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IMM destituye tras cuatro años a funcionaria que adulteró recetas

La trabajadora fue condenada por la justicia por certificación falsa
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22 de septiembre de 2015 a las 05:00
La Intendencia de Montevideo (IMM) resolvió destituir a una funcionaria que se desempeñaba en el Servicio de Atención a la Salud y que fue condenada por el delito de "certificación falsa por funcionario público", al adulterar recetas de medicamentos y falsificar la firma de un médico. Se termina así con un sumario iniciado en 2011 y que en principio no había dado lugar a más que una suspención.

Según consta en una resolución firmada durante la administración de la exintendente de Montevideo, Ana Olivera, la funcionaria que cumplía funciones en la Policlínica Yucatán había reconocido entonces que había falsificado "cuatro recetas de medicamentos antiparasitarios" además de haber "falsificado la firma de un médico pediatra". A partir de ello, la intendencia abrió una investigación administrativa por la que, como consta en la resolución Nº 3206 del 19 de julio de 2011, se "aconseja la instrucción de un sumario administrativo sin suspensión preventiva". Además, la Unidad de Sumarios recomendaba a la administración realizar la denuncia penal de los hechos, por la que la trabajadora pública fue condenada a una pena de cuatro meses de prisión, como "autora responsable de un delito continuado de certificación falsa por funcionario público".

La funcionaria había falsificado "cuatro recetas de medicamentos antiparasitarios" y la firma de un médico pediatra.

Cuatro años más tarde, y una vez "conocido su procesamiento sin prisión", dice una resolución aprobada por la intendencia en 2015, la administración de Martínez resolvió destituir a la funcionaria. Esto se debe a que la trabajadora incurrió en responsabilidad administrativa, habiendo cometido un delito mientras cumplía sus funciones en una dependencia de la comuna.

Antecedentes

La intendencia destituyó también en 2015 a una funcionaria cuyo esposo se desempeñaba como obrero pero había sido contratado por $ 500 mil como músico, informó El País. En 2012, la comuna destituyó a otra funcionaria por haber realizado compras a una productora cuyo dueño estaba vinculado a ella sentimentalmente.

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