El 11 de mayo, el periodista Ignacio Álvarez sufrió un nuevo revés en la Justicia de familia. El Tribunal de Apelaciones de 2º Turno no hizo lugar a su reclamo respecto de las medidas restrictivas de acercamiento y comunicación con la denunciante de la violación en el Cordón, la hermana y una amiga de esta, informó La Diaria. Se fundamentó que su forma de actuar encuadraba en la descripción de violencia que hace la ley (19.580) de género.
Entre otros episodios que recogió la sentencia, a la que accedió El Observador, se destaca que el día 19 de febrero –luego de que hubiera pasado audios con contenido sexual en su programa–, Álvarez se comunicó con la hermana de la denunciante a través de su cuenta de Instagram. Le manifestó que tenía “una forma de ayudar a todos para que esto termine de la mejor manera”.
Se había contactado con la denunciante y su amiga el 31 de enero por Facebook, es decir, antes de emitir los audios con contenido sexual en su programa. Álvarez argumentó que su propósito era que la denunciante diera su versión de los hechos. Aseguró que su intención no fue revictimizarla, pero entendió que como iba a exponer una conversación con otra amiga que permitía deducir que la violación no había existido, "consideró que esto era oportuno para tender un puente". Se comprometió a cumplir con las medidas impuestas.
Consultado al respecto por El Observador, Álvarez indicó: "Como ya lo he dicho varias veces, más allá de que todo apunta a que no hubo violación, seguramente su denuncia se explique por un altercado que tuvieron al final de la noche y que llevó a los muchachos a amenazarla con viralizar lo filmado. Desde ese punto de vista, pensé entonces que si ella reconocía la verdad, podía ayudar a que no se culpara a inocentes por un delito que no cometieron, y al mismo tiempo entender que fruto de su temor a quedar escrachada públicamente les radicó la denuncia".
Un informe del equipo técnico del Poder Judicial realizó un informe sobre ella, quien en ese contexto señaló que se sintió muy mal por los mensajes y la llevaron a sufrir crisis de pánico intensas. “Agrega que los mensajes aumentaron su angustia y temor, en cuanto a que propiciaron un nivel mayor de exposición en relación al que ya se había verificado y que, con ello, se viera afectada su vida cotidiana y, en especial, su entorno familiar y que provocara efectos negativos en su trabajo”, sostuvo el documento.
En audiencia pidió que las medidas cautelares contra él se extiendan. “Ya bastante daño me hizo esta persona al difundir los audios y comunicarse con mi familia, particularmente con mi hermana. Yo quiero que Álvarez no me llame más ni me busque ni nada. Yo la denuncia la hice a raíz del mensaje que Álvarez le envió a mi hermana”, expresó.
El informe del Poder Judicial aconsejó prorrogar las medidas cautelares. El ministro Eduardo Cavalli argumentó: “El mensaje no puede ser considerado fuera de las circunstancias en que se generó. La divulgación del restante material periodístico, que incluye una grabación difundida sin autorización, no puede ser ignorada".
Aunque Álvarez la haya contactado inicialmente para ofrecerle la posibilidad de dar su versión, el tribunal entendió que "si no quiere comunicarse con él, no se puede amparar el agravio del periodista sobre su derecho a seguir comunicándose con quien ya no quiere hablar con él, pues por disposición legal, el Estado uruguayo prioriza el derecho humano de la mujer a vivir una vida libre de violencia, es decir, a no tener que soportar actos que considera violentos, más allá de la intención del otro".
Ignacio Álvarez está siendo investigado por la difusión de audios con contenido sexual sin el consentimiento de todas las partes. Los reprodujo en Azul FM porque entendió que indicaban que lo que se presentó como una denuncia de violación grupal había sido sexo consentido.
La fiscal del caso, Mariana Alfaro, pidió allanar la radio, lo que fue autorizado por la jueza Patricia Rodríguez. Cosecharon críticas de diversas agrupaciones a favor de la libertad de prensa y luego el fiscal de Corte, Juan Gómez, reconoció que se había tratado de un error.
Álvarez calificó la decisión judicial como "peligrosa" y que atentó "contra la libertad de prensa y el derecho de todos ustedes a estar informados". Esa fue la razón por la que no entregó su celular, aclaró, y explicó que recurrirá la sentencia.
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