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Ley de urgencia incluye un tema que fue rechazado en plebiscito de Larrañaga
Poco tiempo después de que Jorge Larrañaga anunciara que iba a impulsar un plebiscito de reforma constitucional sobre cuatros aspectos vinculados a la seguridad pública, Luis Lacalle Pou –quien por ese entonces competía con Larrañaga hacia las elecciones internas del Partido Nacional– aseguró que no iba a apoyar la campaña llamada “Vivir sin miedo”.
"Yo no voy a firmar", dijo Lacalle Pou durante una recorrida por Artigas en mayo de 2018. El por entonces senador argumentaba que acompañaba algunas de las iniciativas planteadas en la reforma pero no la forma en la que se proponía impulsarlas. “El tema puntual es que si hoy se está incendiando una casa, nosotros no podemos llamar a los bomberos para dentro de dos años. Hay que cambiar el gobierno y decir que a la delincuencia se le está acabando el recreo", manifestó en esa oportunidad.
Casi dos años después de que Larrañaga lograra juntar las firmas necesarias para llevar adelante el plebiscito, que fracasó en las elecciones nacionales de octubre de 2019, el proyecto de ley de urgente consideración dado a conocer por el nuevo gobierno posee algunos artículos que se vinculan con parte de lo que planteaba la reforma.
El presidente electo había anunciado a mediados de diciembre que el proyecto de urgente consideración iba a contener artículos no “exactamente con la misma redacción” que los de la reforma, pero “temas vinculados sí”.
La “vinculación” con la reforma que obtuvo 47% de votos en las elecciones nacionales responde al cumplimiento efectivo de las penas, una de las cuatro medidas planteadas por Larrañaga en el plebiscito. El texto de la reforma constitucional proponía que en casos de violación, abuso sexual, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio agravado, trata de personas o delitos de estupefacientes no fuera posible solicitar la libertad anticipada.
Tampoco permitía a los culpables de esos delitos gozar de libertad vigilada “ni ningún otro beneficio liberatorio o sustitutivo de la privación de libertad”.
El proyecto de ley de urgente consideración plantea la derogación de la suspensión condicional del proceso, prevista en el Código del Proceso Penal. Esa figura habilita a los fiscales a solicitar a la Justicia que se suspenda el proceso al que está siendo sometido un presunto delincuente “a cambio de condiciones u obligaciones” y puede aplicarse en los casos en los que “no exista interés público en la persecución y cuando la gravedad de la culpabilidad no se oponga a ello”.
Para los mayores de 15 años y menores de 18 años el texto elaborado por el futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés prevé medidas que impidan en ciertos casos que el adolescente quede libre mientras es investigado. Según el proyecto, en delitos graves cometidos por adolescentes el fiscal podrá pedir que se los prive de libertad de manera cautelar y sin posibilidad de salir hasta el dictado de la sentencia definitiva. A su vez, las medidas privativas de libertad tendrán una duración “no inferior a los dos años” si se aprueba ese artículo tal como fue redactado.
Según el proyecto del gobierno entrante, el infractor podrá solicitar la libertad anticipada solamente cuando su sentencia de condena haya quedado firme “siempre y cuando haya cumplido efectivamente el mínimo de privación de libertad”, es decir dos años. Actualmente el plazo mínimo que deben cumplir los menores que cometen delitos gravísimos es de un año de encierro.
En el caso de los adultos, el proyecto de ley de urgente consideración plantea la restricción de los procesos abreviados y en los casos donde sí los acepta también incluye una disposición que recuerda al cumplimiento efectivo de las penas propuesto por Larrañaga. El documento señala que en procesos abreviados “el imputado deberá cumplir de manera efectiva y en todos los términos el acuerdo alcanzado con la Fiscalía”.
El proceso abreviado permite a los delincuentes llegar a un acuerdo con la fiscalía para cumplir una pena reducida a cambio de que se declaren culpables y así evitar la realización del juicio por lo que salen con sentencia de condena de la audiencia.
La reforma de Larrañaga también planteaba habilitar los allanamientos nocturnos, crear una Guardia Nacional formada por hasta 2.000 militares para colaborar con la policía y que en casos de violación, abuso sexual y homicidio a menores se habilitara la cadena perpetua revisable. Ninguno de esos puntos fue incluido dentro del proyecto de ley de urgente consideración. El texto sí endurece las penas para casos de narcotráfico, violación y abuso sexual, en casos de agresión o robos de armas a policías.
Fiscales se reunirán con Lacalle Pou
