La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua inhabilitó de forma definitiva a 25 abogados, entre ellos al escritor Sergio Ramírez y a la defensora de los Derechos Humanos Vilma Núñez, con el argumento de que son “traidores a la patria”.
El alto tribunal decidió anular los títulos de abogado y notario público a los 25 juristas, a quienes les ordenó además entregar sus títulos, protocolos respectivos, sello, y carnet de jurista en 24 horas, "bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciese", pese a que la mayoría fueron expulsados a los Estados Unidos o residen en el exilio.
Un total de 15 abogados forma parte de un grupo de 222 opositores que el gobierno del presidente sandinista Daniel Ortega decidió excarcelar y enviar a Washington el 9 de febrero, mientras los restantes 10, entre ellos el escritor Ramírez, forman parte de 94 personas sancionadas pocos días después.
La CSJ añadió que, según la legislación, "estas personas no pueden ostentar el título, ni ejercer, ya que perdieron el derecho en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”.
El 9 de febrero, el gobierno de Ortega liberó y expulsó a los Estados Unidos a 222 opositores presos y la justicia los despojó de su nacionalidad y derechos políticos, los declaró “traidores a la patria” y los inhabilitó para ejercer cargos públicos.
Pocos días después, la justicia declaró "traidores a la patria" a 94 opositores y también los despojó de su nacionalidad e inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos, al tiempo que anunció la confiscación de sus bienes.
Todas los sancionados habían sido acusados de cometer “actos que menoscabaron la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo” e incitar a la violencia y el terrorismo en el marco de unas protestas que en 2018 generaron una crisis política y social.
Además del escritor Ramírez, quien fue vicepresidente durante el primer gobierno sandinista (1985-1990), y la defensora Núñez, los magistrados judiciales inhabilitaron a su excolega Rafael Solís, al exvicecanciller José Pallais y al exembajador sandinista en la OEA Edgard Parrales.
Fueron alcanzados también por la decisión judicial los defensores de Derechos Humanos María Oviedo, Gonzalo Carrión y Álvaro Leiva; los políticos opositores Ana Margarita Vigil, Eliseo Nuñez, Noel Vidaurre y Héctor Mairena; la activista Mónica López Baltodano; el jurista Uriel Pineda, y Roger Reyes, defensor del exaspirante a candidato presidencial Félix Maradiaga.
También fueron sancionados el antiguo portavoz de la Corte Suprema Roberto Larios, y tres ex asesores del Poder judicial, Moisés Astorga y los hermanos María José y Hans Camacho Chévez, entre otros afectados por el fallo de la Corte Suprema.
(Con información de agencias)
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