión al gatillo fácil sino para defenderse de los delincuentes cuando no lo hace la Policía. Es un mal sistema impuesto por la necesidad pero que fractura la vida social civilizada al alentar la justicia por mano propia y poner en riesgo la vida. Otras, propietarias de pequeños comercios, recurren a contratar informalmente policías en actividad, aprovechando que están dispuestos a ese trabajo para complementar sus salarios. Este servicio 223 está expresamente prohibido por la ley.

A raíz del asesinato del agente Wilson Coronel cuando cumplía esa tarea en una pizzería de Pocitos, el subsecretario Jorge Vázquez anunció que cuando se compruebe la infracción se castigará tanto al funcionario como a quien lo contrate hasta con denuncias penales.

Incluso denunció que muchos comerciantes recurren a esa forma de vigilancia para evitarse el costo mayor de contratar el legal servicio policial 222 o a una empresa privada de seguridad. La posición de Vázquez tiene fundamento legal pero soslaya dos realidades.

Una es que pequeños comercios, que solo necesitan guardia por unas pocas horas diarias, no están en condiciones de enfrentar la erogación que supone el servicio 222 o un contrato con una empresa privada. La otra es que los policías que cumplen el 223 no lo hacen por el placer de trabajar más horas sino porque sus salarios, pese a que se han duplicado en términos reales en los últimos 12 años, son insuficientes para asegurarles a ellos y a sus familias una vida decorosa.

El ministerio tiene razón en argumentar que si un policía trabaja en exceso para cumplir tareas de vigilancia privada, puede sufrir su rendimiento en las operaciones habituales de la institución. Pero subsiste el doble problema de la seguridad de comercios chicos y de las necesidades económicas de los efectivos.

No parece viable en el futuro inmediato la deseable solución obvia a la controversia mediante aguda mejora de sueldos de los efectivos para desalentar su trabajo informal y aumento sustancial de la protección que la Policía debe a la sociedad. Por otra parte, el centro de comercios minoristas Cambadu y la Unión de Sindicatos Policiales reclaman que se formalice el servicio 223 mediante alguna regulación que permita su continuidad sin riesgo de sanciones, lo que contraría la posición asumida hasta ahora por el Ministerio del Interior.

Pero urge cierto margen de flexibilización de las autoridades. De lo contrario se agudizará la indefensión de un sector de la sociedad, en vez de la mejora que el ministro Bonomi insiste en asegurar.