Un joven estuvo tres años y cinco meses preso en forma indebida y le ganó un juicio al Poder Judicial, que deberá pagarle más de $ 3 millones e intereses. El joven tenía 18 años al momento en que fue encarcelado y, según la pericia psiquiátrica realizada, padecía un “nivel mental clínicamente marginal con antecedentes psiquiátricos infantiles”, según consta en el fallo al que accedió El Observador.
El procesamiento había ocurrido en enero de 2017 y el delito tipificado fue incendio especialmente agravado por el resultado de muerte de una persona y lesión de varias. Lo terminaron absolviendo el 23 de junio de 2020.
Cuando se lo procesó –advierte la demanda que impulsó Fernando Posada, encargado del área legal de Baker Tilly Uruguay, a la que accedió El Observador– se hizo en base a dos declaraciones de un hombre apodado El Bombita quien dijo que vio al joven en cuestión y a otro hombre dirigirse a la casa de una de las víctimas a “tirar una bomba en venganza”. Sin embargo, la pelea había sido entre el otro hombre y la víctima, no con el joven afectado.
La madre de El Bombita declaró que ese día su hijo se había ido a acostar temprano, entonces la defensa del joven se preguntó cómo pudo haber visto lo que vio, si ese día estaba en su casa durmiendo. El testigo se fue a vivir a España dos semanas después de haber declarado y según la demanda “desapareció”. Pero incluso, antes de eso, había vuelto a declarar en sede judicial y dijo no haber visto cuando tiraron la bomba.
A su vez, la otra persona que sí tiró la bomba no sitúa al joven en el lugar. “¿Por qué las declaraciones contrarias de Bombita del 11 y 12 de enero de 2017 y su posterior huida a España dos semanas (después) fue tan determinante e influyente para el Poder Judicial?”, se pregunta la demanda.
La razón para procesarlo, según la Fiscalía, fue el testimonio de Bombita y el hecho de que mientras el joven alegaba haber estado en su casa, su familia lo negó.
Una vecina declaró que era un hombre al que se refirió por su primer nombre –que a la vez es el primer nombre de Bombita– quien “tiraba bombas todos los días”.
Por otra parte, en el escrito se hizo énfasis en que los tres años de reclusión de este joven sin antecedentes penales fueron en el Penal de Libertad, a la que señalaron como "la peor cárcel del país".
El juez de lo Contencioso Administrativo Carlos Aguirre condenó al Estado a pagarle al joven una indemnización de $2.500 diarios más intereses, alcanzando así los $3.142.500 totales más intereses. "El solo hecho de la privación de libertad importa daño emocional y psíquico, pues escapa a las condiciones naturales de desenvolvimiento y desarrollo del ser humano", valora el fallo.
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5o Turno confirmó la sentencia este año.
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