Mundo > “DISGUSTO ACUMULADO”
Las redes sociales le dan fuerza a la protesta social contra la megaminería en Panamá
La que a simple vista parece un contrasentido no lo es. La juventud urbana cobró un protagonismo pocas veces visto en la historia del país. Bajo la consigna “Sal de las Redes Panamá”, decenas de miles de estudiantes y trabajadores se volcaron a las calles para reclamar la anulación de un polémico contrato firmado por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo con la compañía canadiense Firts Quantum Minerals (FQM).
La minera exporta desde Puerto Colón cada año unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre que extrae en los yacimientos de Cerro Colorado y Donoso, en la caribeña provincia de Colón, donde está ubicada la gigantesca mina a cielo abierto, la más grande de Centroamérica, a unos 240 kilómetros de la capital del país.
Las protestas diarias, duramente reprimidas por el gobierno, comenzaron hace ocho días, horas después que el mandatario promulgara una ley sancionada por el Congreso que otorga luz verde a la concesión operada por FQM desde 2019 para explotar la mina por 20 años prorrogables a otros 20. Reclamos que se intensificaron este fin de semana con la llegada a Puerto Colón de decenas de lanchas con jóvenes, que partieron por mar hace más de una semana desde distintos puntos del país.
El reclamo “representa una amenaza significativa para nuestras operaciones y la seguridad de nuestro personal”, sostiene la compañía en referencia a las decenas de pequeñas embarcaciones que alzando banderas panameñas se aproximaron al muelle de FQM. La compañía “condena el intento ilegal y violento que está ocurriendo en estos momentos, cuando embarcaciones no autorizadas con personas sin autorización están ingresando al Puerto Internacional de Punta Rincón”, dice la empresa.
En un intento por detener las protestas, Cortizo anunció el viernes último una prohibición a nuevas concesiones de minería metálica, pero mantuvo el contrato con la canadiense, lo que no impidió que los ambientalistas se autoconvocaran nuevamente mediante las redes sociales en el marco de un reclamo del que inicialmente participaban principalmente trabajadores del poderoso sindicato de la construcción, pero al que se fueron sumando maestros, ambientalistas, estudiantes, médicos, religiosos, transportistas y empleados de otros sectores.
El reclamo quedó desde entonces en el centro de la agenda política y social del país. Durante ya más de una semana se vienen registrando bloqueos de calles en la capital y otras ciudades, incluida en la Carretera Interamericana, que comunica Panamá con el resto de Centroamérica. Las clases, además, estuvieron suspendidas varios días, y en algunas zonas se registraron reiterados choques entre policías y manifestantes.
El gobierno defiende el contrato argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por unos US$ 375 millones, diez veces el monto del acuerdo inicial. Además, sostiene que la compañía genera 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aporta el 4% del Producto Bruto Interno (PBI) a la economía del país, muy dependiente de los ingresos que obtiene por el tránsito de los buques a través del Canal de Panamá.
Según los analistas locales, las exigencias de los manifestantes exceden la cuestión ambiental. “Hay un desgaste de las instituciones y una ruptura con los actores que ejercen la representación política”, dice Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Para el sociólogo Danilo Toro, la minera fue el “gatillo de un disgusto acumulado” por el costo de la vida y otros problemas sociales. “El país corre el riesgo de una explosión social”, agrega Toro.
Por lo pronto, el acuerdo, que llevó una larga negociación después que la Corte Suprema de Justicia declarara en 2017 inconstitucional el contrato original porque se hizo sin licitación, dio pie a que los manifestantes levanten pancartas y consignas contra la “corrupción”, exijan reformas sociales y aumentos salariales en diversos sectores de la actividad económica; además de la derogación de la norma y, en algunos casos, la paralización de todo tipo de concesión minera mientras rija una moratoria.
“Hay 15 concesiones de minería y 103 solicitudes de exploración y explotación, lo que nos preocupa, porque está claro que la actividad no es sostenible”, opina José Isaac González, del grupo cívico juvenil Sal de las Redes. Incluso la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura pide la revisión del código de minería y un “monitoreo y control estricto” de las concesiones. “Solicitamos al gobierno urgentemente una moratoria inmediata de nuevas concesiones mineras”, señaló este fin de semana la entidad empresarial.
También la Universidad de Panamá pide la revocatoria de la aprobación del contrato con FQM aprobado por el legislativo. Mediante un comunicado, la casa de altos estudios exigió al gobierno la convocatoria a un referéndum nacional en el que se decida si continuar con la actividad a cielo abierto en el país.
La empresa, que también opera en Europa, América del Sur y África, se comprometió a realizar inversiones millonarias en las comunidades cercanas a la mina. “No haber hecho una licitación es un error que ya se cometió. Cerrarla sería una mala decisión, excesivamente costosa”, evalúa el economista Felipe Chapman.
El consenso entre los juristas locales advierte que un cierre llevaría a Panamá a tener que responder una demanda por parte de FQM en tribunales internacionales.
Según el ministro de Gobierno, Federico Alvaro, con las regalías “se aumentarán las pensiones y los aportes a la seguridad social”. El gobierno, sin embargo, enfatiza que los recursos son cruciales para el presupuesto estatal y asegurar la creación de puestos de trabajo.
“Es nefasto que una de las actividades más destructivas y contaminantes se desarrolle en un país pequeño que en una hora conecta dos océanos a través de sus ríos y bosques tropicales”, afirma la ambientalista Raisa Banfield.
“Se están destruyendo miles de hectáreas, cerros, montañas; incluso ríos, que se están convirtiendo en el lavadero de la industria”, destaca la militante con relación a los depósitos de minerales, localizados en áreas de importante de biodiversidad, como el Corredor Biológico Mesoamericano.
“Este proyecto abre una brecha en el corredor que tendrá impacto sobre la conectividad ecológica entre América del Norte y del Sur”, advierte George Hanily, director de la Asociación Nacional de Conservación (ANCON).
Lilian González, del Centro de Incidencia Ambiental, asegura que la solución está en una “derogatoria” por parte del Congreso a petición del Ejecutivo. De lo contrario, la salida del conflicto quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia, ante la que se presentaron varias demandas contra la norma, algunas de las cuales abogan por medidas cautelares que suspendan los efectos del contrato.
César Ruiloba, expresidente del Colegio de Abogados, opina que el máximo tribunal puede dirimir la cuestión desde el punto de vista legal, pero al igual que otros especialistas en el área del derecho enfatiza que “la solución debe ser política”, y que sería un error que el gobierno apostara al desgaste de la protesta.
(Con información de AFP)
