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Ley urgente: el “inicio” de las “reformas estructurales” del gobierno de Lacalle Pou
“Mover perillas para que el gobierno comience a andar”, fue el concepto que utilizó Luis Lacalle Pou en diciembre para explicar por qué consideraba importante iniciar su gestión enviando al Parlamento una ley ómnibus de urgente consideración.
Tras varios meses de trabajo en absoluta reserva, el presidente electo presentará este miércoles el borrador de 457 artículos elaborado por Rodrigo Ferrés (futuro prosecretario de la Presidencia) a los socios de la coalición.
El futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo este martes en una entrevista en el programa En Perspectiva que el texto significaba el “inicio” de las “reformas estructurales” que no son “necesariamente urgentes” del gobierno de Lacalle Pou.
La cumbre, que comenzará a las 10 de la mañana en la sede de Todos, reunirá por primera vez en la misma mesa a Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente), luego de varias diferencias –algunas públicas– que tuvieron entre ellos, sobre todo durante la campaña electoral. Del encuentro, también participará la vicepresidenta electa Beatriz Argimón en su calidad de presidenta del directorio del Partido Nacional.
La intención de Lacalle Pou es presentarle a sus socios los principales aspectos del proyecto, y que los líderes se lleven el texto completo para que sus equipos técnicos lo analicen y propongan los cambios que consideren necesarios.
Delgado señaló en rueda de prensa que daban por descontado que tendrá ajustes y que esperan que haya un “intercambio importante de opiniones” con los socios.
La ley ómnibus es el único tema en la agenda oficial, aunque hay varios asuntos que debido a su urgencia también podrían ser tratados como la utilización del lema Partido Independiente para competirle al Frente Amplio en Montevideo.
Entre los 457 artículos, hay capítulos destinados a seguridad, educación, empleo, economía y medio ambiente. Otros artículos, que implican un incremento presupuestal o deben ser votados por mayorías especiales serán enviados por fuera del proyecto.
Lacalle Pou también maneja utilizar la rendición de cuentas de 2019, que debe ser aprobada en mayo, para darle financiamiento a algunas de las iniciativas aprobadas y no esperar hasta el Presupuesto de 2021.
A pesar de que la redacción ha sido realizada en reserva, ya se conocen algunos artículos que formarán parte del proyecto. En seguridad, uno de ellos está destinado al fortalecimiento de la tarea de la policía a través de cambios en la legítima defensa, que también se extenderá a los establecimientos rurales.
Otro artículo propondrá la ley de derribos aéreos, aunque también habrá otros que harán hincapié en el fortalecimiento de las comisarías, las cuales los blancos consideran que fueron “vaciadas” durante la gestión del ministro Eduardo Bonomi.
El gobierno electo además anunció que incluirá propuestas para combatir el abigeato, una de las obsesiones del designado ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, y modificaciones al Código del Proceso Penal, vigente desde noviembre de 2017 y con algunos inconvenientes en su implementación.
En materia educativa, se planteará eliminar la exigencia de 10 años de experiencia para integrar órganos de gobierno de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública). De esa forma, podrán ingresar a la conducción de la enseñanza personas que no tienen trayectoria en la educación estatal y varios nombres están vinculados a Eduy21, una organización muy criticada por los sindicatos.
Un capítulo del proyecto estará destinado a la creación del Ministerio de Medio Ambiente, una propuesta que forma parte del “Compromiso por el país”. Esta creación supondrá una reubicación de funcionarios y de recursos presupuestales que hoy están radicados básicamente en el Mvotma, en cuya órbita funciona la Dinama.
Otro artículo incluirá la creación de un Consejo Técnico de carácter permanente que se encargará de suministrar estudios técnicos, indicadores y análisis de los datos relevantes para la negociación colectiva.
También habrá propuestas para darle independencia técnica y mayor autonomía a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Una de las propuestas será la creación de una regla fiscal de balance estructural, la cual deberá ser diseñada y puesta progresivamente en funcionamiento.
El texto también tendrá una modificación a los artículos de la ley de inclusión financiera, los cuales obligan a que los pagos y transacciones sean a través de un sistema de intermediación, como un banco. El proyecto convertirá al régimen en optativo.
Además, supondrá la creación de una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, que se vinculará a la Auditoría Interna y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y funcionará en Presidencia de la República.
