La creación de una regla fiscal ocupa el primer lugar en el capítulo sobre Economía del anteproyecto de ley de urgente consideración a estudio del gobierno electo. En los papeles el instrumento está pensado para ajustar el gasto público al ciclo económico y evitar tentaciones.
Es también una de las primeras señales concretas que da el gobierno de Luis Lacalle Pou en dirección a la nueva institucionalidad fiscal que se plantea desarrollar. ¿Cómo se lee este paso desde las calificadoras de riesgo?
Consultado por El Observador, el analista de la agencia Fitch Ratings, Todd Martínez explicó que una regla fiscal no representa un plan de consolidación fiscal en sí, sino una herramienta para lograrlo. “Vemos la regla fiscal propuesta como una buena señal de su compromiso a una corrección fiscal enfocada en revertir la tendencia creciente del gasto. Pero más importante será su plan para lograrla, y el presupuesto quinquenal nos dará una mejor idea”, expresó Martínez.
“Podría ser desafiante: la rigidez presupuestaria del país limita espacio para recortes, la inversión ya está un niveles muy bajos, y una reforma previsional probablemente no rendirá muchos ahorros en el corto plazo como ha sido el caso en otros países”, apuntó.
La calificadora, que ratificó en junio pasado la nota de Uruguay con la mínima calificación del grado inversor en BBB- con perspectiva negativa, considera que el país necesita un ajuste fiscal superior a 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) (unos US$ 1.500 millones) para lograr estabilizar la deuda pública.
Por su parte, el vicepresidente adjunto de la agencia Moody´s Renzo Merino recordó que dentro de las consideraciones que informaron la decisión de mantener la perspectiva estable sobre la calificación de Baa2 de Uruguay en agosto del 2019, uno de los temas fue las medidas que podría tomar la próxima administración para fortalecer el marco institucional de la política fiscal. Esto comprendería la implementación de reglas fiscales.
Consultado por El Observador, Merino dijo que para Moody’s será importante conocer el diseño final de la regla fiscal, más allá de lo que se menciona en el anteproyecto de ley.
Por otro lado, marcó como positivo que además del foco en los resultados fiscales en materia del balance estructural, se complemente con una regla adicional de tope al crecimiento del gasto. “Existe un desafío para las autoridades, ya que en Uruguay una gran proporción de los gastos están indexados o predeterminados por ley, por lo que esperamos ver qué otras medidas de consolidación fiscal implementará la próxima administración”, apuntó.
“Para propósitos de la calificación lo principal será observar los resultados fiscales bajo el nuevo marco de estas reglas y el cumplimiento de las metas. Estimamos que el déficit del gobierno central consolidado, excluyendo las transferencias por el tema de los cincuentones, terminó el 2019 cercano a 4% del PIB (el dato se publicará la semana entrante). Esto marca un deterioro de las cuentas fiscales, que en un contexto de bajo crecimiento económico hará difícil el ajuste fiscal este año”, añadió Merino.
La utilización de una regla fiscal es un paso necesario reclamado hace tiempo por distintos economistas y académicos, en la medida que esté bien diseñado. A lo largo del tiempo el manejo responsable de las finanzas ha sido una deuda histórica de los gobernantes, cualquiera sea el partido de turno en el poder.
Hasta ahora el sistema político no ha sido capaz de encontrar la fórmula que posibilite el ahorro de excedentes en el sector público para evitar que el país tenga que hacer frente de forma repetida a desequilibrios fiscales, tanto en los buenos como en los malos momentos de los ciclos económicos. Desde la restauración democrática, solo en un año (1991) el gobierno gastó menos de lo que le ingresó. Pero si se pasa raya a la totalidad de cada período de gobierno, todos terminaron en números rojos.
En diálogo con El Observador, el economista de CPA Ferrere, Germán Deagosto explicó que del diagnóstico sobre la situación fiscal se desprendía que era necesario desplegar varias acciones para atender el nivel y la trayectoria del déficit: un ajuste corriente (corto plazo), una regla fiscal (el límite nominal para el aumento de la deuda pública que establece la Ley 17.947 no ha logrado disciplinar la política fiscal) y una reforma de la seguridad social (mediano y largo plazo).
“Dado que lo primero es materia presupuestal, entendemos que los otros dos puntos están recogidos dentro del contenido (creación de una comisión de expertos en seguridad social e introducción de una regla) y por ende constituyen una buena señal que va en línea con las advertencias de las calificadoras”, afirmó.
De todas maneras, Deagosto consideró que todavía falta información para poder analizar en detalle el diseño de la regla. En ese sentido, explicó que en Uruguay la capacidad estabilizadora de la política monetaria está limitada por el grado de dolarización y una regla fiscal muy rígida podría restarle flexibilidad a la política macroeconómica ante shocks externos.
“La regla debería ser simple para que sea comprensible y creíble y debería contemplar cláusulas de escape para no introducir rigideces excesivas. En suma, cuando pensamos en una regla fiscal para Uruguay enfrentamos un dilema entre flexible y credibilidad”, apuntó Deagosto.
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