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Funcionaria del Ministerio de Defensa es una de las implicadas en red de trata de Artigas

El ministro Javier García aseguró que la mujer no era funcionaria de confianza ni asesora; llevaba 30 años de carrera en la secretaría de Estado
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25 de febrero de 2024 a las 09:54

Una funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), que se desempeñaba como jefa interina de una sección del departamento jurídico de la cartera, fue imputada en la noche del sábado por trata de personas y por asociación para delinquir en el caso de una red de trata de personas que funcionaba en Artigas y que tenía a 28 ciudadanos venezolanos retenidos. 

Otros cuatro hombres también uruguayos y una psicóloga de origen venezolano también fueron imputados en el caso en que los venezolanos estaban siendo explotados laboralmente en una cantera de piedras semi preciosas de Artigas. 

La funcionaria del MDN, abogada de profesión, fue una de las siete personas detenidas luego de un operativo de la Policía de Artigas y de Interpol. Una de estas siete personas fue liberada debido a que no se encontraron elementos para la imputación.

Una vez que se conoció la noticia, divulgada por el medio Crónicas del Este, el ministro Javier García aseguró que la funcionaria llevaba más de 30 años de carrera en la secretaría de Estado y que había sido designada en la jefatura de la sección de manera interina, algo que consta en una resolución de marzo de 2023. 

"No es asesora personal ni cargo de confianza. Ocupa el cargo de jefa interina de sección notarial, cargo que ejercía", escribió García. 

Tras una investigación entre varias dependencias policiales, se liberó a 28 venezolanos que estaban siendo explotados laboralmente en una cantera de piedras semi preciosas de Artigas. 

De ese total, ocho ya habían sido liberados el pasado 16 de febrero, cuando las autoridades allanaron el lugar. Sin embargo, otros 20 venezolanos más ingresaron a Uruguay días más tarde.  

La Policía descubrió que la banda se dedicaba a captar y traer a Uruguay a mayores de edad, venezolanos, que estaban en "situación de vulnerabilidad". Trabajaban en Artigas de manera irregular y mediante explotación laboral. 

Según la investigación preliminar, a los venezolanos se les prometió "miles de dólares" pero en realidad cobraban "apenas 150 dólares en algunos casos".

Para los imputados se dispuso un arresto domiciliario de 22:00 a 07:00 con dispositivo electrónico durante 120 días. Además debieron fijar domicilio, no podrán salir del país y tienen la prohibición de poder comunicarse o acercarse a 500 metros con respecto a las víctimas.

El caso esta siendo investigado por la fiscal de Artigas de Segundo Turno, Sabrina Masaferro.

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