La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, separó del cargo al director y a la jefa de Tránsito del departamento mientras se realiza una investigación administrativa que determine si efectivamente se dieron casos de descuentos por encima de lo autorizado por el Sucive (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares) en patentes de rodados de camiones, según informó El Telégrafo y confirmó El Observador.
“Lo que nosotros hicimos fue una resolución de cambio de lugar hasta que la investigan concluya”, explicó Peña a El Observador. “Tenemos que verificar si lo que se hizo fue un error voluntario o no”, agregó.
La jerarca municipal también lamentó que sea “moneda corriente” que “en casi todo el país” se hayan cometido “errores de este tipo” y que algo que “se soluciona dentro de la órbita interna” haya salido externamente.
“Nosotros lo que hicimos fue, primero ver lo que estaba sucediendo, verificar que no hubiera habido una corrida de vehículo. Del año pasado a este año no lo hubo, nos dio tranquilidad; no captamos vehículos de otro lado por este tema, y después vemos, estamos observando”, dijo la intendenta nacionalista.
Según datos a los que accedió El Observador, en Lavalleja hubo 213 camiones utilitarios que tuvieron una exoneración en 2018 acorde al viejo régimen. Fuentes del Sucive explicaron que eso no significa que todos esos vehículos estén en una situación irregular, sino que se deberá dilucidar cuántos de esos 213 fueron empadronados previo a la unificación. “Calculamos que la irregularidad se reduce a unos 60”, indicó uno de los informantes.
A fines de 2018, una situación similar ocurrió en el departamento de Rocha. La intendencia administrada por el frenteamplista Aníbal Pereyra suspendió el reempadronamiento gratuito por "razones ajenas" a la administración. Según fuentes del Sucive, eso se debió a que allí se detectaron irregularidades en el tributo de 75 automóviles, una situación que se laudó luego de que la comuna asumiera el "error" y pagara la diferencia. El organismo propuso la misma solución para estos nuevos casos que empiezan a salir a la luz.
El intendente de Canelones Yamandú Orsi, presidente del Sucive, confirmó el lunes 4 de febrero a radio Uruguay que existe una investigación en curso pero manifestó que no se puede decir, al menos a esta altura, que exista “intencionalidad política” detrás de las irregularidades. Las investigaciones, contaron fuentes del Sucive, deberán dilucidar si los números fuera de lugar esconden actos de negligencia, errores administrativos o acciones dolosas y fraude.
Entre los elementos a definir, una vez que avancen las investigaciones, están las sanciones al incumplimiento del acuerdo de la patente única. Los gobiernos departamentales reciben del gobierno central 3,3% de la recaudación impositiva, pero una posible sanción es bajar ese número a 2,9%. Abandonar el Sucive también tendría su costo para una intendencia que quiera volver al régimen anterior, ya que en la misma ley están incluidos los subsidios de UTE a los gobiernos departamentales, que tienen un importante peso en las finanzas de las comunas.
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