Joe Biden debe decidir sobre el futuro de un gigantesco proyecto petrolero y gasífero en Alaska

Se trata del llamado Proyecto Willow, que busca emplazar un desarrollo de la petrolera ConocoPhillips, el plan más grande en la materia en lo que va de la gestión del gobierno demócrata y que es calificado por los ambientalistas como una “bomba de carbono”.

Según los expertos, la iniciativa supone una crucial decisión que podría definir el destino del Ártico. De conseguir luz verde, la actividad estaría centrada en la Reserva Nacional de Petróleo, en la vertiente norte de Alaska, y produciría en su versión reducida unos 180.000 barriles por día, unos 600 millones durante la vida útil de la iniciativa, calculada en 30 años.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Biden prometió reducir las emisiones de efecto invernadero un 50% hasta 2030 y no autorizar nuevas perforaciones en tierras federales. Sin embargo, su gobierno se encuentra atrapado por el polémico proyecto, que fue temporalmente aprobado por la administración de su antecesor, el republicano Donald Trump, antes de ser detenido en 2021 por una orden de la justicia federal, que lo devolvió el Ejecutivo para su revisión.

AFP

Biden, que ha reconocido en reiteradas ocasiones la "amenaza existencial" que representa el cambio climático y ha tomado varias medidas a favor del desarrollo de las energías renovables, deberá decidir en las próximas semanas si autoriza la explotación, determinación que de ser favorable sería vista por muchos votantes demócratas como una traición.

Las perforaciones serían realizadas en una zona salvaje, en donde las temperaturas aumentan mucho más rápido que en el resto del planeta, lo que ha llevado a Greenpeace y otras oenegés a advertir que si es aprobada, “la iniciativa se transformaría en el mayor proyecto de extracción de petróleo en tierras federales" y en una "bomba de carbono".

Según los expertos, la producción liberaría unas 278 millones de toneladas de emisiones de gases del efecto invernadero en la atmósfera. Este escenario, que equivale al impacto de la circulación de 2 millones de autos, podría empeorar drásticamente la situación en el Ártico, según alertó un estudio publicado en la prestigiosa revista científica Nature.

Ante la posibilidad de que el gobierno finalmente apruebe el proyecto, que generaría entre US$ 8 mil y US$ 17 mil millones en ingresos federales, lo que constituye una propuesta más que atractiva para la Casa Blanca, los ambientalistas lanzaron una campaña en las redes sociales bajo los hashtags #StopWillow y #StopTheWillowProject con más de 150 millones de reproducciones en la plataforma TikTok y que ha recogido hasta el momento más de 3 millones de firmas en el sitio Change.org.

El proyecto, sin embargo, tiene un amplio grupo de promotores. Sus defensores sostienen que generará unos 2.000 puestos de trabajo durante la construcción y otros 300 permanentes, además de llevar prosperidad a las comunidades que viven en la zona.

“Creemos que Willow beneficiará a las comunidades locales y mejorará la seguridad energética de Estados Unidos, al tiempo que producirá petróleo de forma responsable desde el punto de vista medioambiental y social”, sostuvo Erec Isaacson, presidente de ConocoPhillips Alaska, cuando el proyecto fue suspendido por la justicia y reenviado al Ejecutivo para un nuevo análisis.

Según la empresa, la iniciativa respeta los estándares ambientales establecidos por Estados Unidos que, siempre según la compañía, son mucho más estrictos que en el resto del mundo, algo que quedó desmentido por la orden judicial al alertar sobre inconsistencias respecto a las consecuencias del proyecto y la falta de protecciones en una región ecológicamente sensible.

Por su parte, a principios de marzo, tres representantes de Alaska en el Congreso, tanto del partido republicano como del demócrata, se reunieron con Biden en la Casa Blanca para pedirle que apruebe la iniciativa, que cubriría, según sostienen, 0,002% de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska.

"Esperamos que el gobierno escuche las voces de los nativos, de los dirigentes de los sindicatos y de los trabajadores dispuestos a reforzar la economía de Alaska", declararon los legisladores en un comunicado posterior a la reunión.

La iniciativa original disparó una polémica de tal magnitud que obligó al gobierno a tener en cuenta las objeciones de los ambientalistas y el proyecto original fue parcialmente reformado. Ahora, en lugar de proponer cinco sitios de extracción, la iniciativa se redujo a tres señalados por ConocoPhillips como “seguros”, aunque los expertos han alertado que las modificaciones disminuyen en apenas un 2% los efectos totales, al dejar un total de 219 pozos y las emisiones en 9,2 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

La versión reducida contaría con el visto bueno de Biden y es apoyada, entre otros, por la diputada demócrata de Alaska Mary Peltola, quien con el respaldo de varias agrupaciones nativas asegura que existe “un gran consenso en la región de que el proyecto es bueno” y que “beneficiará por los impuestos generados el desarrollo de infraestructura y servicios públicos”.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. Es el caso de la alcaldesa de la ciudad de Nuiqsut, la comunidad más cercana a la Reserva Nacional de Petróleo. “A muchos les gustaría decir que todo el mundo en Alaska apoya el desarrollo del petróleo y el gas pero, para nuestro pueblo, este desarrollo está en la zona equivocada”, asegura Rosemary Ahtuangaruak, quien también alerta sobre los efectos de corto y largo plazo.

Al igual que los ambientalistas, Ahtuangaruak enfatiza que el complejo petrolero y la infraestructura necesaria para su construcción y funcionamiento, además de emitir toneladas de carbono, reemplazará áreas silvestres por carreteras, erosionará el hábitat de las especies y provocará una actividad que alterará los ritmos y los patrones de migración de los animales.

Por lo pronto, la versión reducida del proyecto fue "saludada" por ConocoPhillips, que la considera como un "camino viable". Sin embargo, el Departamento del Interior, respopnsable de supervisar, gestionar y conservar las tierras de propiedad federal, además de administrar los programas vinculados con las poblaciones indígenas y sus territorios, ha declarado tener "importantes preocupaciones" sobre "las emisiones directas e indirectas de gas de efecto invernadero" que conllevaría la "alternativa privilegiada".