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Lo sensato es olvidar el avión
El Poder Ejecutivo se equivocó al recurrir a su propia Fiscalía de Gobierno para obtener un dictamen contrario al del TCR
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16 de enero de 2017 a las 08:15
La gravedad del revuelo creado por la compra de un avión presidencial no radica en si se justifica o no gastar US$ 1 millón en una aeronave pequeña para viajes oficiales sino en otros dos aspectos. Uno es la inoportunidad de la operación, en momentos en que la opinión pública está adversamente sensibilizada por la sucesión de ajustes fiscales y la percepción popular de que el gobierno no cumple la prometida disciplina en el gasto público. El otro, mucho más serio, es que el descarte reiterado de los fallos del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) soslaya la estructura institucional.
El Poder Ejecutivo se equivocó al recurrir a su propia Fiscalía de Gobierno para obtener un dictamen contrario al del TCR, cuya función específica es asegurar que todo gasto público cumpla estrictamente las normas legales vigentes. La letrada de la Fiscalía, María Inés da Rosa, cayó incluso en un exceso derogatorio al calificar de "irracional y antijurídica" la conclusión del TCR, posición en la que se basó la reiteración del gasto por el gobierno.
El TCR, sin embargo, fundamentó sus objeciones en la forma en que se hizo la licitación. El líder colorado Pedro Bordaberry calificó la operación de insensible e ilegal porque estuvo dirigida a comprarle el avión a un solo oferente que ronda con la venta desde hace largos meses.
Bordaberry no fue el único crítico. De especial pertinencia fueron los comentarios del senador Pablo Mieres. El líder del Partido Independiente enfatizó que "el gobierno quiso transmitir la impresión de que el fiscal corrigió lo resuelto por el TCR", cuyas observaciones en dos oportunidades, sin embargo, "siguen firmes" porque "el fiscal es un funcionario designado por el presidente, que no puede enmendarle la plana al tribunal". Agregó que el presidente Tabaré Vázquez "parece encaprichado con el avioncito", en "una especie de antojo" que "con el déficit que hay, es una bofetada a la gente". El dirigente nacionalista Luis Lacalle Pou denunció que el caso es "agravado por amiguismo". Y hasta un dirigente de la Unidad Popular de extrema izquierda, Gonzalo Abella, lo calificó de "señal aristocrática del gobierno".
La última palabra no está dicha. La decisión de Vázquez de reiterar el gasto vuelve ahora al TCR, que presumiblemente mantendrá sus observaciones al procedimiento. En ese caso el tema será laudado en una votación de la Asamblea General, donde al gobierno no le será fácil asegurar mayoría aprobatoria dadas las proporciones de escandalete político que ha asumido el ajetreado avión.
El camino más sensato para calmarlo y evitar una fuente de desprestigio gubernamental es que Vázquez deponga su insistencia en la compra de la aeronave, sin esperar a una nueva decisión del TCR y a una sesión seguramente borrascosa de la Asamblea General.
El TCR es responsable de comprobar la observancia impecable de los procedimientos que se aplican al gasto estatal, aunque carece absurdamente de poder punitorio cuando no se cumplen.
Por ese motivo, el presidente todavía puede llegar a salirse con la suya. Pero se prestigiaría aceptando el dictamen del TCR, en vez de insistir en un gasto que, aunque comparativamente menor y que puede justificarse en el momento adecuado, no corresponde en medio de las actuales apreturas financieras del país, que pagan toda la población y el aparato productivo con más impuestos y tarifas infladas.
El Poder Ejecutivo se equivocó al recurrir a su propia Fiscalía de Gobierno para obtener un dictamen contrario al del TCR, cuya función específica es asegurar que todo gasto público cumpla estrictamente las normas legales vigentes. La letrada de la Fiscalía, María Inés da Rosa, cayó incluso en un exceso derogatorio al calificar de "irracional y antijurídica" la conclusión del TCR, posición en la que se basó la reiteración del gasto por el gobierno.
El TCR, sin embargo, fundamentó sus objeciones en la forma en que se hizo la licitación. El líder colorado Pedro Bordaberry calificó la operación de insensible e ilegal porque estuvo dirigida a comprarle el avión a un solo oferente que ronda con la venta desde hace largos meses.
Bordaberry no fue el único crítico. De especial pertinencia fueron los comentarios del senador Pablo Mieres. El líder del Partido Independiente enfatizó que "el gobierno quiso transmitir la impresión de que el fiscal corrigió lo resuelto por el TCR", cuyas observaciones en dos oportunidades, sin embargo, "siguen firmes" porque "el fiscal es un funcionario designado por el presidente, que no puede enmendarle la plana al tribunal". Agregó que el presidente Tabaré Vázquez "parece encaprichado con el avioncito", en "una especie de antojo" que "con el déficit que hay, es una bofetada a la gente". El dirigente nacionalista Luis Lacalle Pou denunció que el caso es "agravado por amiguismo". Y hasta un dirigente de la Unidad Popular de extrema izquierda, Gonzalo Abella, lo calificó de "señal aristocrática del gobierno".
La última palabra no está dicha. La decisión de Vázquez de reiterar el gasto vuelve ahora al TCR, que presumiblemente mantendrá sus observaciones al procedimiento. En ese caso el tema será laudado en una votación de la Asamblea General, donde al gobierno no le será fácil asegurar mayoría aprobatoria dadas las proporciones de escandalete político que ha asumido el ajetreado avión.
El camino más sensato para calmarlo y evitar una fuente de desprestigio gubernamental es que Vázquez deponga su insistencia en la compra de la aeronave, sin esperar a una nueva decisión del TCR y a una sesión seguramente borrascosa de la Asamblea General.
El TCR es responsable de comprobar la observancia impecable de los procedimientos que se aplican al gasto estatal, aunque carece absurdamente de poder punitorio cuando no se cumplen.
Por ese motivo, el presidente todavía puede llegar a salirse con la suya. Pero se prestigiaría aceptando el dictamen del TCR, en vez de insistir en un gasto que, aunque comparativamente menor y que puede justificarse en el momento adecuado, no corresponde en medio de las actuales apreturas financieras del país, que pagan toda la población y el aparato productivo con más impuestos y tarifas infladas.
