La izquierda polaca, con mayoría legislativa, propone revertir restricciones sobre el derecho al aborto

Las iniciativas, que proponen que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) esté completamente despenalizada hasta la duodécima semana de gestación, llegan luego que el presidente, Andrzej Duda, encargara al primer ministro saliente, Mateusz Morawiecki, formar nuevo gobierno, después que el PiS ganara las legislativas del mes pasado sin alcanzar la mayoría parlamentaria.

Polonia está considerado uno de los países de la Unión Europea (UE) con leyes más restrictivas en materia de aborto, y su legislación se endureció en 2020 con una sentencia del Tribunal Constitucional que ilegalizó dicha práctica en caso de malformación del feto en un contexto en el que las organizaciones de Derechos Humanos han advertido un repunte de las denuncias penales contra las mujeres y el personal médico.

La izquierda aspira a capitalizar el resultado de la elección y la aparente falta de mayoría del partido nacionalista PiS para revertir algunas de las medidas de los últimos años.

Mientras tanto espera que el ex primer ministro Donald Tusk (2007-2014), líder de la Coalición Cívica, pueda retomar el cargo y analiza cómo encajan temas sociales como el aborto dentro de la posible futura coalición de gobierno, integrada también por el centrista Tercera Vía y Nueva Izquierda, frente que dispone de 248 escaños en el Parlamento, sobre un total de 460.

Es por ello que la diputada Anna Maria Zukowska, de Nueva Izquierda, presentó ya dos proyectos con los que quiere, por un lado, consagrar el derecho a la IVE hasta la semana 12 y en circunstancias graves en etapas posteriores; y otro lado garantizar la asistencia sanitaria y que no se persiga al personal médico que lo practique.

Polonia, una nación mayoritariamente católica, pasó de ser en 1932 el primer país en legalizar el aborto por violación en Europa a tener una de las legislaciones de IVE más restrictivas del continente, siendo legal sólo en caso de riesgo de la vida materna o por violación. Y si bien la ley no considera delito practicarse a sí mismo una IVE o disponer de pastillas para un aborto autogestionado, castiga con hasta tres años de prisión a cualquier persona o profesional que ayude a efectuarla por fuera de estos dos causales.

Según los analistas locales, la victoria de los partidos de la oposición en las legislativas de octubre último podría desembocar en un giro importante en las políticas estatales en temas sociales, como el aborto, el matrimonio entre personas de un mismo sexo y la postura oficial sobre el movimiento LGTB+.

De hecho, cuando el presidente polaco ratificó con su firma en 2021 la restrictiva reforma al aborto, se sucedieron protestas multitudinarias durante semanas, pese a las restricciones impuestas entonces por la pandemia.

(Con información de agencias)